Con el anuncio que realizó el Presidente Rodrigo Chaves de que el Consejo de Gobierno abrió un procedimiento contra cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) surge una serie de dudas sobre cómo funcionará la institución y si el Gobierno tiene potestad para suspenderlos y nombrar a otras personas en los puestos.
UNIVERSIDAD consultó al exdirector jurídico de la Presidencia y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Marvin Carvajal quien explicó que, pese a que el Consejo de Gobierno sí tiene la facultad de abrir procedimientos a los miembros de Juntas Directivas de instituciones descentralizadas, e incluso suspenderlos con goce de dietas, no puede sustituirlos, o establecer una Junta paralela, a menos de que los sectores a los que representan elijan ternas de candidatos.
“El Presidente por sí solo no puede tomar esta decisión, debe hacerlos el Consejo de Gobierno, pero deben ser respetuosos del debido proceso, incluso no es tan sencillo nombrar sustitutos de esos miembros”, explicó Carvajal.
Incluso si los sectores se organizaran e hicieran ternas, esos candidatos podrían operar únicamente durante el tiempo que se lleve a cabo el procedimiento de la medida cautelar, hasta que se concluya si hubo o no algún tipo de falta.
Para hacer una suspensión de los miembros de la Junta Directiva debe existir un indicio importante de que se haya cometido alguna falta grave por parte de los directivos y cuando su permanencia pueda ocasionar algún tipo de dificultad al procedimiento
“Las personas tienen absoluta posibilidad de defenderse, garantizarse el debido proceso, acudir a la Sala Constitucional e impugnar, ante el propio Consejo de Gobierno o ante el Contencioso Administrativo y pedir como medida cautelar que elimine la suspensión de sus cargos. Y para nombrar a personas que los sustituyan temporalmente deberá seguirse el proceso ordinario que se usa para nombrar a los directivos, cualquier otro mecanismo sería ilegal”, aclaró el jurista.
El Presidente Chaves hizo pública la denuncia de tipo penal por haber probado el reajuste salarial retroactivo para los funcionarios de la institución, ya en firme a pesar de los intentos del Ejecutivo por frenarlo.
Aunque omitió decir el nombre de los cinco directivos señalados, parece claro que cuatro de ellos son Martha Rodríguez, representante de sindicatos, José Luis Loría, del movimiento cooperativista, Jorge Arturo Hernández, de patronos, Maritza Jiménez del Movimiento Solidarista y Carlos Salazar, designado por el Poder Ejecutivo, además del expresidente ejecutivo, Álvaro Ramos.
Los cincos directivos suspendidos votaron a favor de que se pagara la mejora salarial, aprobada desde diciembre de 2019, la cual quedó en firme en setiembre pasado, con la consecuente destitución de Ramos de su puesto por parte del mandatario Chaves.
