¿Por qué se asesinan ambientalistas en Costa Rica?

El pasado 25 de enero inició un nuevo juicio por el asesinato de Jairo Mora y, paralelamente a la preocupación de que la impunidad se imponga, este caso recuerda el de muchas personas activistas en la defensa del medio ambiente que han sido asesinadas o amenazadas en las últimas décadas.

La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecón) mantiene el registro de diez asesinatos, igual número de incendios provocados, unos catorce atentados contra la integridad física y unas 26 demandas planteadas contra activistas del medio ambiente (Ver recuadro).

Esos números no tienen comparación con la persecución que puedan padecer otros sectores sociales, excepto quizás los campesinos sin tierra, como lo hizo ver Mauricio Álvarez, presidente de la Fecón.

El activista consideró que el elevado número de muertes y agresiones que enfrenta el ambientalismo costarricense puede deberse a la combinación de tres factores.

En primer lugar, el hecho de que el tema es movilizador para la sociedad en general, “las comunidades hace tiempo se organizan mucho en la defensa de sus recursos, es uno de los temas más movilizadores en los últimos 20 años y eso se corresponde con el incremento de las acciones violentas”.

Por otro lado, subrayó la realidad de que se vive una crisis ambiental “cada vez más profunda”, ante lo que consideró el agotamiento de la frontera agrícola y del asentamiento humano en general, lo cual suma presión sobre los recursos naturales en un contexto de crisis globales de alimentos y el clima.

El tercer aspecto señalado por Álvarez es el grado de beligerancia del sector, el cual “se ha planteado objetivos grandes como declarar al país libre de minería, petróleo o transgénicos, hace que se luche contra intereses muy fuertes, que a veces tiene ese tipo de comportamiento y expresiones”.

Uno de los principales antecedentes de muertes de ambientalistas se dio a mediados de los años 90, cuando Óscar Fallas, María del Mar Cordero, Jaime Bustamante y David Maradiaga -quienes formaban parte de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO)- murieron en circunstancias más que sospechosas luego de haber denunciado ante la prensa haber recibido amenazas.

Un caso similar al de Jairo Mora quien fue asesinado en mayo del 2013 en playa Moín, Limón, mientras se dedicaba a su labor de rescate de huevos de tortuga marina y luego de que igual que sus antecesores denunció haber recibido amenazas. La agresión también alcanzó a unas voluntarias extranjeras que lo acompañaban.

OBSTÁCULOS HUMANOS

Uno de los casos más recientes de amenazas conferidas a un ambientalista es el de Otto Méndez, presidente de la Unión Norte por La Vida (Unovida) y quien desde hace años ha luchado “por el bienestar de los ríos ante el establecimiento de plantas hidroeléctricas”, en busca de “un modelo energético diferente”.

Según relató, en octubre pasado asistió a una reunión de vecinos convocada por la Cooperativa de Electrificación de San Carlos (Coopelesca), para informar sobre el proyecto hidroeléctrico (PH) La Unión.

Al llegar se percató de que se trataba del replanteamiento con nombre diferente de una vieja iniciativa rechazada por los vecinos hace años, llamada PH El Futuro, por ello pidió la palabra y solicitó se organizara un debate sobre los beneficios del proyecto.

“Los ánimos se caldearon, los vecinos se molestaron al punto que uno de ellos dijo que me largara porque si no me quemaba el carro”, recordó.

Méndez informó que ese tipo de amenazas no le son extrañas: “Cuando se construyó el PH La Manguera sobre el río La Esperanza, un desarrollador amenazó con quemarme la casa”. Aclaró que ya esa persona no tiene participación en la empresa.

El activista además apuntó que también ha sido objetivo de demandas legales, que normalmente se solucionan por la vía de la conciliación. “Es una forma sistemática de criminalizar”, sentenció.

Ante la pregunta de por qué el ambientalismo enfrenta semejantes agresiones y amenazas, Méndez respondió que “hay una arremetida en contra de los recursos naturales, hay fuentes de riqueza muy grandes, una de ellas es el agua”.

Añadió que por ello existen ciertos “grupos de gente organizada que ya ve réditos económicos y cualquiera que se atraviese es un obstáculo, es una arremetida para lucrar con los ecosistemas”.

“INTENSA CONFLICTIVIDAD”

Desde enero del 2015 John Knox, Experto independiente de Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos y el medio ambiente, señaló en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, precisamente a raíz del caso de Mora, que quienes trabajan en la defensa del medio ambiente “corren un alto riesgo de asesinatos, ataques, agresiones, amenazas e intimidación”.

El XXI Informe del Estado de la Nación, publicado el año pasado, destacó que “la gestión ambiental es motivo de una intensa conflictividad social, que se expresa tanto en espacios formales e institucionales (…), como a través de acciones colectivas. En 2014 estas últimas alcanzaron el número más alto de que se tiene registro”, desde que se creó en 1993 la base de datos que monitorea esta realidad.

Según esa fuente, en el 2014 se presentaron 57 protestas, que equivalen a un 9,7% de los registros de las 585 manifestaciones que se dieron para todos los demás temas.

El Proyecto Estado de la Nación (PEN) señaló que el periodo 2010-2014 ha sido de “intensa conflictividad” en materia ambiental, pues se presentó un total de 199 acciones colectivas, las cuales representan más del 60% de todas las que se dieron en los diecisiete años previos.

Uno de los hallazgos más llamativos del PEN es que la protesta ambiental es impulsada principalmente por las comunidades. Entre 1993 y 2014, el 49,8% de todas las acciones colectivas fue realizado por vecinos y vecinas, y un 26,9% por grupos ambientalistas organizados.

Esa tendencia se mantuvo en el 2014, cuando las comunidades fueron protagonistas del 47% de todas las protestas ambientales.

El 80% de las protestas que se registraron en el 2014 se dirigieron contra el Estado en su conjunto, lo cual incluye ministerios, municipalidades, instituciones descentralizadas, Asamblea Legislativa, Gobierno, Presidente de la República, Poder Judicial, entidades de regulación y alcaldes.

CAUSAS ESTRUCTURALES

Felipe Alpízar, director del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, ponderó que para entender el fenómeno de las agresiones contra ambientalistas, en primer lugar se deben considerar causas estructurales que tienen que ver con los patrones de uso de los recursos naturales.

“En los últimos 30 años hemos llegado a límites en el uso de los recursos naturales, no nos alcanza la cobija y entramos en usos competitivos de los recursos, es decir se usa agua con fines agrícolas y con ello se limita acceso de una comunidad. El país es pequeño, la naturaleza le impone unos límites a la actividad económica y no lo queremos reconocer”, indicó.

Alpízar, quien ha realizado investigaciones sobre los conflictos alrededor del acceso al agua, subrayó la contradicción de que “los recursos son finitos, la actividad económica y a veces la codicia es infinita; eso hace que entremos en conflicto”.

El hecho de que los conflictos ambientales lleguen a los niveles de violencia apuntados, puede deberse a que usualmente ciertos proyectos económicos “no consideran la variable ambiental y ese límite se lo tienen que exigir las comunidades; ello provoca que se pongan en riesgo proyectos y capitales de muchísmo peso y no sabemos de dónde provienen o qué tipo de gente está detrás”.

Tras hacer la salvedad de que también existe un empresariado comprometido con mantener prácticas ambientalmente sostenibles, el politólogo llamó la atención al hecho de que buena parte de los conflictos es generada por la actividad económica que pone en riesgo condiciones de vida y por lo tanto las comunidades protestan, un fenómeno identificado por el economista catalán Joan Martínez Alier como el ecologismo de los pobres.

“Cuando las necesidades inmediatas están en riesgo se hace una defensa muy beligerante, no es la cosa romántica de defender una lapa, sino que se trata de la vida misma, me muero si no tengo agua, probablemente el nivel de compromiso es mucho más fuerte porque se le va la vida en esto”, apuntó.

En el centro del problema yace la contradicción de que la naturaleza impone límites, pero por “el modelo económico en el que vivimos no estamos acostumbrados a reconocer límites, pensamos que podemos crecer ilimitadamente, que la actividad económica puede crecer ilimitadamente, que podemos usar el agua ilimitadamente, pero se viene la sequía y se muere el ganado”.

Jorge Polimeni, es delegado ejecutivo de la Fundación Bandera Ecológica y fue miembro de AECO; consideró en primer lugar que la temática ambiental en la sociedad costarricense es un fenómeno “muy nuevo”, pues la institucionalidad ambiental -lo cual incluye a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, las instituciones de gobierno y municipales- inicia a mediados de los años 90. Como ejemplo de ello citó que la Ley Orgánica del Ambiente data de 1995.

Ante la pregunta de por qué el ambientalismo padece los niveles de agresión señalados, los cuales no se dan con la misma magnitud en otros sectores del activismo social, Polimeni señaló que “estamos apenas gateando, tenemos 25 años, no podemos comparamos con el movimiento sindical que es más viejo que el 48”.

Explicó que desde la lógica institucional, los asesinatos ya mencionados de Fallas, Cordero, Bustamante y Maradiaga, son equiparables a las víctimas del Codo del Diablo. “Nuestros primeros muertos ambientales obedecen a los muertos que pudo haber por conquistas laborales en los años 50. Son momentos en que van surgiendo las institucionalidades”.

Polimeni destacó que el movimiento ambientalista es “la suma de muchos movimientos diferentes” y subrayó la importancia de distinguir entre al ecologismo, del que forma parte, el ambientalismo y el conservacionismo.

El conservacionismo aboga por la preservación de sitios específicos por su riqueza natural, sin cuestionar la incidencia ambiental del sistema económico y político.

El ambientalismo, tal como lo publicó en UNIVERSIDAD el catedrático Róger Martínez, supone que todos los problemas ambientales, económicos y sociales, “se resuelven desde la racionalidad económica del mercado (lucro)”.

El ecologismo entiende los problemas ambientales como consecuencia estructural del sistema económico y político y, por lo tanto, aboga por cambios profundos en este.

“De estos muertos muy pocos son conservacionistas, excepto algunos que se enfrentan a cazadores”, acotó Polimeni.

El especialista coincidió con las otras fuentes consultadas en señalar que “está claro en que en la medida en que se materializa cada vez más la escasez de los recursos y la lucha pasa de ser romántica a ser una lucha reivindicativa al acceso concreto al uso del recurso, la cosa se pone violenta y eso es lo que creo que produce la muerte de los ambientalistas en general”.

Polimeni analizó que las luchas ambientales pueden dividirse entre aquellas más concretas por el acceso a recursos, “las más violentas, en las que se tira la gente a la calle, se hacen manifestaciones en Casa Presidencial”, y otras que tienen que ver con temas como el rechazo a la explotación petrolera.

Llamó la atención al hecho de que la escasez de un recurso, como puede ser el agua o la tierra, “refiere inmediatamente a quién es el dueño del recurso”.

Ante la pregunta de cuánto pesa la impunidad ante la realidad de las muertes y agresiones a los ambientalistas, manifestó que “cuando son muertos y públicos y hay un movimiento atrás, se hace muy notorio, pero el sistema judicial es un fracaso duro y parejo para todo el mundo”.

“Los ambientalistas valemos lo mismo que un narco, en la Corte o en el sistema de seguridad y judicial en general, un ajuste de cuentas es explicación suficiente para crímenes y así se comporta la Corte cuando se trata de ambientalistas”, elaboró.

Polimeni ofreció de ejemplo el caso de Jairo Mora y aseveró que “es el primero que queda atrapado en una playa que era usada por el narco. Ya se había denunciado ante (el entonces ministro de Seguridad) Celso Gamboa, él mismo luego de la muerte Jairo hizo cinco decomisos en esa playa, pero el tema del narcotráfico nunca llega al expediente del asesinato, la Fiscalía no dice ni pío”.

Explicó que en la actualidad los ecologistas tienen por un lado a las comunidades que son privadas del uso y acceso de recursos naturales y “solitas van a estallar, porque no se van a quedar sin agua, eso alimenta la lucha ecologista”.

Pero por otro, el narco “con pedazos de territorio que encuentra en toda América Latina, pues pasa lo mismo en el Amazonas o en Honduras”, de manera que que en la práctica “ser ecologista es peligroso, aunque usted esté defendiendo el agua de su casa. Es una profesión de alto riesgo”.