No ceder a la intención de la alta jerarquía del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) de despedir al director del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC), terminó por costar su puesto al hasta hoy viceministro de Cultura, Ernesto Calvo. Sin embargo, esa situación fue catalizador de toda una serie de circunstancias que ya habían generado roces y contradicciones.
De hecho, su paso a la guillotina fue decidido en una reunión en la que participó la vicepresidenta Mary Munive, convocada luego de que Calvo le enviara a esa funcionaria un amplio oficio fechado el 29 de julio con copia al presidente Chaves, titulado “Funcionamientos irregulares en el Ministerio de Cultura y Juventud” en el que expuso además de esa polémica, situaciones generadas alrededor de la gestión del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC), el Museo Nacional y otros problemas relacionados con la “falta de liderazgo” de Guadamuz.
Si bien fue ayer que mediante un escueto comunicado la ministra Nayuribe Guadamuz anunció la destitución de Calvo, el exfuncionario confirmó a UNIVERSIDAD que fue hasta hoy que recibió formal notificación.
El comunicado de la Ministra señala que “tengo la obligación de velar por el adecuado funcionamiento de la institución, en atención a los objetivos trazados en la actual administración, y para esto es fundamental que las personas que me acompañan en los cargos de viceministros de Juventud, Cultura y Administrativo, se alineen con esta visión y con las decisiones que, de manera informada y sustentada, se toman”.
El documento difundido añade que “la actuación del viceministro generó pérdida de confianza, lo cual constituye una causa para su cese”, aunque no se especificó cuál actuación.
La polémica aumentó cuando a través de redes sociales Calvo manifestó que “fui removido por oponerme al despido arbitrario del director del Centro de Cine, Raciel del Toro”, y añadió que el hecho de que la Ministra no lo hubiese consignado así en el comunicado, evidencia “la forma poco transparente” en que se manejó su despido.
Además señaló la “falta de conocimientos y liderazgo de la ministra para estar al frente del sector cultura”.
Consultado por UNIVERSIDAD, Calvo relató que la Ministra ya hace semanas mostraba “comportamientos erráticos, arbitrarios, impositivos” y que “el detonante de todo esto fue el pedido de destitución del director del Centro de Cine”.
Reunión en el cadalso
Como se dijo, el 29 de julio, Calvo envió un oficio a la vicepresidenta Munive con copia al presidente Chaves, titulado “Funcionamientos irregulares en el Ministerio de Cultura y Juventud” en el que abordó la polémica por la pretendida destitución de Raciel del Toro, así como otras situaciones y decisiones que en su criterio denotan la “falta de liderazgo” de Guadamuz.
Poco después fue convocado a una reunión en el MCJ, con la vicepresidenta Munive, los viceministros y jefes de despacho. “Expuse una serie de cuestiones que consideraba que ella (la Ministra) no estaba realizando de manera eficiente y que estaba demostrando falta de liderazgo y de capacidad para estar al frente del sector cultura, ella me dijo que yo entonces no tenía su confianza como viceministro y yo también le expuse que tampoco sentía que podía trabajar con ella”.
De acuerdo con el exfuncionario, en ese momento la propia vicepresidenta Munive “expuso que el que tenía que irme era yo”, a lo que él replicó que no pensaba renunciar y solicitó carta de despido.
“En esa reunión, la Vicepresidenta me advirtió de manera velada, que cualquier cuestión que señalara a la prensa y no estuviera apegada a la “verdad”, podría tener consecuencia legales”, añadió.
Puja por el Centro de Cine
De acuerdo con Calvo, el origen del conflicto que terminó con su destitución se dio semanas atrás cuando el viceministro Administrativo Luis Alexánder Castro le informó que la Ministra quería destituir a del Toro “por algunos aspectos de confrontación que habían tenido, yo no sabia absolutamente nada, me entero que le habían pedido que la abogada del Centro de Cine fuera trasladada al Centro de Patrimonio y que hubo un problema con parqueos del Cine Variedades” que estaban ocupados por el mismo CCPC y que la jerarca pretendía otorgar, también, al Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural.
Una vez que se le facilitó el expediente correspondiente, dos semanas después de la peculiar solicitud, “veo que son básicamente dos cuestiones absolutamente menores, además el director del CCPC ni siquiera se negó, acató la orden pero sí expuso que sacar a la abogada implicaba poner en una situación de vulnerabilidad a la institución”.
Además, “sobre los parqueos, él dijo que estaban ocupados por personal del CCPC, pero que si era una orden, acataba”.
Mediante un oficio del 18 de julio, el viceministro Administrativo Castro, informó a la ministra Guadamuz de sus razones para solicitar que la plaza de la asesora legal del CCPC debía “regresar” al Centro de Patrimonio, así como la necesidad de que cinco vehículos institucionales de esa institución hicieran uso del parqueo “bajo la administración del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural”, ubicado a un lado del Cine Variedades.
En ese oficio, Castro consigna que de hecho del Director del CCPC accedió a ceder los espacios en el parqueo, luego de que se le hiciera ver que las instituciones del Estado no tienen obligación de procurar esa facilidad para sus trabajadoras y trabajadores, pero de seguido se quejó porque a dos subalternos suyos no se les permitió el ingreso al parqueo.
Así, Castro apuntó que “considero oportuno que someta a conocimiento del Consejo Nacional de Cinematografía la conducta del señor Raciel del Toro Hernández, quien ha demostrado tener poca disposición de colaborar con esta Administración”.
Ese Consejo es la instancia que entre otras funciones designa a la persona directora del CCPC y por ello también le corresponde decidir una eventual destitución.
Un día después, la propia Guadamuz envió oficio a Calvo en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Cinematografía, en el que, tras exponer los alegatos del viceministro Castro, solicitó que esa instancia “acuerde la remoción del Sr. Del Toro Hernández, a efecto de proceder como Jerarca a formalizar el cese, en función de la naturaleza de confianza que ostenta ese cargo”.
El propio del Toro replicó una semana después con su propio oficio, en el que expuso que existe una resolución de 2019 que de hecho establece que el puesto de la asesora legal pertenece al Centro de Cine y relató cómo trató de explicarle a Castro la situación de “vulnerabilidad” en que quedaba el CCPC sin una asesoría legal.
También narró cómo el propio Castro lo convocó a una reunión sobre otro tema, pero en realidad fue para tratar el traslado de ese puesto, en la que estaba presente entre otras personas la directora del Centro de Patrimonio, Sully López.
“Lo que sí quedó plasmado en esa reunión -escribió el director del CCPC- fue que la ocupante del citado puesto, la Licda. Tatiana Villalobos Solís, no posee conocimientos jurídicos especializados asociados a la conservación del patrimonio, y que en la asesoría jurídica del ministerio no existe personal especializado en coproducción audiovisual para asumir las funciones que dejaría vacías el traslado de la abogada y para las que ha estado siendo capacitada en el CCPC durante más de un año y medio”.
Además, reveló que la solicitud del parqueo tenía el propósito de lograr un espacio para el vehículo personal de la Directora del Centro de Patrimonio.
Del Toro apuntó que “el actuar del señor viceministro administrativo es éticamente cuestionable y, asimismo, el actuar de la señora ministra es apresurado, porque solicita el despido apenas un día después” de recibir el oficio del Viceministro que así lo solicitó.
Según Calvo, las tres personas integrantes del Consejo Nacional de Cinematografía “tuvimos total acuerdo que eso no era motivo para una remoción de un director, que además tiene una excelente trayectoria, tiene todo el respaldo del personal del CCPC y del sector audiovisual. De hecho ese fue el motivo por el cual se le permitió continuar en su labor, llevaba ya dos años en la administración de Silvie Durán”.
Así, una vez que la ministra Guadamuz conoció el 28 de julio del acuerdo que más bien impedía la remoción del Director del CCPC, “eso generó una situación ya insostenible de tensión”.
