Luego de una auditoría realizada, la Contraloría General de la República (CGR) llamó la atención de las autoridades del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) por una supuesta falta de control y definición de los proyectos deportivos construidos a lo largo y ancho del país durante los últimos siete años.
El gerente del área de Desarrollo del Bienestar Social de la Contraloría, Manuel Corrales, detalló brevemente las conclusiones a las que llegó el ente fiscalizador del gasto público. “El Icoder no acredita el fundamento que se utiliza para incorporar proyectos de infraestructura dentro de los planes nacionales de infraestructura deportiva y recreativa. La Contraloría no tuvo evidencia de que se realicen desarrollos de los análisis de orden técnico, legal, ambiental o económico de los proyectos incorporados en este plan de infraestructura. Además, la Contraloría determinó debilidades en cuanto al control y seguimiento de los proyectos que desarrolla el Icoder, lo cual no permite asegurar que se cumplan las especificaciones técnicas, la calidad y los objetivos previstos”.
Icoder asegura que los proyectos sí son planificados, responden a la línea del gobierno actual y se pagan con superávit propio en 2019.
El informe detalla que se realizó una muestra de 34 proyectos evaluados entre los propios del Icoder y los que desarrollaron otras entidades, sobre un total de 103 construidos en todo ese septenio. De ellos, Icoder desarrolló 47 y el resto los hicieron los comités cantonales y municipalidades.
De acuerdo con el ente contralor, menos de la mitad de los 15 proyectos propios del Icoder elegidos para el muestreo tenían informes de supervisión de campo de las visitas hechas por el Departamento de Gestión de Instalaciones del Icoder.
Dentro de estos 15 proyectos, con un valor conjunto superior a los ₡10 mil millones, destacan el Centro Acuático María del Milagro París en el Parque Metropolitano La Sabana, el Parque Cariari en Limón y el Gimnasio de Olimpiadas Especiales en San Sebastián, contemplados todos para este año en curso. Solo estos tres proyectos sumados representan un 60% de todo este rubro, siendo el Centro Acuático el más oneroso, con ₡3 mil millones exactos, el segundo, respectivamente, con poco más de ₡2 mil millones, y el tercero representa un valor cercano a los ₡1500 millones.
Por otro lado, sí se encontró un mayor cumplimiento en los informes de recepción de obras, ya que las dos terceras partes de los proyectos propios los tenían, aunque la entidad auditora se mostró preocupada por el tercio faltante.
Mientras que entre los proyectos desarrollados por otras entidades los informes de supervisión de campo se reducen a dos quintas partes. Además, 12 proyectos apenas han recibido los informes de las minutas para valorar el inicio de las obras, y ya se dio un informe de conclusión de obras.
Sin embargo, la CGR denunció que ni los proyectos propios ni los desarrollados por otras entidades tenían cronogramas de ejecución ni presupuestos preaprobados antes de los Consejos Nacionales del Deporte y la Recreación (Conder). Pero, por otro lado, reconoció que el Icoder exigió el reintegro de los fondos girados por dos proyectos desarrollados por terceros, cuyo convenio fue incumplido, y uno tuvo que ser reformulado. Además, 11 de los otros 15 proyectos faltantes confiados a terceros en los últimos dos años están en construcción y a tiempo, y los otros cuatro todavía están en la etapa de realizar todos los trámites necesarios para firmar los convenios.
El ente contralor, ante este panorama y al tomar en cuenta la obligatoriedad del acatamiento de sus resoluciones a raíz del ordenamiento jurídico, ordenó a la directora general, Alba Quesada, y la jefa del DGI, Marcela Centeno, subsanar tales falencias en diferentes períodos entre finales de 2021 e inicios de 2022, enviar constancias de que se cumplió con lo solicitado, y enviar dos informes trimestrales desde la implementación de los nuevos procedimientos de planificación de infraestructura exigidos, en los que se detalle el grado de avance. Asimismo, el Conder tendrá hasta febrero de 2022 para resolver sobre lo propuesto por Quesada y enviarle también una certificación sobre ello a la CGR.
Icoder
“Vamos a reforzar los procesos de planificación de infraestructura deportiva”
Durante la presentación de la auditoría, y aunque aseguraron respetar el informe de la entidad contralora, Alba Quesada, directora general del Icoder, defendió que los proyectos sí se planifican y se supervisan mediante el DGI. “Vamos a reforzar los procesos de planificación deportiva y recreativa, tal como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Hemos sido vigilantes de cada obra y vamos a seguir por esa línea de fiscalización”, fue su compromiso mediante una nota de prensa tras recibir el informe de la auditoría.
Pese a admitir que, efectivamente, no había procedimientos formales establecidos por alguna entidad superior para determinar necesidades y priorizar la inversión pública, adujo que el Plan de Infraestructura se aprobó y ejecutó con fundamento en dos artículos de la Ley 7800 que se refieren a sus derechos y deberes, así como en la Estrategia Puente al Desarrollo, las instalaciones bajo la administración del Icoder y los recursos con destino específico por ley, los cuales deben ser utilizados en su totalidad para lo que se giraron.
Por otro lado, agregó que los proyectos analizados responden a los objetivos del gobierno del presidente Carlos Alvarado y los ministros del deporte, Hernán Solano (hasta febrero de 2021) y Karla Alemán (desde entonces), de dotar de gimnasios, piscinas, pistas atléticas u otras obras de infraestructura principalmente a zonas rurales, indígenas y fronterizas, y que para eso se está utilizando el superávit de 2019 que tuvo la institución; todo con previa aprobación del Conder.
Recalcó que el DGI da seguimiento y supervisión a las obras firmadas con terceros, y que seguirá por esta línea, ya que es parte del paquete que incluye la firma de los convenios.
