A falta de poco más de dos meses para que inicien las Olimpiadas Especiales en Berlín, Alemania, una desavenencia entre el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y el programa de Olimpiadas Especiales Costa Rica sobre el financiamiento de esa entidad, llegó hasta la Asamblea Legislativa, durante una comparecencia en la Comisión Permanente Especial de Discapacidad y de Adulto Mayor.
En la comisión, originalmente convocada para que se ampliase un oficio enviado por el Icoder a los legisladores, funcionarios de ambas organizaciones expusieron sus puntos sobre la situación, cayendo en ocasiones en acusaciones frontales de mal uso de fondos o de mala gestión y entrabamiento injustificado.
El director del Icoder, Donald Rojas, indicó que, como parte de sus funciones, y por órdenes de la Ministra del Deporte y Vicepresidenta de la República, Mary Munive, revisó la situación y encontró unas partidas que, en su criterio, no proceden ni son justificables.
“Desde mi llegada al Icoder por instrucción del Consejo (Nacional de Deporte y Recreación) y la señora Ministra del Deporte, nos abocamos a revisar todo lo de Olimpiadas Especiales para determinar la búsqueda de una salida a un problema que lleva arrastrándose un par de años. (…) Al principio de la gestión de este expediente se enfocó mucho el tema de los gastos reportados por la organización Olimpiadas Especiales desde la perspectiva de la ley 5662 de DESAF (Desarrollo Social y Asignaciones Familiares). A partir del oficio 0136, el Icoder hizo una revisión del caso y dijo ‘No, eso no es así’ y a partir de mayo de 2021 retrotrajo los actos de la dirección y revisó y devolvió el expediente para que se determinara si se había tomado en cuenta la ley 5662 para declarar los gastos que se decía que no eran correctos, se devolvió para que se evaluara y se determinó que continuaban algunos gastos que no eran admisibles bajo el criterio de la ley 7800, específicamente en su artículo 87, y algunos supuestos de la Contraloría General de la República y la Ley General de Contratación Pública en aquel momento vigente”, indicó Rojas.
“Se determinó que continuaban algunos gastos que no eran admisibles bajo el criterio de la ley 7800 específicamente en su artículo 87 y algunos supuestos de la Contraloría General de la República y la Ley General de Contratación Pública en aquel momento vigente”. (Donald Rojas)
Algunos de los gastos más cuestionados por Rojas fueron planillas administrativas, servicios profesionales y servicios jurídicos. Pese a ello, Rojas negó que quisieran perseguir al programa, e incluso aseguró que siempre resolvieron a tiempo sus recursos y que se estaban abocando a financiar tiquetes, seguros, uniformes y boletos de avión a territorio alemán, además de expresar su interés en que los recursos sean directamente para la población beneficiaria.
UNIVERSIDAD intentó ampliar con Rojas sobre los mecanismos de control que se había comprometido a implementar en esa sesión a partir del 31 de marzo y sobre por qué se habían rechazado los recursos para contratar profesionales jurídicos del programa si se le habían solicitado, pero, pese a las llamadas hechas, no fue posible localizarlo.
Olimpiadas Especiales responde
En la misma comparecencia el director operativo de Olimpiadas Especiales, Carlos Arce, dio un breve discurso donde salió al paso de lo dicho por Rojas. “A veces uno no sabe dónde está parado. Cuando el Icoder, a través de su director, dice que nos está ayudando y haciéndonos un favor con los tiquetes, esto no es un favor, esa es la plata de la gente que está viendo el programa, padres de familia y funcionarios de nosotros que están esperando una solución. Lo mínimo que yo puedo pretender ahorita es que nos den el 50% mientras todo lo demás se soluciona porque vamos a ir donde tengamos que ir. Nos acusaron y tres veces declararon sin lugar el asunto porque tres veces lo llevaron a distintos estados; hicieron una consulta a la procuraduría y también acaban de indicar que no tienen nada que ver, como ya sabíamos. No tengo nada que agradecerles (a Icoder) porque esto es para Costa Rica, ellos son responsables y la contraloría acaba de declarar que la gestión del Icoder es mal evaluada por ellos”, indicó molesto.
“Esa plata es de los padres de familia del programa, funcionarios nuestros y beneficiarios del programa Olimpiadas Especiales” (Carlos Arce)
Posteriormente, Arce conversó con UNIVERSIDAD de manera amplia sobre la delegación que espera llevar a territorio alemán: “Son 140 personas en 15 disciplinas: atletismo, baloncesto, balonmano, boccias, ciclismo, ecuestre, Futsal, Gimnasia, judo, kayak, potencia, natación, tenis de campo, tenis de mesa y voleibol playa. Tenemos la política de que o van los 140 o ninguno, y acabo de conversar con el departamento de licitaciones del Icoder, y ellos se comprometieron a asumir el costo de los tiquetes y los uniformes de presentación, de estar y de competencia; la delegación tiene un año y medio de entrenar con las uñas y viene de todos los sectores del país, y tenemos que pagarles los viáticos y el transporte, pero estamos trabajando con recursos muy limitados, tuvimos que recortar la mitad del personal y hemos tenido que dejar de hacer giras por falta de recursos”.
Arce comentó que los problemas con el Instituto datan desde tiempos de los exministros de deportes Hernán Solano y Karla Alemán, y que la deuda es mucho mayor de lo que se impugna en este momento: “Son ₡5.200 millones lo que nos debe el Icoder de toda la vida, y esos son montos que nunca nos depositaron, tenemos la confianza de que en los juzgados se va a resolver esta situación”.
