País

Gobierno de Chaves acelera política de administración Alvarado de reducir el presupuesto para infraestructura educativa

Para este 2023 el monto destinado a ese urgente rubro llegó a un mínimo en la historia reciente, de acuerdo con datos presentados por la Unión Nacional de Gobiernos Locales a la Asamblea Legislativa.

Antes de 2018, cada año se presupuestaba para infraestructura educativa “alrededor de ¢90 mil millones o ¢100 mil millones”, pero “ya en 2018 se presupuestó solo ¢75 mil millones; en 2020, ¢38 mil millones y este año ¢13.700 millones”.

Sin mencionar directamente a las administraciones implicadas en esa reducción presupuestaria, el exalcalde de Mora, Gilberto Monge, ofreció esas contundentes y preocupantes cifras en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa.

Monge formó parte de una comitiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), que llegó a la mencionada Comisión a manifestar su apoyo y planear sugerencias a un proyecto de ley denominado “Segunda ley especial para la transferencia de competencias: Atención plena y exclusiva del equipamiento e infraestructura educativa”.

Un proyecto que en esencia busca que parte del presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) sea girado a las municipalidades para que puedan dar mantenimiento o reparación a escuelas públicas, por ejemplo.

Monge dijo que “tener centralizado el proceso de conservación y mantenimiento de infraestructura educativa ha hecho que tengamos entre 800 y mil órdenes sanitarias, ante la subejecución” de parte de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP.

La representación de la UNGL fue encabezada por su directora ejecutiva Karen Porras, quien cedió la palabra a Monge y a Rafael Vargas, representante de la presidencia de la junta directiva de la UNGL, quien por su parte llamó la atención a que “las juntas de educación no tienen recursos” para dar mantenimiento a los centros educativos, por lo que “llegan a las municipalidades a buscar ayuda, algunas que tenemos recursos podemos contribuir en algo, pero para la mayoría es casi imposible”.

Vargas añadió que si se mantiene la situación actual, el Ministerio de Salud “va a seguir girando órdenes sanitarias y los va a seguir cerrando” y subrayó que como municipalidades “no tenemos un cinco ahora para arreglar centros educativos”.

Durante la audiencia quedó claro el apoyo total de la UNGL al proyecto de ley, pues, tal como dijo Vargas, “la cantidad de recursos que pueden llegar a las municipalidades por este proyecto de ley si se prueba es importante”.

Según Monge, al día de hoy se trataría en total de unos ¢120 mil millones a ser distribuidos entre las 84 municipalidades

Propuesta

El proyecto de ley busca “transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la infraestructura de los centros educativos que imparten educación preescolar, general básica y diversificada”

Entre las competencias que concede a las municipalidades apunta: “Ejecutar los planes, programas y proyectos de infraestructura y equipamiento educativo, de conformidad con los lineamientos dictados por el Ministerio de Educación Pública”.

La propuesta establece que el origen de los fondos será “al menos un 1,5% del total del rubro presupuestario que se incluya en el presupuesto ordinario de la República al Ministerio de Educación Pública”.

Además, establece que se distribuirá de la siguiente manera: un 35% se repartiría según la extensión de metros cuadrados de construcción de centros educativos en cada cantón; un 30% de acuerdo a la calificación en la dimensión educativa del índice de desarrollo social, de manera inversamente proporcional, para que los cantones peor calificados reciban más dinero; 20% proporcionalmente según la población educativa del cantón y un 15% por partes iguales entre todas las municipalidades.

En este rubro es en que la UNGL presentó diferencias, pues su sugerencia es que un 35% se reparta según la población estudiantil del cantón, 30% de acuerdo a índice de desarrollo social, 20% según la cantidad de metros cuadrados de infraestructura educativa, y un 15% parejo para todas.

Monge apuntó que ante “la situación tan grave en la infraestructura educativa y tomando en consideración que el presupuesto del MEP es ¢2,5 billones, ¢120 mil millones distribuidos entre 84 municipalidades perfectamente podría ser un monto bastante razonable para resolver una realidad muy complicada que tenemos”.

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