El modelo de liberalización económica, que se viene consolidando desde décadas recientes, ha tendido históricamente a apoyarse sobre la inestabilidad laboral constante, y en los últimos 10 años su comportamiento ha sido creciente (algo notorio hasta en la industria de servicios), a la vez que ha demostrado fomentar una mayor concentración de la riqueza. Esta situación ha llegado a afectar a la población trabajadora con índices históricos cerca de 12% de desempleo y 44% de trabajo informal (sin garantías, sin derechos, e incluso afectando la falta de seguro social).
Por su parte, muchas micro-, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) se están viendo cada vez más afectadas a raíz del acaparamiento mercantil generado por una apertura comercial que tiende a prácticas monopólicas de grandes actores económicos en el mercado. Un claro ejemplo de este fenómeno en nuestro país es el nivel de acumulación creciente de cadenas de supermercados por parte de multinacionales como Walmart en los últimos años, que impacta y perjudica a una multiplicidad de productores y proveedores. A su vez, en términos de comercio exterior, el sector agrícola nacional se ha visto más y más pauperizado en virtud de la ausencia de un proteccionismo estatal efectivo frente a la voracidad de competidores que sí suelen contar con protecciones y beneficios en sus países de origen.
Este fenómeno se ha visto acompañado de la consolidación de grupos de interés económicos y redes empresariales que gracias a distintos incentivos, exoneraciones y privilegios, han tomado más ventajas de la cuenta. Tal es el caso de industrias dedicadas al monocultivo y algunas empresas en regímenes tributarios preferenciales. El más reciente ejemplo de este tipo de acciones es vergonzosamente notable en la reciente reforma fiscal, desde las exoneraciones en el artículo 8, las no sujeciones del artículo 9, y hasta las amnistías tributarias agregadas en la sección de transitorios, solo para dar tres ejemplos.
Más allá de las problemáticas presentes, las implicaciones a futuro de las condiciones actuales pueden tornarse aún más oscuras si pensamos en el impacto de esta coyuntura sobre aspectos como el fraude fiscal y las cotizaciones que sostienen el sistema de seguridad social.
Para garantizar oportunidades reales al sector productivo costarricense urge un apoyo verdadero a las Mipymes, así como políticas públicas orientadas a proteger la estabilidad laboral, desde el respaldo a negociaciones colectivas, especialmente en el sector privado, hasta la formación educativa necesaria para enfrentar de manera efectiva las transformaciones tecnológicas actuales y futuras.
