Un brote variado y amplio de críticas y manifestaciones de descontento se levantó casi de manera simultánea a la presentación de la propuesta que preparó el Gobierno para iniciar negociaciones de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que las autoridades consideran crítico para estabilizar las finanzas públicas del país.
Organizaciones sindicales, sociales, empresariales y casi todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa expresaron el rechazo a un planteamiento que se ofrece como un nuevo ajuste fiscal después de las reformas legales aprobadas en 2018, ante los efectos graves de la pandemia sobre las finanzas estatales.
Por el fuerte peso que en la propuesta tiene el incremento de impuesto y la creación de nuevos gravámenes, sectores organizados coinciden en considerarla inaceptable, lo que presiona aún más a los diputados y reducen al mínimo, si no a cero, la viabilidad política de esos planteamientos.
La bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) la más grande del Congreso y determinante en la aprobación de la reforma fiscal a finales del 2018, tardó solo 24 horas en emitir un comunicado que rechaza la posibilidad de aprobación para los proyectos presentados el jueves 17 de setiembre por el ministro de Hacienda, Elian Villegas; la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.
“El evidente desbalance existente en la naturaleza de las medidas planteadas se agrava aún más ante la ausencia de propuestas para la reactivación económica”, decía el comunicado del PLN emitido después de varias horas en que varios diputados se habían manifestado poco a poco en contra.
Criticaba que el 80% de la propuesta se basaba en nuevos tributos y solo el 20% en las medidas de austeridad que exige la oposición, aunque no cerró del todo la puerta a algún alza en tributos.
El comunicado adverso al Gobierno salió a pesar de la posición del expresidente Óscar Arias proclive a nuevos impuestos como camino inevitable ante el desplome de las finanzas durante la pandemia, al llamado de negociación que hizo la exmandataria Laura Chinchilla y al papel que algunos diputados atribuyen en esa propuesta al exministro Rodrigo Arias.
Horas después, antes del amanecer el sábado, la bancada de Restauración Nacional que ha fundido de manera cercana al Gobierno también quiso dejar clara su posición: “no más impuestos”, la frase que ya se había convertido en consigna en las redes sociales, en comentarios de analistas ligados a partidos políticos y en la síntesis de numerosos comunicados de prensa de distintos grupos empresariales que en esta ocasión calzan en lo esencial con el dirigente sindical Albino Vargas, por ejemplo.
“Acogiendo el sentir del pueblo costarricense, no veo ambiente en la Asamblea Legislativa para aprobar nuevos impuestos sobre la espalda de los que llevan una carga de por sí pesada por los impuestos”, había dicho horas antes Eduardo Cruickshank, diputado del PRN y presidente legislativo.
Ese “sentir del pueblo costarricense” cobra más sentido conforme se acerca la campaña electoral para elegir nuevo Presidente y nuevos diputados, la cual comenzará de manera oficial dentro de casi un año, pero que ya condiciona los movimientos de las relaciones dentro de los partidos políticos y las de estos con otros actores de poder.
Ese “pueblo costarricense” es el que apoya lo mínimo al gobierno de Alvarado, el que expresa que el desempleo es el principal problema del país por encima de la pandemia de COVID-19 y que rechaza en su gran mayoría nuevos impuestos a personas asalariadas, independientemente del monto de su salario, según una encuesta publicada este lunes 21 de setiembre por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) de las universidades públicas.
Al rechazo de los impuestos se suman representaciones de los gobiernos locales, organizaciones religiosas, colegios profesionales y académicos de distintos ángulos ideológicos, a pesar de la insistencia del Ejecutivo en calificar como “balanceada” esta propuesta.
“Es desproporcional”, calificó Olman Segura, director del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), pues implica un golpe duro a la clase media y empresarial costarricense y, además, parece imposible discutir la propuesta y analizarla en corto tiempo, informó la UNA en un comunicado.
En defensa del Gobierno salió su fracción legislativa, que poco arrastre puede tener con sus 10 diputados frente a 47 de oposición con posiciones variadas en un contexto de difícil negociación por el debilitamiento de liderazgos en las agrupaciones.
El ministro Villegas insiste en que la propuesta no está escrita en piedra, que está sujeta a cambios posibles sobre la base del documento presentado. Pero las reacciones sugieren que no bastarían leves variantes, sino un replanteamiento que complicaría las metas financieras fijadas por el Ejecutivo como oferta ante el FMI.
Esas metas son ambiciosas, calificó el exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez, considerando que se plantea tener un superávit en 2022 que implicaría mejorar las finanzas en casi cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, el Gobierno podría negociar con el FMI sin que esté garantizada la viabilidad política, con el riesgo de que después se incumplan las metas y se deteriore más la confianza que tienen los actores económicos internacionales sobre la capacidad de Costa Rica para alcanzar acuerdos y cumplir objetivos.
Comentó como especialmente fuerte la propuesta de triplicar el impuesto actual a los bienes inmuebles, aunque mencionó la posibilidad de que el Gobierno haya hecho un planteamiento deliberadamente fuerte para negociar a partir de él y obtener solo una parte.
El Ejecutivo también maneja el factor electoral, como insinuó el mandatario Alvarado en uno de sus discursos de conmemoración de los 199 años de la Independencia, al afirmar que su intención de dejar una situación manejable para su sucesor en 2022, a quien le correspondería ejecutar buena parte de los compromisos de un eventual acuerdo con el FMI.
PAC se une en respaldo a negociación con el FMI
Pese a la tradición de divergencias internas manifestadas, las instancias formales del Partido Acción Ciudadana (PAC) respaldan ahora al Gobierno en el proceso de una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “como mecanismo urgente de llevar recursos al Estado en el cortísimo plazo”.
La fracción legislativa, la Comisión Política, y el Comité Ejecutivo Nacional del PAC salieron al paso de las abundantes críticas a la propuesta del gobierno centrada en aumentos de impuestos. En un comunicado conjunto dijeron que los esfuerzos hechos hasta ahora para mejorar las finanzas públicas “se tornan insuficientes frente a la grave desaceleración de la economía provocada por el COVID-19”.
“Comprendemos las reservas y preocupación de diferentes sectores en relación con los alcances y efectos de las medidas que se incluirán en el acuerdo con el FM y específicamente sobre las personas cuyas finanzas familiares se han visto fuertemente afectadas”, dice el comunicado antes de asegurar que el partido vigilará que el mayor peso de las nuevas medidas caigan sobre los sectores que mejor pueden soportarlo.
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Expresidentes Arias, Chinchilla y Solís piden apertura al diálogo
Presidentes de los últimos tres gobiernos de Costa Rica llamaron a los sectores políticos a mantener la apertura al diálogo y no cerrarse en un rechazo tajante a las propuestas que plantea la actual administración para negociar con el FMI e intentar estabilizar las finanzas estatales.
Óscar Arias (2006-2010), Laura Chinchilla (2010-2014) y Luis Guillermo Solís (2014-2018) coincidieron en la necesidad de que partidos políticos opositores y grupos de presión mantengan márgenes de negociación con el gobierno de Carlos Alvarado, por encima de las manifestaciones iniciales en contra del aumento de impuestos.
“La principal consecuencia de no alcanzar dicho acuerdo (con el FMI) posiblemente sería una devaluación de nuestra moneda similar a la que tuvimos en el gobierno del expresidente Rodrigo Carazo. Una devaluación, como es sabido, significa un empobrecimiento generalizado para todos los costarricenses, donde los sectores más pobres serían los más afectados”, escribió Arias en su Facebook.
“No hay nada más urgente que alcanzar un acuerdo en el seno de nuestra Asamblea Legislativa”, añadió Arias en consonancia con un mensaje publicado en Twitter por su sucesora Chinchilla: “Se impone la negociación, la propuesta y contrapropuesta. Todo ello con el sentido de urgencia y responsabilidad que las graves circunstancias demandan”.
La expresidenta aseveró que “nuestro país no se gobierna por referéndum”, en un aparente llamado a los representantes políticos a tomar decisiones por encima de las opiniones populares.
Las posiciones de los expresidentes liberacionistas se suman a la que manifestó este lunes Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC) sobre el inminente proceso negociador con el FMI, “una negociación imprescindible para garantizar la estabilidad de Costa Rica en el corto plazo, y la continuidad de su desarrollo en paz con justicia y equidad”.
“Se deben habilitar de inmediato los espacios en donde sea posible desarrollar el diálogo social y político que el país requiere, con el espíritu solidario, responsable y patriótico, y en los tiempos apremiantes que este proceso demanda”, agregó Solís en su perfil en Facebook, en el que recibió reclamos por el estado de las finanzas públicas al finalizar el gobierno en 2018.
Los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez (PUSC) también se han manifestado sobre la necesidad de un acuerdo con el FMI, pero en diversos medios han criticado la carga de impuestos que contiene la propuesta actual del Ejecutivo frente a un recorte de gastos públicos que consideran reducido.
José María Figueres, del PLN, ha optado por replicar en su Facebook comentarios desde diversos sectores políticos como Wélmer Ramos (diputado del PAC), el economista Gerardo Corrales (pro mercado) y la economista Sofía Guillén, de izquierda.
Bancada del PLN
“Si bien hablamos esta negociación (con el FMI), la propuesta que el gobierno anunció resulta inaceptable. Es evidente el desbalance existente en la naturaleza de las medidas planteadas, un 80% de las cuales se basan impuestos y apenas un 20% en recorte de gastos”.
Fracción del PUSC
“Por ningún motivo apoyaremos una propuesta con más impuestos, que golpee a las familias, trabajadores, emprendedores, microempresarios y que desincentive la generación de empleo.La propuesta del gobierno da la espalda a lo que es realmente prioritario, como la contención del gasto la reducción de la deuda y la reactivación económica”.
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep)
“Si bien es cierto la deuda pública nacional alcanzó el 58,5 % del PIB en el 2019 y, a finales del 2021, llegará al 80,5 % según el proyecto de presupuesto nacional, la alternativa para reducir el déficit no puede ser a través de incrementar o generar nuevos tributos (…) Las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo y el Banco Central van en dirección contraria de lo que se necesita para reactivar la economía, mantener y generar nuevos puestos de trabajo y reducir la informalidad que hoy no contribuye”.
Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC)
“Esas políticas vienen a empobrecer más a la población costarricense y, principalmente, a contraer la economía en lugar de dinamizarla. Tenemos que unirnos todos los sectores, empresarios, academia, iglesia, sindicatos, medios de comunicación, para exigir un verdadero diálogo que nos lleve a una reforma del modelo económico que hemos tenido”.
Cámara de Comercio
“Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores, generaría un impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad adquisitiva de las familias y el crecimiento económico de Costa Rica; por lo que el Gobierno debe apostar por crear mejores condiciones para dinamizar la economía y generar mayores empleos”.
Johnny Araya, presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)
“Consideramos que la propuesta va en contra de toda iniciativa de reactivación económica planteada por el Ejecutivo. En este momento nuestros cantones se ven afectados por el desempleo, hay jornada reducida y las familias pasan por momentos de alta tensión, no solo financiera sino psicológica”.
Danilo Montero, oficina Consumidor Financiero (adscrita a Asociación Bancaria Costarricense, ABC)
“(El impuesto a transacciones financieras) es un gravamen ingrato, que se suma a la serie de impuestos que ya de por sí tiene que pagar la ciudadanía. Y si los consumidores no lo consideran un impuesto justo, lo que harán es moverse al efectivo, a mantener bolsas de billetes para pagar en la pulpería, para enviar fondos a un familiar, o para pagar los servicios públicos.
Fracción de Restauración Nacional
“La Fracción de Restauración Nacional manifiesta su total oposición a establecer nuevos impuestos al pueblo costarricense, según la propuesta del Gobierno en su negociación con el Fondo Monetario Internacional. La Fracción en pleno hace un llamado al Gobierno de la República a buscar otras alternativas para solucionar la grave situación fiscal que atraviesa el país, inclusive antes de la pandemia”.
