El presidente de la República, Carlos Alvarado, condenó esta mañana de martes el asesinato de Sergio Rojas, dirigente indígena que murió producto de 15 disparos en su casa de habitación en Salitre esta madrugada. Sin embargo, el mandatario evitó responder si las medidas que ha tomado su gobierno han sido eficientes para garantizar la seguridad de los indígenas.
“Desde el Gobierno de la República repudiamos y condenamos en todos sus extremos este acto de violencia contra la vida de este líder indígena. Este es un día trágico para el pueblo Bribri, para los pueblos indígenas y para toda Costa Rica”, expresó el presidente Alvarado, en medio de una interrupción que hizo en la sesión del Consejo de Gobierno para referirse al tema.
Alvarado externó dolor e indignación a los familiares y todo el pueblo Bribri. Añadió “un vehemente llamado a la paz y al diálogo como un mecanismo para resolver nuestros conflictos”.
Tras ser consultado por las medidas concretas que ha ejecutado su gobierno para garantizar la seguridad de los indígenas, el presidente destacó un protocolo que se creó en la comunidad que dicta lineamiento a seguir en caso de que ocurra un hecho violento.
También destacó la creación de la Comisión “de Alto Nivel” en Buenos Aires, a través de un decreto ejecutivo a principios de este año. La Comisión surgió “para construir una estrategia participativa” en busca de la disminución de las brechas socioeconómicas pero no habla sobre el tema de seguridad.
El presidente decidió no entrar en valoraciones sobre si las medidas han sido eficientes. “El de calificarlas o no es complejo en este momentos, sobretodo por lo que ha pasado, pero sí decir que teníamos tener los protocolos cuando surgían las emergencias”, dijo.
“Veníamos de manera consistente trabajando los distintos temas, no sólo en materias de seguridad, como lo venían siendo los protocolos sino en otros temas para dar una solución integral. Esto obviamente viene a ser un evento terrible para el país y para lo que se viene desarrollando ahí”, añadió.
Sobre la responsabilidad que han manifestado distintos organizaciones indígenas y gremiales culpando al gobierno sobre la inacción por el resguardo de la integridad física de los indígenas, Alvarado alegó que “los esfuerzos se han venido haciendo” a sabiendas de que “no habrá evidencia de este trabajo que pueda llevar consuelo a esas personas”.
“Yo entiendo el dolor y la indignación que sienten muchas personas y organizaciones en torno a esta problemática . Como gobierno de la República, en ese campo, tanto en seguridad como lo que veníamos trabajando, en ese y otros temas, veníamos haciendo los esfuerzos para resolver”, agregó.
En el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció medidas cautelares en favor del pueblo de Salitre y Broran de Térraba para garantizar la seguridad. Pese a múltiples intentos de reuniones de las comunidades con el gobierno para aterrizar las medidas no se ha traducido en anda.
Como medidas inmediatas, Alvarado aseguró que solicitó al ministerio de Seguridad dar el poyo necesario al OIJ y las autoridades judiciales para dar con los responsables y esclarecer el hecho lo más pronto posible.
Añadió que darán protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad. También habrá presencia de la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz y del Viceministerio de Diálogo en la zona.
“No ha habido voluntad política”
El representante de la Organización Ditsö, Gustavo Oreamuno, expresó que pese a la situación que viven los indígenas desde años atrás, no ha habido “voluntad política” de los gobiernos para garantizar la seguridad.
Asimismo aseguró que otras comisiones como la que señala el presidente Alvarado se han creado en administraciones anteriores pero no han dejado ningún resultado.
“La primera comisión se estableció en la administración del gobierno de Laura Chinchilla, de esa comisión no surgió nada. Se ha hecho planes de desarrollo territorial de los cuales no se ha ejecutado nada. Ningún gobierno ha dado los recursos para nada”, dijo el representante.
“El gobierno del expresidente, Luis Guillermo Solís lo que hizo fue reaccionar ante cada hecho violento pero nunca tuvo un plan para ejecutar las medidas de la Comisión. No ha dado frutos porque los hechos violentos se siguen dando”, añadió.
También indicó que actualmente existen al menos unos 7 desalojos administrativos en Tanagra y Salitre -de gente no indígena que vive en estos territorios- que le corresponde al gobierno ejecutar, pero que no han querido hacerlo.
“No ha habido voluntad política para hacerlo. No han intentado arreglar, no han tomado las medidas necesarias para garantizar la integridad física para garantizar la seguridad de los indígenas”, concluyó.
Naciones Unidas y Defensoría
Luego de que trascendió la noticia del asesinato, el Sistema de las Naciones Unidas lamentó profundamente la muerte del líder indígena.
“Tenemos la esperanza y la confianza en que las autoridades judiciales esclarecerán el caso con prontitud y llevarán a las personas responsables ante los Tribunales. Nos solidarizamos con el Pueblo Bribrí de Salitre y con todos los pueblos indígenas de Costa Rica por esta pérdida”, indicaron por medio de las redes sociales.
También la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica calificó el acontecimiento con “un duro golpe en la lucha por la defensa de los derechos humanos, pues se trata de la muerte de una persona defensora de derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, específicamente para los territorios indígenas de Salitre”.
Añadió que el viernes pasado la Defensoría atendió una solicitud del dirigente para que la policía acudiera a una finca que las personas indígenas habían recuperado. Según especificaron, quienes intervinieron los terrenos utilizaron detonaciones como una medida para amedrentarlos.
Los efectivos de la policía llegaron al lugar y les manifestaron a las personas indígenas que procedieran a poner la respectiva denuncia ante el OIJ.
