En unísono todas las fracciones de la Asamblea Legislativa fustigaron al Poder Ejecutivo y, en particular, al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por anunciar el megacaso de fraude fiscal con “bombos y platillos”, sin mencionar que ya se había solicitado su desestimación por parte del Ministerio Público.
Las fracciones calculan que la acción pudo haber tenido amplias consecuencias en el Estado, al dejar la reputación de Acosta y de Hacienda “por el piso” para futuros casos de fraude fiscal, como lo reclamó la diputada Andrea Álvarez: “Fue un acto de mala fe, sino un acto increíblemente irresponsable y ridículo”
El jueves pasado el Ministro Acosta anunció que tenían un megacaso de fraude fiscal, el cual ya estaba desestimado por la Fiscalía General de la República cuando se dio su anuncio en conferencia de prensa. El aparente fraude sería de c.11 mil millones y tocaba a Leonel Baruch, socio del banco investigado, quien a su vez es el dueño del medio digital CRhoy, con quien el presidente, Rodrigo Chaves, ha tenido diversas escaramuzas por informaciones periodísticas.
“¿Cuánto va a empezar a gobernar este presidente? Hasta el momento solo lo ha utilizado el poder para beneficiar a quienes lo apoyaron en campaña o para buscar silenciar a sus detractores ¿Dónde están los proyectos de reactivación económica y de educación?”, espetó.
El Frente Amplio denunció la “falta de congruencia” del Gobierno, que se dice comprometido con el el combate de la elusión y evasión fiscal, pero no convoca los múltiples proyectos que buscan cerrar los portillos a los evasores.
“En agosto del año pasado en la discusión de eurobonos yo le entregué a don Nogui Acosta, Ministro de Hacienda, tengo el recibido de él, una lista de proyectos de ley antifraude en donde le pedía apoyar e impulsar ¿Saben cuántos de esos proyectos convocó en extraordinarias este Gobierno? Cero, son muy buenos vendiendo humo, pero a la hora de los hechos no ponen las convocatorias y no ponen los votos”, reclamó la diputada Guillen, tras enlistar ocho iniciativas que la fracción puso en corriente legislativa.
La diputada Paulina Ramírez también lamentó la falta de compromiso del Ejecutivo en la materia a sabiendas de que hay tres expedientes en la Comisión de Hacendarios contra el fraude fiscal que ya han sido dictaminamos positivamente, pero que no fueron convocados. También mencionó los recortes del Gobierno a los programas contra evasión fiscal y el crimen organizado.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN) también reclamaron a Acosta el grave peligro en el que consideran que el anuncio pudo poner a todo el sistema financiero y bancario, con posible retiros de dinero y pidieron explicaciones públicas de su parte, así como consecuencias.
Entre los reclamos se repitieron expresiones como “vende humo”, “show”, “fracaso”, “ridículo”, “circo”, “irresponsabilidad”, “mala intención”, “mala fe”, “revanchismo”, “persecución” y otros, que sepultaron al oficialismo, al quedar solo en la defensa de la “pifia”.
“Lo que se dio fue un megaridículo (…) falto el que le dio la información, o faltó usted o usted simplemente sigue instrucciones del Presidente para violentar la libertad de prensa en este país”, dijo la liberacionista Dinorah Barquero.
La fracción de Nueva República, aunque con más mesura en sus calificativos, coincidió con el resto de las fracciones, por ejemplo, su jefe de fracción, el diputado, Fabricio Alvarado, pidió al Gobierno no tirar gasolina en el descontento popular al dar expectativas que no pueden cumplir, por ser casos “que ya se zanjaron”.
“En un tema como este en el que hay tanto dinero involucrado, mientras los programas sociales sufren restricciones y limitaciones, en vivienda, salud, educación no se vale tirar bombas al aire”, agregó Alvarado.
Varias personas diputadas hicieron referencia a las múltiples excusas que Acosta dio tras develarse que no se dio la información completa, por ejemplo, Pablo Sibaja: ¿Cómo con una investigación con una denuncia tan seria de tantísimos millones sale el máximo jerarca de Hacienda a decir que ni siquiera sabe que banco era?”.
Ante un ataque unido y frontal, Pilar Cisneros concentró la defensa en sembrar dudas sobre el proceso judicial, su tiempo de resolución, la fecha en la que se desestimó y otros y lo relacionó con el fallo de la Sala IV a favor del Parque Viva.
“Algunos se atreven a decir que es sed de venganza, pero cuando la Sala IV decide que cerrar el Parque Viva afecta la libertad de prensa porque sus dueños también son dueños de La Nación abre un portillo muy peligroso porque eso quiere decir que ahora son intocables la enorme cantidad de negocios en los que participan los dueños de los medios”.
Agregó que la solicitud de desestimación se puede reabrir después de que Hacienda recabe más prueba, a lo que el resto de fracciones reclamaron que ese debió ser el anuncio de Acosta.
