La empresa de apuestas Ksinonet Limitada y la Junta de Protección Social (JPS) libran un litigio legal en el Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San José, bajo el expediente 19-005105-1027-CA, por la línea de juegos Gana 95, propiedad de la primera, la cual incluye en este momento los Nuevos Tiempos, el Mega 6, el casino o las apuestas deportivas.
Por un lado, la Junta asegura que ellos son los únicos autorizados para los juegos de azar, loterías, apuestas y otros, y que Ksinonet infringe las reglas legales al operar al margen de las leyes 7315 y 8718, así como la resolución 2003-00558 de la Sala Constitucional, que confirma esta versión.
“La ley es muy clara y así lo ha establecido la Procuraduría, la Sala, de que la única que puede ejercer este tipo de acciones es la Junta de Protección Social. Ellos están utilizando la ley 9050 que regula los casinos para tratar de meterse por ahí. Sin embargo, siguen estando al margen de la ley, entonces, cuando nosotros prevenimos a las instancias municipales ellos procedieron a quitar la patente, cerrar negocios y, entonces, esta persona nos demandó por esta razón. Sin embargo, nosotros estamos planteando una contrademanda por actuar contra la ley”, confirmó la presidenta ejecutiva, Esmeralda Britton.
En setiembre pasado, la Junta emitió un comunicado con carácter de urgencia dirigido a las municipalidades, consejos de distrito, alcaldes municipales y las áreas de salud del Ministerio de Salud Pública, en el que afirmaba que había información de que empresas como la marca Gana95.com y personas físicas realizaban actividades con juegos de azar al margen de la ley.
La nota detalla que se procuraba obtener autorizaciones de parte de los municipios y Ministerio de Salud para habilitar sistemas de apuestas, loterías, videos loterías y otros juegos de azar.
Advertía que, en caso de autorizarse el permiso, se violaba la Ley 9050 y su reglamento, porque ninguno autoriza la comercialización de lotería, juegos de azar y apuestas deportivas en el territorio nacional.
Usando esa legislación, que establece el impuesto a la actividad de los casinos, es como permiten la realización de juegos, que “rozan con la exclusividad de la lotería estatal que tiene la JPS”.
La Presidenta Ejecutiva dijo que la respuesta a esa nota girada a los gobiernos locales ha sido satisfactoria, puesto que las patentes y los permisos para negocios que venden Gana 95, marca comercial de Ksinonet, han sido cancelados.
Ella aseguró que la demanda en su contra no le resta autoridad legal a la JPS para seguir denunciando los puestos de lotería ilegal existentes y cancelar negocios ilegales, que en su estimación, le merman ganancias de inversión social a la unidad representada.
Mientras que su asesora legal, Marcela Sánchez, agregó que en su momento habían sostenido reuniones con Ksinonet, posteriormente, correos, en donde ambas partes intercambiaron sus posiciones y, tras no ponerse de acuerdo, la empresa decidió interponer la demanda.
La Ley 7395 y la Ley 8718 establecen que la JPS tiene a su cargo y en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de las loterías.
Ksinonet se defiende
El representante de Ksinonet, Roy Solano, junto con su asesor legal, Rogelio Fernández, aseguraron que la JPS comete difamación contra su compañía ante los medios de comunicación, opinión pública, municipalidades y áreas de salud; amenaza con denunciar a quienes autoricen o adquieran los productos de Gana 95; y eso los motivó para llevarla a juicio. “Nosotros hemos tenido que demandarla (a la Junta), porque le manda una nota el año pasado a Multimedios donde dice: prohibido hacerle publicidad a Gana 95. Ahí me está cercenando mi posibilidad de comercialización. Ella hace esta carta, nos paran la publicidad, como hace con Central de Radios la semana pasada, y ahora tengo que hacer mis movimientos para decirle otra vez: vea, está equivocada la Junta. Insisto, está diciendo que estoy haciendo algo ilegal, pero no me ha llevado a los Tribunales”.
Solano aseguró estar completamente en regla tanto con la ley 9050 como con los Ministerios de Hacienda, Salud y Seguridad, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Caja Costarricense de Seguro Social y las respectivas municipalidades, a las cuales solicitaron permisos, además, de tener certificaciones contra riesgos, para cada una de las cuales se tuvo que esperar un año.
Para sustentar su posición, adjuntó a UNIVERSIDAD copias de las patentes dadas por las municipalidades de Aserrí y Abangares, así como otros documentos expedidos por las restantes entidades. Incluso, visitó el medio para referirse al respecto.
“Con sorpresa, nos hemos dado cuenta de que la presidenta de la Junta de Protección Social, en total irrespeto a la legalidad, desea desconocer un marco legal que existe para las empresas de casinos, tanto físicos como virtuales, así como los derechos que prevalecen a las empresas jurídicas que nos dedicamos a las apuestas electrónicas. Buscar dentro de la formalidad un ‘chivo expiatorio’, para tapar las faltas graves a su deber de probidad con respecto a un mercado plagado de loterías paralelas, casinos clandestinos y juegos ilícitos”, escribió en una carta enviada a este medio.
Posteriormente, en su visita al medio, explicó que en algunos puestos de la misma JPS se ha comerciado lotería ilegal y no han sido denunciados, no existen registros de los vendedores y que, además, la JPS ha hecho caso omiso de los pronunciamientos jurídicos que la han instado a inscribirse ante la Sugef con el fin de mejorar sus controles internos.
Solano agregó que, para que les cobren impuestos, los cuales estimó entre ₡30 y ₡120 millones anuales solo por inscribirse ante Tributación, sin contar otros rubros, se debe a que sus acciones son legales y que, con ellos, se financian tanto al Ministerio de Justicia y Paz como al Ministerio de Hacienda, a las Municipalidades y a programas de bien social, dejados por la JPS.
Por último, aseguró que, luego de realizar consultas ante las entidades competentes, previo a iniciar operaciones, se les respondió que tanto el Ministerio de Hacienda como las Municipalidades son las únicas encargadas de regular sus operaciones.
Medios desconocen situación
Desde el 9 de octubre, la JPS emprendió una gira a medios de comunicación con el fin de advertir sobre las consecuencias de promover juegos de azar ilegales en el país.
En su visita con representantes de Central de Radio y Repretel, Britton se refirió a la publicidad que se hace de Gana 95 en las ofertas de Titicupon.
UNIVERSIDAD ubicó publicidad de Gana 95 en ofertas que duraron entre setiembre y octubre, en las que se promocionaron vouchers de entre ₡2000 y ₡5000 para jugarlo en sus productos.
Consultados Repretel y Central de Radios sobre la pertinencia de promocionar este tipo de publicidad, el presidente de Repretel, Fernando Contreras, remitió la respuesta a través de un correo electrónico al gerente de Central de Radios, Hernán Azofeifa.
Azofeifa, por esta vía, aseguró desconocer la situación legal de Gana 95, respecto de la Junta de Protección Social, pero que en caso de que se compruebe que este producto viole la ley de loterías y el marco legal, procederán a revisar el caso y no descartan cancelar o suspender la promoción de este producto en caso de ser necesario.
Aunque la pauta había sido renovada por última vez, originalmente, hasta el 20 de octubre, la oferta fue eliminada el 10 de octubre, el día posterior a la consulta y luego de que se emitieran los comunicados por parte de la JPS.
Aclaró que, efectivamente, la pauta había sido cancelada y que podría valorarse su reimplementación en el caso de que, tras el juicio, se compruebe que no incurren en ninguna ilegalidad.
Sin embargo, Solano explica en su escrito que, en otros episodios de este tipo, donde les retiran la pauta comercial, al final los fallos les han sido siempre favorables.
