El 2 de noviembre del 2017, el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, posteó en su perfil público de Facebook que la Fiscalía había reabierto una investigación en su contra por el delito de prevaricato en el caso conocido como Crucitas.
En ese texto de cuatro párrafos, el mismo exmandatario (1986-1990 / 2006-2010) confirmó a sus seguidores que había sido llamado a rendir una declaración sobre ese asunto y con tono confiado agregó: “atenderé oportunamente la citación y colaboraré con la investigación, seguro de que al final del camino prevalecerá la verdad y se confirmará mi plena inocencia”.
En los meses que siguieron a aquel post, un desafiante Arias lanzó cuestionamientos hacia el trabajo de la Fiscalía en el caso Crucitas. Desde reproches porque se le solicitó prueba que él calificó como “imposible”, hasta expresar con ironía que la Fiscalía tiene “más imaginación que (Gabriel) García Márquez o Julio Verne”, como hizo el pasado lunes 28 de enero al salir de una audiencia preliminar.
En ese expediente, la Fiscalía le atribuye al exmandatario haber firmado un decreto para permitir la explotación minera en la zona Norte con base en hechos falsos.
El caso Crucitas se colocó en la historia como la primera vez que Óscar Arias -y al mismo tiempo un Premio Nobel de la Paz- afrontó una causa penal. Pero no fue la última.
El martes 5 de febrero pasado, UNIVERSIDAD dio a conocer la denuncia de una médica y activista contra las armas nucleares quien asegura haber sido violada por Arias, en el 2014, en la casa del expresidente, en Rohrmoser.
La joven de 34 años llevó su caso a la vía penal y con ello allanó el camino a otras mujeres que ahora aseguran haber guardado silencio durante décadas sobre las agresiones sexuales del expresidente.
En el transcurso de la semana surgieron acusaciones públicas, la mayoría sin posibilidad de iniciar una causa judicial porque los hechos ya prescribieron. Salvo la denuncia de la exmiss Costa Rica Yazmín Morales Camacho, quien se presentó también en la Fiscalía Adjunta de Género y denunció el presunto delito de abuso sexual, por lo cual una segunda causa se unió al expediente iniciado por la médica.
Las otras mujeres que afirmaron haber sido violentadas con acoso o abusos sexuales fueron tres periodistas, una editora de libro, una socióloga y una politóloga, cuyos relatos abarcan varios países y más de tres décadas en las que la imagen de Arias se había consolidado internacionalmente como un referente de la lucha por la paz de la región Centroamericana.
Así llegó el Premio Nobel a la encrucijada judicial que afronta hoy. Por un lado, en espera de que un Juzgado notifique en cualquier momento si la acusación del caso Crucitas será elevada a juicio; por el otro, en espera de ser indagado para que se le trasladen los cargos por delitos sexuales y pueda ejercer su defensa.
De todo esto dan cuenta los noticieros y periódicos, con ayuda de los tres abogados que el expresidente ha designado, divididos por asuntos.
Sobre el expediente por delitos sexuales no hay confirmaciones oficiales sobre el día de su indagatoria, como ocurrió con el caso Crucitas con aquel post en Facebook.
Tampoco hay -de momento- amplias argumentaciones en su defensa, más allá de un escueto comunicado que Arias envió el mismo día que UNIVERSIDAD publicó la denuncia, en el cual rechazó las acusaciones y asegura que nunca actuó contra la voluntad de ninguna mujer. Antes de esa comunicación, se había negado a hablar con este medio al respecto.
El otrora hombre más público de Costa Rica hoy guarda en secreto el proceso penal que se sigue en su contra por delitos sexuales.
En las redes sociales del Nobel desde hace días no se leen nuevas publicaciones.
Los caminos judiciales
En los dos expedientes penales que contienen el nombre de Óscar Arias en la casilla de denunciado, existe incertidumbre sobre cuál rumbo tomarán.
El proceso por el caso Crucitas está en el Juzgado Penal de Hacienda, en el que se definirá si se eleva a juicio.
La defensa del expresidente Arias, en este caso representada por el abogado Rodolfo Brenes Vargas, solicitó un sobreseimiento “por el fondo, por atipicidad y subsidiariamente un sobreseimiento por prescripción”, indicó el defensor.
En este expediente, la defensa ha alegado que Arias desconocía si estaba aprobando un decreto ilegal porque él no hacía esos trámites, sino que, una vez que otros funcionarios los preparaban, él como presidente los firmaba.
Con respecto a las dos denuncias por delitos sexuales reunidas en un mismo expediente, la abogada Gloriana Valladares -quien junto con Eric Ramos lleva la defensa de Arias- indicó que, por encontrarse en fase de investigación que es privada para terceros, no podía revelar detalles sobre las acciones que se están llevando a cabo.
La penalista comentó que, en términos generales en este tipo de procesos, La Fiscalía decide el momento en el que hace la indagatoria.
“Es el acto donde formalmente el fiscal le informa a la parte sospechosa cuáles son los hechos que se investigan, cuál es la prueba que existe en su contra, le da la oportunidad de declarar o abstenerse de declarar y de ofrecer la prueba”, explicó Valladares.
La realización de la indagatoria interrumpe los plazos de prescripción.
En el caso de la denuncia por abuso sexual interpuesta por Yazmin Morales, el asunto podría prescribir a finales de marzo de este año, a menos que antes se realice una indagatoria, con lo cual la Fiscalía contaría con dos años más.
En cambio, los hechos señalados por la activista, al tratarse de un supuesto delito de violación, prescribirían en un plazo de diez años; es decir, en diciembre del 2024.
Valladares indicó que en ese momento procesal también se le indica al imputado que existe obligación de someterse a una valoración mental según lo estipula el Código Procesal Penal cuando se trata de delitos sexuales contra menores, agresiones domésticas, cuando el denunciado sea mayor de 70 años, se exponga a una pena superior a 15 años de prisión o porque el Tribunal lo considere indispensable.
A pesar de que cuando existan esas condiciones la ley establece qué tipo de valoración mental es obligatoria, Valladares resaltó que debe existir anuencia del imputado para hacer esa diligencia, porque de lo contrario, la persona podría no acatar el procedimiento y no se lograría el objetivo.
