El primer paso para tratar de enfrentar la ola de criminalidad y de inseguridad ciudadana que sobrepasa los niveles históricos en Costa Rica consistirá en aprobar reformas legales que los jerarcas de los tres Poderes de la República consensuaron y consideran urgentes; el segundo frente será una reunión que se realizará luego de Semana Santa para tratar temas presupuestarios, a la que se agregarán el ministro de Hacienda Nogui Acosta y el presidente Rodrigo Chaves.
Así lo informó el presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias, luego de una reunión de tres horas en las que los jerarcas de seguridad definieron un conjunto de reformas legales que consideran urgentes, entre las que se destaca la creación de la jurisdicción especial contra el crimen organizado y ampliar la normativa de las intervenciones telefónicas.
“Me parece que hemos podido dar un primer paso”, declaró Arias, quien convocó al encuentro la semana pasada, al que se integraron el presidente de la Corte Suprema de Justicia Orlando Aguirre; la presidenta de la Sala Tercera Patricia Solano; el fiscal Carlo Díaz; el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga; el Ministro de Seguridad, Jorge Torres; el Ministro de Justicia, Gerald Campos; el director de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) Hans Sequeira; y la presidenta de la comisión de Seguridad y Narcotráfico, la diputada Gloria Navas.
Aguirre destacó que se entregó un listado con proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa y consideran urgentes para mejorar el combate de la inseguridad, que desborda sus registros históricos: la tasa de homicidios no solo alcanzó un inédito registro de 12,6% el año pasado, sino que lleva paso para superar los niveles de 14%. En solo 15 años, los las denuncias por delitos crecieron de un rango de 50 mil al año, a 107 mil en el 2022. Esto en medio de recortes constantes a los recursos presupuestarios destinados para enfrentar el crimen organizado, mientras la inversión social del país, además, registra los niveles más bajos de la década.
Aguirre mencionó como reformas urgentes la ley para la creación de la jurisdicción especial contra de la delincuencia organizada, modificaciones legales para ampliar las intervenciones telefónicas y agilizar las autorizaciones para realizar allanamientos y escuchas telefónicas. “Estamos dispuestos a colaborar, desde el Poder Judicial, para poder sacar estos proyectos”, dijo.
Por su parte, la diputada Navas mencionó como prioridades el proyecto 23.090 para la integración del Tribunal de Crimen Organizado, y reformas a la ley contra la delincuencia organizada, para fortalecer la eficiencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, y poder quitarle los bienes al crimen organizado. “Hemos logrado avanzar bastante, incluso hay un proyecto que estamos a punto de votarlo, aunque hay algunas mociones estorbando la tramitación”, manifestó.
La lista de los ocho proyectos con los que se inició el proceso de procurar una aprobación urgente, arrancó con los siguientes expedientes, según informó la oficina del presidente legislativo:
| Proyecto | Reforma |
| 21.551 | Ley para la eficiencia y transparencia presupuestaria del impuesto a personas jurídicas |
| 21.643 | Ley de creación del Centro de Capacitación del OIJ |
| 22.590 | Reforma a Ley de Telecomunicaciones, sancionar a quien fabrique dispositivos que interfieran sistemas de comunicaciones autorizados. |
| 22.651 | Reforma del artículo 191 del código procesal penal, para fomentar eficiencia en el levantamiento de cadáveres |
| 22.834 | Reforma a ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la jurisdicción contencioso administrativa. |
| 22.836 | Reforma a Código Procesal Penal, relacionadas con allanamientos y recepción de pruebas. |
| 23.090 | Creación de Jurisdicción especializada en delincuencia organizada, |
| 23.347 | Reforma a ley sobre registro, secuestro y examen de documentación privada, para ampliar intervenciones telefónicas a casos de secuestros, corrupción agravada, legitimación de capitales. |
| 23.634 | Reforma al Código Procesal Penal, para autorizar anticipación jurisdiccional de recepción de pruebas. |
Por su parte, Arias enfatizó que la segunda vía se relaciona con temas que se salen de la esfera del Poder Legislativo, por lo que se buscará enfocarlos en un encuentro posterior, posterior a Semana Santa. “Vamos a analizar soluciones que requieren componentes presupuestarios, en ella vamos a invitar al Ministro de Hacienda y al Presidente, para que nos acompañen”, declaró.
