Hasta el lunes 13 de mayo pasado, inversionistas que no han podido recuperar su dinero habían interpuesto 12 denuncias contra el Aldesa Corporación de Inversiones S. A. ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval). Además, habían presentado 38 consultas formales.
Así lo confirmó María Lucía Fernández Garita, jefa de esa superintendencia, quien agregó que “Sugeval sigue adelante con la investigación preliminar correspondiente a las denuncias interpuestas”.
No obstante, reiteró que no puede establecer un plazo para informar de los resultados de las investigaciones que realiza esa entidad a las personas afectadas.
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De momento, no es posible dar una fecha estimada para responder a los denunciantes, se requiere completar todo el proceso que conlleva una resolución final (investigación preliminar, traslado de la denuncia sobre los hechos denunciados y su respuesta, así como la valoración jurídica para cada caso), siguiendo el debido proceso dentro del marco legal vigente”.
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Paralelamente a este aumento en el número de denuncias, el viernes pasado se dio a conocer que el Juzgado Consursal que tramita la solicitud presentada por el presidente de Aldesa, Javier Chaves Bolaños, fue rechazado por segunda vez por cuestiones de forma.
Sobre esto, la superintendenta Fernández afirmó que “si bien es cierto el Juzgado rechazó el recurso de revocatoria interpuesto en contra de la solicitud de Administración con Intervención Judicial, es necesario tener presente que Aldesa Corporación de Inversiones también interpuso un recurso de apelación, el cual fue admitido y, por ende, corresponde ahora a la instancia de alzada referirse a ese tema”.
Por su parte, Chaves ha declarado en distintas ocasiones que, de rechazarse definitivamente la solicitud de su empresa de acogerse a un régimen de administración y reorganización con intervención judicial por tres años para sanear sus finanzas y pagar sus deudas, lo que quedaría sería la quiebra, con la consiguiente pérdida de todas las inversiones.
Ahora, ante el rechazo de esta solicitud por segunda vez en el Juzgado Concursal, Aldesa dijo que presentará una apelación ante una instancia judicial superior.
“Este viernes 10 de mayo recibimos notificación del Juzgado Concursal, mediante la que se rechaza nuestra solicitud de revocatoria y se acepta la apelación ante el Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José”, comunicó la empresa.
“Recordemos que el juzgado había resuelto no darle curso a nuestra solicitud de administración judicial alegando, entre otros, que debíamos demostrar, dentro de los cinco días posteriores a la solicitud (8 de marzo), no solamente el envío de las notificaciones a nuestros acreedores mediante correo físico, sino también el recibido por parte de los mismos. Como sabemos, ello resulta materialmente imposible de cumplir en cinco días, por lo que nuestros abogados estarán haciendo uso de las medidas que dispone la legislación ante el Tribunal correspondiente, de acuerdo con la resolución del Juzgado”, agregó.
Para las personas afectadas, esa imposibilidad de saber lo que ocurrió con el dinero que invirtieron en Aldesa y cuál será el destino final de sus ahorros, se transforma en desesperación.
La empresaria Flora Fernández Amón, cuya familia es una de las afectadas, dijo haber conversado con otras personas que se encuentran en una situación similar y que comienzan a manifestar su enojo, pues son personas adultas mayores que vivían de los intereses que les generaban sus ahorros en Aldesa y que hoy se han quedado sin ingresos:
“Están desesperados, dicen que no pueden dormir, su único ingreso eran los intereses en Aldesa, la mayoría con dificultades de reinsertarse en el mercado laboral, para no decir imposible en virtud de su edad, principalmente” (ver: “No se ve dónde está la plata de los inversionistas”).
Ella, su madre Raquel Amón Cario, quien padece de Alzheimer, y su hermano, Julio Fernández Amón, denunciaron al corredor de bolsa Francisco Villar Barrantes y solidariamente a Aldesa ante la Sugeval el 1 de abril pasado por hechos considerados anómalos por Fernández, incluido lo que llama el “secuestro express” de un bono del Ministerio de Hacienda por $290.000, el cual forma parte de los ahorros de su madre.
El 5 de marzo envió un mensaje al corredor Villar Barrantes solicitando el retiro de los fondos que la empresa de su madre y de su hermano, Osmunda S. A., tenía depositados “a la vista”, es decir, en una cuenta de retiro inmediato y no a plazo fijo, en Aldesa Puesto de Bolsa –una entidad regulada por la Sugeval-.
Fernández afirma que, dos días después, el 7 de marzo, Villar Barrantes la llamó y le dijo que tenía “malas noticias”. Además, la citó a una reunión en la sede de Aldesa para el 12 de marzo a las 10:30 am.
Ella asistió con su abogado, Rolando Angulo Gatgens, y con su hermano Julio, copropietario de Osmunda S. A. Fernández dice en la denuncia que, en la reunión con el corredor de bolsa, en la sede de Aldesa, “el panorama resultó ser desolador, ya que dineros que fueron colocados en inversiones públicas poco a poco fueron pasados a Aldesa Corporación de Inversiones sin informar claramente que el riesgo era exageradamente alto”.
Luego, el 15 de marzo, a las 3:00 p.m. agrega: “el señor Villar Barrantes me llamó de manera apremiante para indicarme de una ‘recompra’ de mi representada Osmunda S. A, respaldada en un bono con un valor final de $ 290.000,00, por razones que no logré entender, debía depositar en Aldesa algo más de $14.000 para que el lunes a primera hora de la mañana y evitar salieran a rematar el bono”.
Continua la denuncia: “Le dije que los sacara de un fondo a la vista de $90.000 que el año pasado le solicité dejarlo así ante la posibilidad de comprar una propiedad, a lo que me dijo que no había nada a la vista”.
El 18 de marzo, Fernández se volvió a presentar en las oficinas de Aldesa y consultó al supervisor inmediato del corredor de bolsa sobre lo sucedido:
“En esa reunión, nos indicó que probablemente ‘lo habían llamado a margen’, expresión que desconozco, y por ello debían liquidar el título ese día. Al preguntarle si el corredor se había enterado el viernes 15 de marzo a las 15:00 horas, me dijo: ‘probablemente no, desde antes debía saberlo… Pero como andamos en estos enredos… ”.
Un experto financiero que prefirió mantenerse en el anonimato explicó que, en la jerga bursátil, el término “llamar a margen” proviene del inglés “margin call” y consiste en pedirle dinero al inversionista para cubrir una pérdida de valor agregado de un portafolio que está en garantía.
“Se le avisa al inversionista que tiene derecho de poner más plata o ejecutan el bien pignorado. Lo que resulta gravísimo es que, sin consentimiento del inversor, se sustraiga un bono que estaba en custodia para cubrir una deuda. Ante la falta de liquidez, les pudieron pignorar el portafolio de alguna manera para ponerlo de garantía con el fin de levantar plata”, especuló.
En su momento, solicitamos tanto a Villar Barrantes como a Chaves Bolaños que explicaran lo sucedido con el bono y el dinero de la familia Fernández Amón, pero dijeron que no darán declaraciones hasta ser notificados formalmente por la Sugeval.
Entretanto, el 23 de abril pasado, la empresaria Fernández y su hermano también interpusieron una denuncia ante el Conapam en favor de su madre y contra los abusos en que pudieran haber incurrido quienes administraban el dinero de su madre, dado su estado de salud.
Teresita Aguilar Mirambel, presidenta de la Junta Rectora de la entidad les respondió que, según la Unidad de Asesoría Jurídica del Conapam, su denuncia desbordaba las competencias de esa institución, la cual está adscrita a la Presidencia de la República.
Sin embargo, en su respuesta, la funcionaria agrega que “llama la atención del Conapam, que en su escrito se afirme de la existencia de enfermedades desde el año 2015, que presuntamente, ya que no se ofrece prueba que lo demuestre, limitaban la toma de decisiones de la adulta mayor y pese a ello, se hicieron inversiones a su nombre y en apariencia, siguiendo las instrucciones de esta. Hechos que de conformidad con el artículo 61 de la Ley No. 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor de 25 de octubre de 1999 y sus reformas, eventualmente podrían configurar un delito de explotación de persona adulta mayor”.
“En virtud de ello, lo procedente sería plantear la denuncia ante la Fiscalía”, agrega.
Fernández, quien además afirmó que, en caso de agotarse otras vías de solución, su familia presentará una denuncia penal ante la Fiscalía.
Flora Fernández, empresaria afectada
“No se ve dónde está la plata de los inversionistas”
María Flórez-Estrada Pimentel
La empresaria Flora Fernández, afectada por el caso Aldesa, respondió a nuestras preguntas sobre los hechos más recientes.
¿Qué harán usted y su familia en caso de que se cierre definitivamente el camino para el plan presentado por Aldesa al Juzgado?
— Cuando me enteré de la situación y de la opción que proponía Aldesa, me pareció que era mucho mejor que la quiebra.
Pero cuando comencé a leer lo presentado al juzgado bajo el expediente 19-000036-0958CI, me pareció que era difícil que acogieran la propuesta, pues es demasiado omisa en lo fundamental, parte de premisas poco realistas, un cronograma imposible de lograr aún si las condiciones de la empresa y del país fuesen tan optimistas como las presentan.
Mi primera impresión fue de impericia y pésimo manejo del negocio, más que problemas de mercado o debido a la situación fiscal del país, en que pretenden refugiarse. Prueba de ello es que, siendo de los puestos de bolsa más antiguos, es la única institución financiera y puesto de bolsa en tan mala posición.
Definitivamente, la muerte de don Óscar Chaves fue terrible. En un momento que el país necesita empleo y reactivación, Aldesa podría ayudar mucho, pero con ese desastre… ¿Quién puede a sacar adelante un desmadre tan grande?
Además, no se ve dónde está la plata de los inversionistas. Solo las deudas y tributos de cero al fisco en la mayoría de las empresas.
¿Ha tenido contacto con otras personas o familias afectadas?
— Al romper nosotros el silencio, muchas personas nos han llamado deseosas de unirse y ya contamos con un grupo de gente muy beligerante, conocedora tanto de materia financiera como jurídica, del más alto nivel, analizando la situación y dispuesta a dar la lucha en las instancias que sea necesario.
Hay muchas personas afectadas nos apoyan, pero dicen “lo perdimos todo” y no pueden pagar honorarios ni nada. Están desesperados, dicen que no pueden dormir, su único ingreso eran los intereses en Aldesa, la mayoría con dificultades de reinsertarse en el mercado laboral, para no decir imposible en virtud de su edad principalmente. Es muy cruel y doloroso cómo la están pasando de mal.
Lo bueno es que ya van saliendo del shock que les tenía congelados y aterrorizados. No se van a resignar así no más. Yo no quisiera estar en sus zapatos cuando esta gente reaccione, pues ya pasaron del estado de negación y pesar. La furia será incontrolable. No se pueden resignar pues muchas personas no tienen de qué vivir.
¿Conoce usted de otras personas o familias que también hayan denunciado ante el Conapam?
— Hay varias personas que nos han consultado y les hemos ayudado, pues creo que fuimos los primeros en recurrir a ellos y tuvimos la suerte que nos asesoraron muy bien, nos dieron muchas pistas.
Ese, para nosotros, es un primer paso. Personalmente estoy dispuesta a llegar hasta donde tenga que llegar. Quienes me conocen saben que no voy a aflojar, apenas estamos comenzando y me sobra energía para dar la lucha. Muchos harán lo mismo. Estoy segura.
