La Contraloría General de la República (CGR) está obligada a retirar el nombre del expresidente ejecutivo del ICE Pablo Cob de su Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública (Sirsa), luego de que un tribunal de casación confirmara una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que la condenó, por primera vez en su historia, por delitos contra el honor.
Así lo informó él mismo, al afirmar que la CGR “fue por lana y salió trasquilada”, pues al final tanto el el Contencioso Administrativo como el tribunal de casación “me dieron la razón, pero me la dieron más allá de lo que se imaginada CGR, pues no solo se le obliga a que me borren de esa lista, sino a que publiquen la sentencia completa del contencioso, de 118 páginas”.
Añadió que la CGR fue condenada por daño moral, “es la primera vez que la condenan por eso” y subrayó que también la CGR debe pagar “todas las costas procesales y penales”.
Mediante un oficio con fecha del 7 de setiembre, la CGR confirmó a Cob que la sanción que había en su contra fue eliminada del Sirsa y que “ya se están realizando ante la Imprenta Nacional, las gestiones necesarias para publicar en el diario oficial La Gaceta la anulación de la sanción dictada en su contra”.
Justicia cumplida, pero lenta
El caso se remonta a la construcción del proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior y la CGR sancionó a Cob pues adujo que el entonces gerente general del ICE no informaba a la Junta Directiva de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) sobre la rentabilidad de ese proyecto y de sus costos a través del ICE que lo construía.
“Demostré fehacientemente cómo en cada acta y sobre todo en cada financiamiento, la Junta Directiva tenía que estar informada porque era la que aprobaba los financiamientos, yo no tenía esa facultad”, expresó.
“Lo demostré con actas, testimonios de directivos, de mil maneras y se empeñaron en castigame inhabilitándome dos años”, insistió y destacó que “ aunque no me achacaron que dañé la Hacienda Pública, decían que no informé a tiempo (a la Junta Directiva de la CNFL) o que no lo hacía correctamente”.
Cob relató que incluso intentó explicar los detalles del caso a la contralora Marta Acosta, pero “no atendieron razones” y por ello decidió judicializar el asunto, pues “no es justo que manchen el honor de una persona, he trabajado 50 años en función pública y no tengo una sola tacha”.
Por ello celebró que tanto el Contencioso como el tribunal de casación le dieran la razón y dijo sentirse “muy satisfecho de la justicia costarricense”, aunque “un poco lenta, porque tardó varios años”, pues fue en 2017 que acudió al Contencioso.
“Al final de cuentas hay justicia y me dan la razón, se demuestra que las cosas se hicieron correctamente, que mi actuar fue a derecho y (la CGR) tiene que proceder a echar para atrás con todo”.
“Lógicamente -reflexionó- cuando lo enjuician así a uno cuesta mucho que la reparación del daño económica o pública se restablezca completamente, pero por lo menos queda la satisfacción interna, yo estaba seguro de no haber cometido error ni delito. Se confirma con que por primera vez condenan a la CGR por daño moral”.
