¿Hubo subsidio de la reserva del seguro de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para tapar agujeros financieros del seguro de salud? ¿Por qué se adelanta 15 años antes de lo previsto la discusión de una reforma del régimen del IVM, con lo que eso puede implicar en la edad de retiro, variación de cuotas y monto de la pensión de los asegurados?
Una grabación que escucharon los diputados la semana pasada dio pistas para responder esas interrogantes planteadas en el seno de la comisión legislativa de ingreso y gasto público que estudia las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El audio, de una sesión del Comité de inversiones del IVM realizada en marzo del 2012, no había trascendido públicamente. Fue presentado por Daniel Muñoz Corea, quien fungió como miembro de dicho comité, y quien alertó sobre un presunto contagio al IVM de la crisis financiera del seguro de enfermedad y maternidad (seguro de Salud), ambos administrados por la CCSS.
El funcionario tiene desde el 2012 una denuncia presentada en el Ministerio Público contra un grupo de jerarcas de la Caja por varios supuestos delitos, incluido conflicto de intereses con la compra por parte del IVM de títulos valores propiedad del seguro de Salud, en momentos en este atravesaba una crisis de liquidez en el 2010 – 2011, y necesitaba conseguir ¢90.000 millones para pagarles facturas atrasadas a los proveedores.
Las compras, según la denuncia, se hicieron en puesto de bolsa, como es lo normal, pero sin hacer la puja acostumbrada en estas transacciones para obtener el mejor precio y rendimiento posible, con lo que se habría subsidiado al seguro de salud en perjuicio de la reserva de pensiones que es propiedad de los trabajadores.
En el audio se escucha un diálogo entre Daniel Muñoz y Christian Hernández, jefe de colocación de valores, en el que el primero le pregunta una y otra vez por qué no se pujó para obtener el mejor precio, si como el mismo Hernández lo reconoce en la grabación, tienen el mandato de obtener el mejor precio y el mejor precio es el que logra mediante la puja.
Evitando responder directamente sobre el punto de la puja, Hernández afirma que no hubo subsidio, mientras que Muñoz insiste en preguntar por qué se hizo una excepción en este caso en que ellos sabían que se trataba de títulos de Salud y no hubo puja.
Se le argumenta que en ese momento (diciembre del 2010) había poca liquidez en el mercado, y que el IVM no es el único inversionista que participa, pues también hay bancos y otras entidades, y también se le menciona que negoció al nivel del precio “vector”.
Muñoz replicó que precisamente en esas condiciones y dada la gran cantidad de recursos para invertir que tenía en ese momento, IVM tenía músculo para presionar por mejor precio, y que “el vector” es solo un precio de referencia y nada inhibe la puja para buscar mejor precio, como se había hecho meses antes con un título de la misma serie en el que se logró aumentar mucho el rendimiento.
Dinorah Garro, en ese momento gerente interventora de pensiones y coordinadora del Comité de inversiones, intervino para decir que no era el momento para seguir discutiendo el asunto, porque Muñoz ya había enviado una nota a la gerencia que se estaba analizando para contestar.
En la misma línea se pronunció Lorena Barquero, asesora legal de la gerencia de pensiones, presente en la reunión, y José Luis Quesada, jefe de administración de riesgo, quien dijo que ese era un asunto delicado como para discutirlo ahí, que el comité de riesgo estaba analizando una nota presentada por Muñoz sobre el tema, y que la auditoría también está realizando una investigación.
Muñoz señaló entonces que lo que había pedido antes era explicar por qué se había invertido en títulos que no tenían bursatilidad (eran poco atractivos para la inversión), y lo que estaba preguntando en ese momento era nuevo: por qué no se pujó.
Enfatizó sobre la necesidad de una explicación en ese momento, porque ellos estaban decidiendo y eran los responsables de firmar, y les recordó que ellos estaban representando a 170.000 pensionados y 1,3 millones de asegurados.
Muñoz relató a los diputados que esa fue la última sesión en la que participó, porque se le excluyó como miembro del Comité de inversiones, y pese a que en esa ocasión se le dijo que se estudiaba sus preguntas para responderle, al presente no le han contestado.
Explicó que esa discusión se dio en marzo de 2011, y en el primer semestre de ese año vencía el 43% de la cartera de inversión del IVM, de ¢1,6 billones (aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto), de manera que la cantidad que tenía el fondo para invertir era impresionante.
MOTIVOS
El diputado socialcristiano Humberto Vargas quiso saber cuáles podrían ser las motivaciones de los funcionarios para actuar como actuaron, y quién ganó.
Las motivaciones de fondo – respondió el compareciente – son parte del interrogatorio que hay que hacer, “lo que puedo decir es que tengo notas con preguntas que datan del 2013 y 2014 y no las contestan.”
A primera vista ganó el seguro de Salud al obtener liquidez, cuando pasaba por una crisis y no podía pagarles a los proveedores. Podría ser considerado ganador Manuel Ugarte, el gerente financiero de entonces, quien logró salir con su pensión poco después tratando de no ser cuestionado, aunque la comisión legislativa que investigó la Caja en el 2012 sí recomendó su despido, comentó Muñoz.
Vale mencionar que el pasado 1 de febrero, la Contralora General de la República (CGR), Marta Acosta, ratificó la decisión de la división jurídica de ese órgano que dispuso el despido de Ugarte sin responsabilidad patronal y la prohibición para ingresar a cargos de la hacienda pública por dos años.
En el proceso administrativo el órgano contralor lo encontró “responsable por negligencia” en que no se actualizara el valor de los alquileres de los dos edificios de la sede central, inmuebles que pertenecen al IVM y se arriendan al seguro de Salud.
No fue sino después que Ugarte dejó el cargo que su sucesor pudo realizar el ajuste del precio del alquiler que debía efectuarse (un monto cercano a los ¢5.000 millones por el periodo 2008-2012), señaló la CGR.
La sanción, sin embargo, queda en el papel porque el funcionario ya se pensionó, pero se confirma el subsidio vía alquileres que el IVM daba a Salud.
Tanto el diputado Vargas como el liberacionista Rolando González preguntaron si se podía cuantificar la pérdida en rendimientos por haber comprado los bonos de Salud sin puja.
Muñoz dijo que no había podido hacer el cálculo porque hay mucho hermetismo con la información y siendo miembro del Comité de inversiones la pidió pero no se la dieron.
Sin embargo, anotó que si se piensa en inversiones de esa magnitud, como los ¢74.000 millones en títulos que se transaron inicialmente, y aparentemente hubo mucho más, una diferencia de un punto o incluso medio punto porcentual es mucho dinero.
