El director del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (Centro de Patrimonio), Diego Meléndez, asumió las riendas de la institución hace casi un año, luego de gestionar el patrimonio histórico arquitectónico desde la acera de enfrente; es decir, desde el ámbito de lo privado.
Al llegar a la jefatura de la entidad, Meléndez comprendió sin prejuicios el funcionamiento complejo de la administración pública, para finalmente concluir, once meses después, que el panorama es “un poco triste”, debido a la coyuntura fiscal atravesada por el país.
“Tenemos grandes recortes y grandes limitaciones”, dijo, y puso como ejemplo la jubilación de varios funcionarios de la institución cuyas plazas no se repondrán por directrices del Ministerio de Hacienda.
En consecuencia, el Centro de Patrimonio laborará con la mitad de los historiadores y arquitectos, aunque las necesidades y los proyectos sigan creciendo.
“Ya quisiera el presupuesto que Patrimonio tenía hace 20 años”, expresó Meléndez, quien este año jinetea el mantenimiento y la restauración de los edificios patrimoniales que le corresponde conservar con ₡1.593 millones.
Esa suma se invierte en el Centro Nacional para la Cultura (Cenac) -que alberga al Ministerio de Cultura y Juventud-, el Complejo La Antigua Aduana y el mismo inmueble del Centro de Patrimonio (antiguo Banco Anglo).
También dedica el monto a la Casa del Este (Escuela Casa del Artista y Consejo de la Persona Joven), el Templo de San Blas en Nicoya (por ser un compromiso de la Presidencia de la República), el Mercado de Orotina y la Antigua estación Zona Americana de Quepos (ambos ganadores de Salvemos Nuestro Patrimonio).
Al valorar sus 11 meses en la función pública, los temas de la búsqueda de sostenibilidad patrimonial y de la propuesta de anteproyecto para la reforma a la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica (Nº 7555) son prioridad para el funcionario, quien confía en dejarlos avanzados al término de su gestión.
“Para mí, una declaratoria por sí misma no tiene tanto sentido; lo que tiene sentido es declarar un edificio patrimonio resolviendo cómo se sostiene en el futuro, de dónde van a venir los fondos y quién lo va a mantener”, precisó.
La visión de Meléndez se basa en articular alianzas público-privadas para lograr la sostenibilidad, ya que el Estado no puede mantener todo el patrimonio, mientras cada vez hay más declaratorias.
En el caso de la reforma a la Ley de Patrimonio, que Meléndez considera desactualizada pues data de 1995, la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán, le planteó desde el inicio de la administración que el anteproyecto debía quedar listo para el 2021.
De acuerdo con Meléndez, dos de los vacíos más relevantes de la Ley 7555 son que no contiene los mecanismos necesarios de intervención expedita para las declaratorias, a la vez que no establece incentivos para que los propietarios asuman desde lo privado la conservación del patrimonio.
Aunque en la actual Ley sí se aplica una exención de impuestos territoriales, según explica Meléndez, una reforma fiscal eliminó los incentivos a los propietarios que “quedaron desprotegidos”.
La aprobación de una reforma a la ley generaría en última instancia que “la gente busque que le declaren patrimonio un edificio por los beneficios que va a recibir, pues obviamente todos estaríamos mucho más contentos y dejaría de haber demoliciones los fines de semana o incendios misteriosos de casas antiguas”, sopesó Meléndez.
En nuestro país 380 edificios han sido declarados patrimonio y aproximadamente el 60% está en manos del Ministerio de Educación Pública (MEP) -con escuelas y colegios antiguos-, y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) -con estaciones de tren-. La iglesia Católica es el segundo poseedor de edificaciones declaradas patrimonio por varios de sus templos.
Mixtura público-privada
Meléndez posee expertise en los temas que estableció como prioridades en su gestión, pues es dueño del emblemático restaurante Café Mundo, ubicado en Barrio Amón, que restauró a partir de fondos privados con el fin de poner en valor no solo su belleza constructiva, sino su funcionalidad.
Por sus manos han pasado otros edificios icónicos, como su casa de habitación estilo neocolonial, en la misma vecindad de la zona norte de San José centro -donde vivía otrora la oligarquía cafetalera del país-; el Castillo Moro, también construido en esa área; el inmueble neoclásico, donde habitaba la familia Trejos Montealegre en Paseo Colón; y la casa art decó en Sabanilla de Montes de Oca, diseñada por Gastón Bartorelli.
Criado en una casa con un papá historiador (el insigne herediano Carlos Meléndez Chaverri), el director del Centro de Patrimonio confiesa que sintió interés por la arquitectura e historia de las antiguas edificaciones debido a que con frecuencia la familia visitaba iglesias coloniales en Guatemala y Nicaragua, y en Costa Rica, las de Nicoya y Orosí.
Meléndez cuenta que luego de graduarse como arquitecto obtuvo una maestría en Chicago donde trabajó dos años, y “a mi regreso me puse como meta rescatar algún edificio no necesariamente declarado patrimonio pero sí de interés patrimonial, y así surgió el tema de Café Mundo”.
De este modo logró el objetivo de restaurar no solo ese inmueble, sino la serie de casas a las que les procuró un nuevo uso y garantizó su sobrevivencia, siendo respetuoso de las normativas internacionales de conservación y del valor de uso de las edificaciones.
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DIRECTOR DEL CENTRO DE PATRIMONIO” icon_quote=”no”]
¿Qué es el patrimonio y por qué es importante?
“El patrimonio es algo que heredamos de nuestros antepasados y que les transmitimos a las nuevas generaciones, y ¿por qué es importante? Porque es lo que nos da identidad, y ¿qué somos sin identidad? No somos nada. Por eso el Centro de Patrimonio no solo protege los edificios, sino que también trabaja con el patrimonio inmaterial, las tradiciones, las tradiciones orales, las artesanías, la gastronomía, las historias que se cuentan en las familias. Todo es parte de nuestra identidad”. Diego Meléndez, director del Centro de Patrimonio.
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Falencias
Uno de los problemas principales detectados por Meléndez en la Ley 7555 es el largo proceso administrativo que “sufre” un inmueble para ser declarado patrimonio.
Cuando se abre un expediente para la declaratoria, un arquitecto y un historiador del Centro de Patrimonio visitan el edificio con el fin de hacer un reporte; sin embargo, la entidad no posee un mecanismo que se les permita el ingreso al inmueble para hacer el análisis si el propietario no está de acuerdo.
Al no poder los profesionales concluir el estudio, muchas declaratorias mueren en esa etapa.
“Tenemos varios casos de propiedades que nos interesa muchísimo que se declaren, que tienen valor histórico y arquitectónico y por esa razón no se pueden declarar, y la ley no nos da un mecanismo como una notificación de un juez que obligue a abrir la casa”, señaló Meléndez.
El otro factor que pesa son los 64 pasos que establece la ley para tramitar la declaratoria, cuyo seguimiento no depende “totalmente del Centro de Patrimonio”, y que convierte al proceso en una especie de vía crucis.
Como resultado, en muchos casos “lo más lamentable que ha ocurrido es que desaparezca el inmueble por falta de agilidad de la Ley”, se lamentó.
Meléndez destacó que en la actualidad el despacho de la ministra de Cultura y Juventud, asesoría legal del MCJ y el Centro de Patrimonio están constituyendo un grupo de estudio para analizar la Ley y establecer reuniones con el fin de avanzar en la propuesta de anteproyecto.
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“En varios países tienen niveles de declaratoria. En España hay cinco niveles, los dos más altos son intocables (no se pueden intervenir). El tercer nivel está conformado por edificios donde se permite hacer ciertos cambios, y en los últimos dos niveles se puede cambiar todo, siempre y cuando se respete la fachada. Si planteáramos eso, permitiría que la ley no sea tan restrictiva para la gente”, Diego Meléndez, director del Centro del Patrimonio.
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La tarea será, entonces, proponer la mejora en los procesos, así como proveerle al Centro de Patrimonio herramientas de control, “porque hay ciertas ambigüedades en la ley que no nos permiten actuar con la rapidez que quisiéramos”.
“Si yo lograra en estos tres años que faltan de mi gestión un buen anteproyecto de ley para someterlo a la Asamblea Legislativa, así como lograr que las declaratorias que salgan en este periodo avancen en el tema de la sostenibilidad, salgo muy satisfecho”, manifestó Meléndez.
“Yo siento que eso le va a cambiar la visión a la gente, porque básicamente la percepción que hay es que es una carga tener un edificio patrimonial hasta para las instituciones del Estado”, concluyó.
Vía crucis patrimonial
El director del Centro de Patrimonio, Diego Meléndez, aclara que la institución no declara o deja de declarar patrimonial un edificio, sino que es una pieza más del engranaje del proceso complejo de declaratorias.
“Lo que nosotros digamos no es vinculante y no podemos decir: ‘van a botar eso de la esquina, lo declaro hoy para que mañana no lo boten’; la ley como está hecha no nos permite eso”, especificó.
El “vía crucis” hacia la declaratoria inicia con la solicitud de un particular o una entidad pública de abrir un expediente de un bien inmueble con el objetivo de que sea valorado para tales fines.
Paso seguido, el Centro de Patrimonio asigna a un arquitecto y un historiador de la institución el estudio del caso, y una vez concluido se avala técnicamente o no la declaratoria.
Luego se presenta el informe a la Comisión de Patrimonio, presidida por el director del Centro de Patrimonio, que está integrada por un representante de la Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Ingeniero y Arquitectos, el despacho de la ministra de Cultura y Juventud, la Academia de Historia y la Procuraduría General de la República.
La Comisión de Patrimonio revisa el dictamen y, si coincide con este, el expediente pasa al departamento de asesoría legal del MCJ, donde se abre un órgano director que determina la legalidad de la declaratoria y notifica al propietario sobre la resolución.
“Si el propietario no permite que le notifiquen, la declaratoria no se puede dar. Ese es otro escollo. Si se comunican con el propietario y este no se opone a la declaratoria, el órgano director le pasa el expediente al ministro de turno, quien tiene la potestad legal de aceptar la declaratoria o no”.
El último “obstáculo” que franquear está en el Poder Ejecutivo, pues está en manos del presidente de la República emitir el decreto de la declaratoria, “quien puede decir no me interesa”, indicó Meléndez.
