Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Uruguay

“Debemos abrirnos a la diversidad pero no a la fragmentación”

El secretario de Derechos Humanos de Uruguay sugiere la necesidad de un abordaje más integral de los derechos humanos, donde lo más importante para el Estado sea la dignidad.

Mientras en Costa Rica las discusiones en los temas de derechos humanos siguen causando polémicas y fragmentación ante el recrudecimiento de las posturas más conservadoras, en Uruguay el abordaje integral que ha propuesto la Secretaría de Derechos Humanos ha permitido un interesante diálogo social que pone a todos los sectores de frente a un reto común: la dignidad de todas las personas.

El secretario de Derechos Humanos de Uruguay, Nelson Villarreal, estuvo de visita en Costa Rica a finales de julio y conversó con UNIVERSIDAD sobre las particularidades del modelo que ha implementado su país y su visión sobre cómo podrían abordarse mejor algunos de los temas que tienen más dividida hoy a la sociedad costarricense.

¿A qué se debe su visita a Costa Rica?

—Tanto el embajador como la coordinadora residente de Naciones Unidas, convinieron la posibilidad de que trajéramos la experiencia de lo que es la propuesta de una Secretaría de Derechos Humanos en Uruguay, cómo funciona. Fue un seminario titulado “Los derechos humanos por una Costa Rica en la que nadie se quede atrás”. La idea es compartir cómo se construye una estrategia de transversalidad de los derechos humanos, cuáles son los desafíos actuales. Estamos en un cambio cultural, estamos en un cambio civilizatorio donde hay desafíos a la cultura democrática, la cultura republicana, a nivel de la región. El fenómeno que se está viendo aquí en Costa Rica, que también se ve en Brasil, es el cuestionamiento de actores religiosos fundamentalistas que ponen bajo sospecha la construcción de derechos.

Nosotros en esa Secretaría de Derechos Humanos articulamos las agendas particulares para que se ejecuten a través del Ministerio de Desarrollo Social o de otros ministerios. Acá parece ser que no tienen tan articulado ese tema; parte del diálogo que he tenido tiene que ver con cómo se construye una estrategia de política pública que articule actores objetivos para poder reconocer derechos.

¿Cómo funciona una Secretaría de Derechos Humanos sin que se convierta en un “superministerio” que se mete en todo?

—La clave está no en que esté todo dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, sino que el rol de rectoría es como hacer un monitoreo y seguimiento del enfoque de Derechos Humanos en todas las políticas. Tiene que ver más con lo metodológico, con la cuestión de articular la política y no tanto con la ejecución política. La ejecución política pertenece a las sectoriales, que son los actores que trabajan los temas de las agendas específicas o los derechos universales: salud, educación.

Estamos en proceso de construcción, tenemos cinco años, yo asumí hace dos años y medio, pero a diferencia de otras secretarías que han habido en América Latina que se transformaron en hiperministerios, porque incorporaron una cantidad de actividades de ejecución, la clave está en tener un rol de coordinación de políticas, de monitoreo de las políticas.

Para poner un ejemplo concreto, es visualizar con todos los organismos públicos cómo tienen una agenda de política pública que tiene enfoque de Derechos Humanos. Entonces hicimos lo que se llaman “compromisos voluntarios” con los diferentes organismos, donde son ellos los que plantean cómo trabajan su acción, desde construir una carretera hasta formular el presupuesto con enfoque de derechos humanos. En esa perspectiva construimos un proceso metodológico para trabajar esto.

Por otro lado, estamos trabajando todo un área que tiene que ver con el cambio cultural, la igualdad y la no discriminación. Entendemos que el enfoque integral de Derechos no implica solamente lo declarativo, no basta que exista la normativa o la declaración del Derecho, sino como se construyen los procesos de cambio de las subjetividades, por qué aceptás al otro que es diferente y diverso. Este es un desafío que hay en todo el mundo, el rechazo al distinto, al diferente, porque se está resquebrajando un modelo de integración e inclusión, y la clave no está en preservar los pedazos, sino abrirnos a la diversidad pero no a la fragmentación. No se trata de reconocer colectivos fragmentados, sino de reconocer que la dignidad humana, en la comunidad, hacen el concepto de Derechos Humanos.

¿Cuánto ha avanzado Uruguay con este modelo frente a estas corrientes conservadoras bastante agresivas?

—Es una cosa que vemos en todo occidente: pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, no es un fenómeno que sea exclusivo, pero en América Latina parece que agarró mucha fuerza todo el movimientos de los fundamentalistas religiosos. La clave es dónde está la centralidad de la política pública; la política pública debe reconocer el valor del derecho a lo religioso, el valor del aporte de lo religioso, pero a la vez debe poner el límite claro de que quién gestiona la política pública es el Estado en cuanto a la representación de toda la ciudadanía. El principio de laicidad supone garantizar la diversidad y la pluralidad, no es que el Estado vaya a imponer visiones, sino que busca garantizar que todos puedan estar incluidos.

Que ese es el primer problema de Costa Rica entonces, que sigue siendo un Estado confesional…

—Ahí habría que distinguir. Nosotros somos un Estado laico, que hay que evolucionar a Estados laicos, ustedes tienen un Estado confesional vinculado con el catolicismo. El catolicismo ha tenido como principio en los últimos 30 años decir que los Estados tienen que ser laicos, entonces tienen que encontrar ustedes el modelo de cómo si mantienen esa relación confesional, en la que no me quiero meter, y cómo valerse de lo positivo que puede implicar esa relación, porque están en un momento particular donde la confusión de la política pública puede generar confusiones sobre cuáles son los roles.

El actor político accede a un Gobierno por una vía democrática, por tanto representa a toda la ciudadanía, no puede quedar coptado por una forma religiosa, una forma ideológica, una forma de mercado. La laicidad del Estado hace tanto a la cuestión religiosa, ideológica y a la cuestión de fortalecer o preservar lo público respecto de lo privado. En esa lógica nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos en Uruguay trabajamos bastante en esto; el estado es laico pero tenemos unas situaciones en las cuales actores fundamentalistas tratan de imponer una visión.

En este momento en Uruguay hay una discusión sobre la “Ley Trans”, y los diputados, uno de origen católico y otro protestante, quieren que se derogue. Nosotros vimos que no todos los actores religiosos actúan de la misma manera. De hecho el cardenal católico dijo que no apoya eso porque es discriminar. Es una actitud de Derechos Humanos. No todos los actores, en lo religioso, embaten contra los Derechos Humanos. En Uruguay tuvimos dictadura, tenemos una situación de impunidad del pasado reciente y en ese sentido las iglesias trabajaron bajo la dictadura en favor de la democracia. Creemos que lo que hay que hacer es tratar de articular la política pública con actores que fortalezcan la visión secular, la visión republicana y democrática.

Lo otro es cómo se construye rectoría de Derechos Humanos en la política pública, tratando de construir transversalidad, integralidad, articulación de política, para que no se produzca ese fenómeno que puede ser bastante peligroso en el reconocimiento de derechos que termina fragmentando. Entonces la demanda hace inviable la posibilidad de un reconocimiento de la diversidad y de eso se valen los movimientos no solo conservadores, sino neoliberales, que quieren desmontar un Estado Social. Nosotros venimos trabajando un Plan Nacional de Derechos Humanos, hemos asesorado a todo el sistema educativo público para que se desarrolle un sistema de educación en derechos humanos desde la primaria hasta la universidad. Pero no solo sobre la base de la idea de valores que se quieren meter dentro de la estructura, sino como procesos pedagógicos donde tanto el profesor de Matemática como el de Ingeniería tienen que discutir sobre el valor de los Derechos Humanos, para que no quede solo adscrito a la Historia, a la Educación Cívica y la Filosofía.

Nosotros desarrollamos el hecho de cómo hacemos que se apropien los ciudadanos de la consciencia de los derechos. Entonces si el 15 de septiembre es el día de la democracia, vamos a construir un proceso de reflexión sobre la democracia, logramos hacer participar desde los partidos políticos, actores sociales y las religiones sobre cómo construimos democracia. Vamos a presentar en septiembre el resultado del diálogo de construcción democrática, para que los ciclos electorales no sean lo único que está en juego. Si el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, hicimos un mes de reflexión, lo que hacemos son mesas para la paz en todo el territorio con actores que son tanto de gobierno como de la oposición, gobiernos locales, academia, ONG, religiones, para discutir cómo se construyen los Derechos Humanos en el territorio.

Para Nelson Villareal, secretario de Derechos Humanos de Uruguay, es importante que se tenga claro el rol del Estado en la defensa y garantía de los derechos humanos. (Foto: Katya Alvarado).

Noto un abordaje bastante amplio. ¿Se ha cometido el error en materia de derechos humanos de reducirlos a las luchas de colectivos muy definidos?

—En el pasado reciente, en Uruguay los Derechos Humanos solo se veían como la violación  de estos en la dictadura; después se veían como la conquista de la diversidad, de género, de los afrodescendientes; entonces, justamente lo que hay que tratar de trabajar es que cuando hablamos de Derechos Humanos, hablamos de la dignidad de todas las personas, en comunidad. Esto es importante porque desde ese eje es que hay que visualizar todo y luego como los jerarquizamos. Debemos jerarquizar desde la interseccionalidad de las vulnerabilidades. De dónde parten la ausencia de derechos, de aquellos que están en peor condición; pero no solo solucionando los de peor condición en forma aislada. En esa lógica, la universalización de los derechos no debe partir de los que están satisfechos, sino que deben partir de aquellos que están por fuera. La dignidad de la persona es lo fundamental, sea afro, sea trans, sea en situación de discapacidad, porque sino lo que construimos son colectivos aislados.

Que quede claro que no creemos que haya modelos perfectos, todo país tiene sus procesos, su historia y podemos aprender unos de otros. La visión integral de Derechos Humanos no tiene que ser solamente una narrativa declarativa y abstracta, sino que debe involucrar los procesos efectivos que reconocen en la práctica la dignidad de las personas en la sociedad y en el hábitat.

La estrategia que hemos llevamos adelante es que hay que discutir Derechos Humanos tanto en economía, como con salud, como con ingeniería o transporte; porque desde ahí es donde uno dice: bueno, qué exista mejor acceso al transporte es una forma de dignificar, que exista reconocimiento de los colectivos afrodescendientes o trans es dignificar.

¿El ser secretario de Derechos Humanos le faculta a tener un cierto grado de autocrítica a lo interno del Gobierno y decirle al presidente: “le falta Derechos Humanos a eso que se quiere hacer”?

—Uruguay y Costa Rica son democracias que se consideran plenas. Pero yo digo que tienen opacidades. Uruguay tiene la opacidad de que tiene 11 mil presos de los cuales el 85% son menores de 28 años. ¿Cómo no vamos a criticar eso? Tenemos un problema con la salud mental que ha crecido tremendamente, tenemos 600 mil uruguayos en el exterior que no pueden votar, tenemos aún situación de un 8 por ciento de personas en situación de pobreza. Por tanto, desde la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros criticamos a tres niveles: uno que tiene que ver con la conceptualización de que aquellos que quedan fueran de la democracia son un problema no de ellos solamente, porque los estamos excluyendo y el Gobierno tiene responsabilidad en eso, porque el Estado debe ser el garante de los derechos y también el que viola los derechos humanos siempre es el Estado. Tenemos un pasado reciente con impunidad donde no sabemos de los desaparecidos, cómo la política pública con las mejores intenciones puede estar violando los derechos humanos.

Tercero, cómo construimos efectivización. Mi Secretaría no recibe denuncias, las denuncias las recibe la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es dependiente del Parlamento; pero mi Secretaría lo que tiene que hacer es que cada política pública tiene que visualizar cuáles son los techos que tiene. El presidente de la República me ha fortalecido esta idea: hay que decir cuáles son nuestros techos por más que tenemos nuestros logros.

¿Temen que en el proceso de institucionalización se burocratice la Secretaría de Derechos Humanos?

—Esta es toda una tensión, la Secretaría está en el marco de un consejo directivo de cuatro ministros: el Canciller, el ministro del Interior, la ministra de Desarrollo Social y la ministra de Educación. En ese contexto ejerzo el rol de secretario de Derechos Humanos para que exista en un marco de gabinete. Tengo un equipo de 12 personas muy comprometidas, entonces el gran miedo es que esta capacidad dinámica y de compromiso se pierda, yo creo que no en la medida que la gestión sea jerarquía en red, lo que hace que la política publica sea efectiva es la claridad. Lo que queremos es que la Secretaría tenga una mayor formalidad, pero no pretendemos que crezca, son 12 funcionarios, pretendo 20, pero que haya una buena articulación con otros organismos.


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