La epidemia del VIH/SIDA se ha convertido en uno de los más importantes retos de salud pública de nuestra época. Constituye además una crisis jurídica, de derechos humanos y de justicia social. El VIH sigue generando sufrimiento en numerosas familias, impactando las economías, presionando los servicios de salud de los países y violentando toda clase de derechos de la población infectada y vulnerable a serlo.
En junio de 1981, científicos en los Estados Unidos informaron de la primera evidencia clínica de la enfermedad, que más tarde pasaría a ser lo que se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Su causa, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), se identificó en el año de 1983. Desde el inicio de la epidemia, de conformidad con cifras de Organización de las Naciones Unidas, en torno a 79.3 millones de personas han contraído la infección del VIH y alrededor de 36.3 millones han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. Para el año 2020 había 37.7 millones de personas con el VIH viviendo en el mundo entero.
Los programas implementados a la fecha para hacer frente a esta problemática se han enfocado principalmente desde la óptica de la salud pública, pero no desde la defensa y promoción de los derechos de esta diversa población. Nuestra realidad ha puesto de relieve el papel de las intervenciones preventivas de la enfermedad y ha establecido “puentes” que las conectan con las necesidades de promoción de conocimientos de los derechos y prácticas sexuales y reproductivas saludables.
Lo anterior ha puesto en evidencia la relevancia del compromiso de algunas instituciones defensoras de derechos humanos y grupos organizados, pero sobre todo del Estado, a través del desarrollo de políticas de salud participativas, así como el establecimiento de un marco jurídico nacional e internacional de referencia, para la población VIH-SIDA. La Universidad de Costa Rica no se queda atrás, desde hace siete años, se crea en la Facultad de Derecho el Trabajo Comunal TC 659 “Promoción para la educación Integral de los derechos de la población VIH-SIDA”, inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social. Este proyecto pretende visibilizar, prevenir y promocionar los derechos de todas aquellas personas que viven con VIH/SIDA, por medio del compromiso social interdisciplinario de las y los estudiantes, con las poblaciones en riesgo y las ya afectadas, en aras de garantizar el adecuado cumplimiento de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia.
Actualmente existe una demanda constante de respuestas, esta enfermedad representa un desafío para la sociedad en general, que conlleva no solo un reto clínico, sino también un análisis desde las esferas: política, legal, cultural y social, a través del abordaje interdisciplinario, característico de la acción social universitaria. Trabajo en comunidad y conciencia social que interpela por las necesidades de prevención y promoción de una población, tradicionalmente víctima de discriminación y constantes asimetrías sociales.
A partir de esta responsabilidad con la comunidad, el debate teórico e institucional en el abordaje del VIH/SIDA debe estar encaminado a la desmitificación de la enfermedad, así como a la promoción de los derechos de las personas afectadas, lo que se traduce en realizar una lectura de la realidad a partir de los procesos de exclusión social del propio sistema jurídico.
Estos procesos reflexivos, en donde reconocemos y revisamos la realidad social, son en muchas ocasiones difíciles, vertiginosos y retadores; sin embargo, la valía de la reinvención está enlazada fuertemente con la capacidad de adaptarse al contexto social en el que se interviene; y alcanzar una mejor versión de nuestra labor, por medio de la comprensión de la complejidad en la que se desarrolla el dinámico escenario de la enseñanza aprendizaje en la educación superior. Lo anterior, desde una visión humanista y de respeto humano, como ha sido característico en la participación de la Universidad de Costa Rica desde la acción social, espacio de cambio en el que se dinamiza la capacidad de respuesta interdisciplinaria, en el marco del quehacer académico.
Mi experiencia como coordinadora del TC 659 me lleva a concluir que la adecuada promoción de ayuda legal efectiva puede mejorar significativamente la realización material de la justicia y la igualdad para las personas portadoras del VIH, y puede contribuir a mejorar los resultados por medio de una participación civil más activa, la sensibilización de nuestros y nuestras estudiantes como futuros profesionales humanistas, e incentivar la aplicación progresista de la legislación en la promoción de los derechos humanos.
