La Contraloría General de la República (CGR) consideró necesario advertir al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, sobre la necesidad de que el proceso para contratar una empresa que brinde la revisión técnica vehicular debe sujetarse a estudios técnicos y legales.
La prevención de la CGR se divulgó este jueves como respuesta a la denuncia presentada por una diputada, quien consultó sobre la legalidad de la figura de “permisionario de uso en precario” a la que apostó el Gobierno para restituir el servicio este año, mientras se abre una licitación que derive en la escogencia de la firma que sustituya a Riteve SyC, cuya operación acabó en julio.
“Es responsabilidad de la Administración Activa sustentar con los criterios técnicos y jurídicos pertinentes, las conductas administrativas que se dicten en torno al servicio de revisión técnica vehicular, asegurando la plena conformidad de las mismas con el bloque de legalidad, todo lo cual debe constar en el expediente administrativo conformado al efecto”, dice el oficio DFOE-DEC-1977, dirigido el martes a Amador.
Y repite la CGR: “es menester recalcar que, en cuanto a la utilización de la figura del permiso de uso en precario, resulta indispensable que dicho acto administrativo cumpla con todos los elementos que el ordenamiento jurídico dispone en cuanto al motivo, contenido y fin, de manera que cuente con la debida y adecuada fundamentación en apego al ordenamiento jurídico vigente”.
Más allá de las advertencias que consideró pertinentes, la CGR no tiene en sus potestades la posibilidad de ejercer control previo sobre el proceso, por lo que cualquier objeción de momento deberá dirimirse en sede administrativa o en un contencioso.
En el documento también se hace referencia a un criterio vinculante de la Procuraduría General de la República (PGR) del 28 de junio, donde se advierte dice que, por ser la revisión técnica vehicular “una competencia desconcentrada en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi)”, corresponde a este órgano contratar a la empresa o empresas para ese servicio, no directamente al MOPT.
El 9 de agosto, un directivo del Cosevi, Olman Vargas, aseguró que Luis Amador pidió a esa instancia validar todas las actuaciones suyas él sobre la revisión técnica, sin entregar evidencia técnica utilizada para ellas, en caso de que la haya. Por eso Vargas renunció.
Mientras tanto la revisión de vehículos cumplió un mes suspendida para la flota general y solo se brinda parcialmente para las unidades recién importadas, con personal del MOPT en la estación de Alajuelita. Se esperaba que esta semana se conocería el nombre de la empresa que dará el servicio, pero no hay noticias de que haya aún una decisión de escogencia entre las 11 firmas interesadas.
