Con la única excepción de la bancada del Partido Progreso Social Democrático (PSD), todas las fracciones legislativas restantes arremetieron contra lo que consideran una campaña orquestada por el propio presidente Rodrigo Chaves para debilitar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de la cual el último capítulo fue la suspensión de la construcción de alrededor de 50 proyectos su portafolio de inversiones.
En un debate reglado aprobado para hoy, los diputados del PSD intentaron justificar la decisión de la Junta Directiva de la CCSS -controlada por el Gobierno luego de expulsar a varios directivos- de postergar los proyectos de inversión que todavía no habían empezado a ejecutarse. “No fue un acuerdo del Presidente de la República ni de la Presidenta Ejecutiva (Marta Esquivel), sino de la Junta Directiva, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de la CCSS”, dijo el diputado Daniel Vargas.
El PSD insistió en que se trataba de una medida temporal, mientras se busca lograr un mayor conocimiento de la situación financiera de la CCSS. “La Caja está gravemente enferma, producto de muchos años de malas administraciones, y aunque el tratamiento es doloroso, también es necesario para poder saber con certeza su verdadera situación económica”, expresó la diputada Pilar Cisneros.
Sin embargo, las otras fracciones coincidieron en sostener que los argumentos oficialistas no tenían sustento, como la mención de que la CCSS estaba quebrada. “La Caja no le debe a nadie, a la Caja le deben, es el Estado quien ha sido omiso en pagarle lo que le debe”, señaló Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien resaltó que esa deuda alcanzaría al menos del 2,6 billones. También reclamó que el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se negara a trasladar los fondos que se aprobaron en el Presupuesto ordinario por 26 mil millones.
La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), también resaltó la veracidad del alegato de la quiebra. “A diciembre del 2022, la CCSS tiene un superávit de 1,5 billones, es decir, millones de millones. Tiene reservas reportadas por 1,4 billones, de nuevo, millones de millones, y la deuda del Estado de es 2,6 billones, sin contar la deuda judicializada de otro billón. No me digan que está quebrada; si el Estado es el mayor deudor”, dijo.
Guillén también cuestionó las prioridades del Gobierno, ya que alega que la CCSS está quebrada, pero si hay plata para pagar por contratos de tercerización. “Además, es irónico que el Gobierno esté preocupadísimo por pagar la deuda externa e interna, a los prestamistas de Europa y de Estados Unidos, a esos hay que pagarles, pero a la CCSS no, a pesar de ser también una deuda del Estado”, reclamó.
Los diputados también cuestionaron si existía un interés directo del gobierno por debilitar a la CCSS, como lo hizo la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), luego de cuestionar por qué el Gobierno no asumió un crédito del BCIE para la CCSS, pero no tuvo problemas en asumir un crédito para el proyecto de Ciudad Gobierno. “¿O es que la propuesta es la privatización de la CCSS? Aquí no estamos hablando de cualquier privatización”, manifestó.
En esa dirección, la diputada Rocío Alfaro del FA, comentó que no se podía creer que se presentaran tantas casualidades. “No es casualidad que hace varias semanas rediseñaron la Junta Directiva, y cortaron cabezas ilegalmente. No es casualidad que la última acta de esa Junta Directiva publicada es del 17 de noviembre del año pasado, una total falta de transparencia. No es casualidad que la Presidente Ejecutiva (Marta Esquivel) dijera en comisión que no iba a cobrar la billonaria deuda del Estado. Tampoco es casualidad que algunos directivos se benefician con el no cobro de sus deudas. Parece que esta suspensión de obras sigue el objetivo de quebrar a la CCSS”, declaró.
También la diputada Ramírez llamó la atención sobre lo que consideró “una retórica peligrosa, presentar a la CCSS como una institución debilitada, cuando se hace todo lo posible por debilitarla”. E incluso Gloria Navas, del partido Nueva República, quien declaró que estuvo internada en diciembre por un padecimiento grave, calificó la situación como “un ataque a la democracia, a la ciudadanía no se le ha consultado de esta suspensión en la construcción de hospitales y obras que son necesarias para la salud de los costarricenses”.
Además, varios legisladores cuestionaron que hace pocos días se les presentó una comunicación en la que se indicaba que todo se encontraba en regla en este portafolio de inversión, y apenas diez días después se cambió la versión. “Nos informaron que se había creado un comité, pero en menos de diez días, la Presidencia Ejecutiva (de la CCSS) dice no y detiene todo. ¿Por qué si habían advertencias, como señaló luego Marta Esquivel, habían indicado primero que todo estaba bien?”, reclamó Joana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP). Un reclamo similar realizó la diputada Dinorah Barquero, del PLN.
