Los edificios históricos, las casas viejas y las estructuras antiguas cuentan la historia de nuestras ciudades y, por tanto, la nuestra. El Patrimonio Histórico Arquitectónico es la materialización de nuestro pasado y es ahí donde radica la importancia de su preservación.
Por eso, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC), cada año, busca arquitectos e ingenieros interesados en la conservación, mantenimiento y restauración de inmuebles patrimoniales, sean públicos o privados, y ofrece ¢120 millones al proyecto ganador.
Adicionalmente, con el fin de incentivar el interés de los profesionales en la conservación, el concurso ofrece una remuneración de ¢12 millones a quien esté a cargo del proyecto.
Se trata de la edición XX del certamen “Salvemos nuestro patrimonio histórico-arquitectónico”, cuyo periodo de recepción de documentos será 14 y 15 de julio. Los anteproyectos podrán entregarse en la sede del Centro de Patrimonio (sobre Avenida Central en San José, frente a la Librería Lehmann).
El anuncio del proyecto ganador y la premiación estará a cargo de las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud, y tendrán lugar el jueves 4 de agosto.
Tras la entrega del premio, el arquitecto o ingeniero a cargo debe presentar el desarrollo del proyecto, que el CICPC ejecutará vía licitación, siempre con la supervisión del profesional ganador.
El objetivo del concurso es “contribuir con la preservación del patrimonio construido, propiciando la participación activa de la ciudadanía, mediante la restauración de los inmuebles públicos y privados que sean de su interés, con lo cual se pretende fomentar el conocimiento y aprecio por los bienes de valor patrimonial a nivel de las comunidades”.
William Monge, director del Centro de Patrimonio, comentó que se busca motivar a las personas dueñas de edificaciones patrimoniales a restaurarlas, a través de alianzas con profesionales en la materia; por ello se da un premio particular a quien asuma el proyecto.
Según Monge, el concurso también pretende cumplir con el deber del Estado de aportar a la conservación, aunque reconoce que ¢120 para restaurar un inmueble –cuando existen 383 inmuebles patrimoniales y el 20% son privados– “es una gota de agua en una plancha”.
Para el arquitecto e investigador Andrés Fernández, la importancia de la conservación es paralela al lugar que una sociedad le da a la cultura; por razones históricas, preservar patrimonio en Costa Rica tiene una doble relevancia, pues “durante cerca de 50 años, en la época del estado benefactor y en buena medida, impulsado por el estado benefactor, se destruyó mucho patrimonio arquitectónico costarricense. Se destruyó el Palacio Nacional por orden de Pepe Figueres en 1958, la Universidad de Santo Tomás, vendió la Biblioteca Nacional, etc.”, recordó.
En ese marco, opinó Fernández, el certamen adquiere particular importancia, pues se patrocina la iniciativa de un profesional privado. Así, dijo, se motiva a los profesionales, sobre todo a los jóvenes, a la conservación, al tiempo que se crea conciencia social en torno a la importancia del patrimonio histórico-arquitectónico.
De acuerdo con el arquitecto, Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2015, para promover la cultura de conservación de los edificios históricos son necesarios cambios radicales para que la relación sea “ganar-ganar” entre los propietarios de inmuebles y las instituciones.
“Primero hay que abolir la ley de patrimonio porque no sirve para nada. Al abolirse los estímulos a los propietarios, que se hizo durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez en el 2003, dejó de servir. Les decimos a los dueños que conserven pero no les ayudamos”, afirmó.
También indicó que el CICPC debería hacer gestiones para brindar a las personas dueñas de estos edificios facilidades, como exención de impuestos territoriales, protección del patrimonio a través de planes reguladores, créditos blandos para restauración con la banca nacional, entre otros.
William Monge coincidió en que debe haber mayor compromiso del estado y que existen “lagunas” en la ley, de modo que no se genera apoyo suficiente a los propietarios. Para el director del Centro, programas de exención de tributos y reconocimientos económicos a los propietarios son formas que deben implementarse para incentivar el interés en la conservación.
