De lo que se trata es, ni más ni menos, de “los grandes desafíos que tenemos respecto de Internet, donde el control es privado pero la deliberación es pública e incide en aspectos claves como campañas electorales, en el activismo por los derechos humanos o en la crítica política”.
Así ponderó Giselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) de la UCR, la realidad del delicado equilibrio que debe haber entre la libertad de expresión y el control de discursos nocivos, noticias falsas y desinformación, a propósito de la suspensión que varias redes sociales aplicaron al ya expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En su criterio, la censura a Trump era “necesaria en ese contexto, pero contraria a las condiciones que deberían existir en Internet para el ejercicio de la libertad de expresión”. Añadió que tal medida “revela las disfuncionalidades que tiene hoy la deliberación pública en un espacio privado. Son los riesgos a los que asistimos hoy en día”.
La especialista consideró que la mejor opción era una suspensión no definitiva y añadió que el caso “plantea muchas preocupaciones; es un tema que tenemos que discutir necesariamente, porque tiene que ver con qué garantías tenemos en Internet para ejercer la libertad de expresión. No es solo un tema de control privado, es control privado en muy pocas manos, muy pocas empresas”.
Precedente “peligroso”
Como una bomba reventó el 8 de enero la noticia de que Twitter suspendió de manera definitiva al usuario @realDonaldTrump, nada menos que la cuenta personal del Presidente estadounidense, que ya contaba con más de 88 millones de seguidores.
Desde mayo la red social anotaba advertencias en publicaciones de Trump, la primera de ellas tuvo que ver con falsedades difundidas por el empresario respecto de los sistemas de votación. La gota que rebalsó el vaso, según un comunicado de la propia empresa, fueron dos tuits publicados días después de que turbas ultraderechistas enardecidas por el propio Trump tomaran el Capitolio, sede del Poder Legislativo en Washington.
El primero de ellos tenía que ver con la fuerza que según Trump tendrán a futuro las 75 millones de personas que, según él, le dieron el voto (en realidad fueron 74,2 millones) y que “no serán irrespetados o tratados de manera injusta de ninguna manera!!!”.
Poco después, el exmandatario tuiteó: “A todos los que han preguntado, no acudiré al traspaso de poderes el 20 de enero”. En el comunicado, la empresa apunta que “eran altamente propensos a motivar e inspirar a las personas a replicar los actos criminales que se dieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021”.
La medida adoptada no fue exclusiva de Twitter, Facebook y Google —a través de YouTube— tomaron la misma dirección, con lo que el entonces Presidente quedó prácticamente mudo en el mundo de las redes sociales (ver nota Trump y las redes sociales).
Ello generó aplausos entre los detractores de Trump, que por mucho tiempo habían denunciado los riesgos de las constantes falsedades y provocaciones difundidas por el cuestionado empresario; pero también disgusto y preocupación entre quienes opinan que se trata de una censura injustificada, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (ver nota: Sanción a Trump provocó malestar en líderes internacionales).
Días después, el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, respaldó el bloqueo de la cuenta en esa red social del exmandatario y reconoció que sienta un precedente “peligroso”.
“Tener que prohibir una cuenta tiene ramificaciones reales y significativas”, dijo en una serie de tuits. “Si bien hay excepciones claras y obvias, creo que una prohibición es un fracaso nuestro en última instancia a la hora de promover una conversación saludable”.
Por otra parte, Mark Zuckerberg, creador, jefe ejecutivo y monarca de Facebook, al justificar la sanción aplicada por esa empresa, dijo que Trump usó la plataforma “para incitar a una insurrección violenta contra un gobierno elegido democráticamente” y que “los riesgos de permitir que el presidente siga usando nuestro servicio durante este periodo son sencillamente demasiado grandes”.
Pero no se quedaron ahí. Twitter anunció el 11 de enero haber borrado 70.000 cuentas afiliadas al movimiento conspiracionista pro-Trump QAnon, implicado en el ataque al Capitolio. Por su parte, Amazon, siguiendo el ejemplo de Apple y Google, expulsó de sus servidores a la red social Parler, que se había convertido en refugio de los adeptos de QAnon y otros partidarios de Trump, a la que acusó de proliferar violentos mensajes.
Falta legislación
Jimmy Wales, creador de Wikipedia, en entrevista concedida a la Agencia France Presse (AFP), afirmó que Facebook y Twitter “respecto a Donald Trump, hicieron un mal trabajo durante mucho, mucho tiempo”, dado que el mandatario “claramente difundía desinformación”.
“Ellos tienen un modelo comercial que dice: ‘necesitamos tantas visitas a la página como sea posible’, y eso también perjudica a su marca, así que lo tienen que solucionar, pero creo que les va a costar”, añadió.
Aún más explícita en su crítica fue Kate Ruane, de la poderosa Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Ruane expresó también a la AFP que “todo el mundo debería preocuparse cuando estas empresas tienen el poder de retirar a personas de sus plataformas, que se han convertido en indispensables para la expresión de millones de individuos”.
Mientras tanto, Boza sintetiza la discusión en dos grandes temas. Por un lado, la realidad de que existen “discursos que no queremos que prevalezcan en redes sociales, hay altos niveles de desinformación”; pero, por otro, “eso no nos debe llevar a decir ‘qué bueno que se eliminaron las cuentas de Trump’ sin plantear lo que eso significa en el debate sobre libertad de expresión. Hoy son esos discursos, pero mañana podrían ser activistas de derechos humanos o crítica política”.
Así, la especialista subrayó en la relevancia de preguntar “¿qué mecanismos de protección tenemos? ¿Cuáles son las regulaciones democráticas que deberían tener estas grandes plataformas para la moderación de contenidos, sin que se violenten los derechos de los usuarios?”
En ese sentido, informó que el Proledi ha trabajado con otras instancias de América Latina —sobre todo con el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom, de Uruguay)— una propuesta de regulación democrática de las grandes plataformas, partiendo de que son las que imponen los términos de servicio y aplican políticas de priorización y moderación de contenido, “nos dicen sobre qué opinar, cómo opinar y cuánto opinar sobre un tema”.
Apuntó que la mayoría de usuarios suscriben términos de servicio en redes sociales cuyos alcances desconocen y “muchas veces de manera arbitraria las redes sociales eliminan contenidos”.
Por ello el “gran desafío” es definir hasta dónde limitar “ese gran poder” que tienen “estas plataformas para privatizar contenidos”.
Boza subrayó que se requiere legislación que especifique parámetros para que las redes sociales puedan ejercer esa moderación y, dado el caso, sancionen, pero siempre en cumplimiento de criterios de transparencia sobre el funcionamiento de sus algoritmos, o el debido proceso para la remoción de una cuenta.
Es decir, deben coexistir la autoregulación de las redes con la regulación pública, de manera que no prevalezca “ni el control privado de Internet en manos de unas pocas empresas en el mundo, ni la tendencia de algunos estados a regular todo tipo de discurso calificándolo como discurso de odio o noticias falsas. Son los dos mares en los que nos movemos en Internet”.
