Una semana de acontecimientos vertiginosos obligaron al presidente de Ecuador, Lenin Moreno, a buscar refugio en Guayaquil, mientras en la capital, Quito, los manifestantes se adueñaron de las calles.
El pasado domingo se puso fin a una violenta crisis de casis dos semanas mediante un acuerdo entre Gobierno e indígenas que echó marcha atrás la eliminación de los subsidios que se pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, expertos van más allá de este hecho y sostienen que las medidas acordadas con el FMI en lo laboral, agrario y lo tributario son las verdaderas causas de la crisis social más violenta de las últimas décadas en esa nación del sur.
Un breve repaso por los acontecimientos del domingo 13, resumidos en los titulares del periódico Expreso, de Guayaquil, dan una rápida imagen de los acontecimientos:
● Moreno sugiere creación de una comisión para tratar los cambios del Decreto 883.
● Defensoría del Pueblo eleva a siete los fallecidos en protestas.
● La estrategia del terror sometió a Quito.
● Moreno vincula a Correa y Maduro en actos de vandalismo en Quito.
● El aeropuerto Mariscal Sucre mantiene sus vuelos con normalidad.
● Restricción de movilidad se levanta temporalmente en Quito.
● Así luce la Contraloría tras ser incinerada por manifestantes.
● Estricto control en los alrededores de la Fiscalía y Flagrancia.
● En Quito: cacerolazo por la paz.
● “El presidente Moreno debe ser responsable y llamar a la tregua”, afirma el expresidente Alfredo Palacio.
● Gabriela Rivadeneira, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, se refugia en la embajada de México.
● Restricción de movilidad rige a nivel nacional.
● Protestantes intentaron llegar al Gobierno Zonal.
● Medios de comunicación denuncian ataques en Quito.
Es el retrato de un país convulso, que las imágenes de devastación en las calles de Quito desnudan. En la noche del domingo 13, Moreno estaba reunido con los líderes indígenas en una mesa organizada por la Conferencia Episcopal y la oficina de Naciones Unidas en Ecuador. Es imposible prever el resultado, pero no revisar las causas del descontento.
Subsidios y algo más
La protesta estalló el martes 1, cuando el Gobierno anunció el fin de los subsidios a los combustibles. El jueves el presidente decretó el estado de excepción en todo el país. Las marchas campesinas empezaron a bajar hacia Quito. El lunes el Presidente estimó prudente refugiarse en la más conservadora Guayaquil. El día siguiente, el martes 7, Quito estaba inundada de campesinos e indígenas que rechazaban las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno. Fue entonces cuando Moreno afirmó: “No voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices (…) La eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica”.
Quizás solo en esto último tenía razón. Habrá que ver si podrá mantener la medida, luego de las negociaciones que se desarrollaban el pasado domingo. Era solo una medida más, a cambio del préstamo por $4,2 mil millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le había ofrecido.
Pero el secreto de las protestas parece estar en otro lado. Antonio Martins escribía en Outras Palavras, una página que se identifica a sí misma como “periodismo en profundidad y poscapitalista”, sobre la “ofensiva conservadora” o el “capitalismo de desastre” en Ecuador.
¿Por qué Moreno se arriesga tanto?, se preguntaba. El país no atraviesa una crisis que hace indispensable ese crédito. El acuerdo con el FMI firmado en marzo pasado y revisado en junio “no es un rescate doloroso en medio de una crisis”, afirma.
Martins ordena las medidas que caracterizaron el vuelco político de Moreno cuando decidió abandonar el proyecto que se venía desarrollando desde los gobierno de Rafael Correa (2007-2017), del que fue vicepresidente: expulsa a Julian Assange de la embajada de Ecuador en Londres, destituye y mete preso a su vicepresidente, aliado de Correa, Jorge Glas, al que acusa de corrupción; trata de hacer lo mismo con Correa, que busca refugio en Bélgica; retira a Ecuador de la Unasur; y en octubre anuncia que el país dejará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Pero es el acuerdo con el FMI el que despierta la curiosidad de Martins. Ecuador no lo necesita, asegura. Y cita un estudio del economista Andrés Aráuz, del Centro de Investigaciones Económica y Políticas (CEPR), con sede en Washington: Ecuador tienen superávit en la balanza de pagos, no hay fuga de capitales, su deuda externa se redujo grandemente gracias a una renegociación promovida en 2009 por Correa, y el país es exportador de petróleo.
La nota roja podría ser el déficit fiscal, que podría ser una explicación para la eliminación de los subsidios a los combustibles.
El secreto está en otra parte
Pero el secreto está en otra parte. Hay que volver la mirada hacia el acuerdo firmado con el FMI en marzo.
Martins lo resume en una contrarreforma de las leyes laborales y un vasto programa de privatizaciones, incluyendo el mayor banco del país, la operadora nacional de telecomunicaciones, la venta de hidroeléctricas al sector privado, el retorno de la “autonomía” del Banco Central y la prohibición de que los bancos ecuatorianos financien el sector público.
Un informe publicado en julio 2019 por Mark Weisbrot y Andrés Arauz sobre el programa del FMI en Ecuador afirma que el acuerdo firmado en marzo pasado implica “una reducción de su PIB per cápita, un mayor desempleo y una mayor inestabilidad macroeconómica” para el país. El propio programa proyecta “que Ecuador sufrirá una recesión este año y un incremento del desempleo en cada uno de los tres primeros años del acuerdo. Incluso así, estas proyecciones son optimistas” (El documento puede ser visto aquí: http://cepr.net/publicaciones/spanish-reports/obstaculos-al-crecimiento-el-programa-del-fmi-en-ecuador).
El acuerdo no solo debilitará la legislación laboral que protege a los trabajadores más vulnerables del Ecuador, afirma otro estudio, de David Suárez, del Centro de Derechos Económicos y Sociales.
Cláusulas desconocidas hasta julio pasado contemplan un ajuste de los salarios públicos, el despido de empleados con contratos temporales y la armonización de los nuevos contratos con los salarios del sector privado, normalmente más bajos; la reducción de los costos laborales para el sector privado, incluyendo una rebaja del salario mínimo, y la flexibilización del mercado laboral, que busca adaptarlo a las condiciones sociales y del mercado, eliminando las restricciones “que resultan en menos oportunidades para los desempleados”. O sea, facilitar y abaratar los despidos.
El acuerdo contempla también flexibilizar la extensión de las jornadas laborales, extender los períodos de prueba de tres meses a tres años para los nuevos contratos y eliminar la cláusula del Código de Trabajo que otorga un plus de 35% sobre el salario mínimo a los trabajadores contratados de forma no permanente (el estudio de Suárez puede ser visto aquí: https://www.brettonwoodsproject.org/2019/10/imf-ecuador-agreement-undermines-workers-rights/).
La mesa de diálogo
Moreno acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, de estar detrás de las protestas en Ecuador.
Ambos han rechazado la afirmación, para la cual no se ha aportado evidencia alguna. Sometido a las enormes presiones de Estados Unidos, a las que se ha sumado el llamado Grupo de Lima, al que pertenece Ecuador, parece poco probable que Maduro esté en condiciones de promover un alzamiento de esta envergadura en Ecuador.
En cuanto a la participación de Correa, fueron los mismos dirigentes indígenas lo que se encargaron de hacerle saber a Moreno que Correa no tiene capacidad de movilizar a ese número de manifestantes. Las relaciones de Correa con la principal organización indígena, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) fueron muy conflictivas. De modo que, probablemente, el origen de las protestas esté en otro lado.
