Una solicitud de declaratoria de quiebra fraudulenta fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos,Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual este martes 26 de julio.
La denuncia, a la que UNIVERSIDAD tuvo acceso, fue presentada por la representante legal de Osmunda, S.A., Flora Fernández, inversionista de Aldesa. El documento pide que el proceso de liquidación (quiebra) de las empresas de Aldesa Corporación de Inversiones —ordenada el pasado 22 de julio— se tramite en la vía penal por haber sido fraudulenta.
A continuación detalla que, según la sentencia previa del juzgado, en el proceso hubo sustracción u ocultamiento de bienes, concesión de ventajas indebidas a algunos acreedores y mal manejo de documentos contables, todo lo cual impide trazar el movimiento de los negocios, existiendo dicha obligación.
“Solicito se declare la quiebra fraudulenta según lo contempla la Ley Concursal, Art. 238 en lo referente a concurso fraudulento, que establece prisión de dos a seis años a persona deudora declarada en concurso judicial…”, denuncia de Flora Fernández.
“Solicito se declare la quiebra fraudulenta según lo contempla la Ley Concursal, Art. 238 en lo referente a concurso fraudulento, que establece prisión de dos a seis años a persona deudora declarada en concurso judicial, si se demuestra que causó perjuicio a la masa concursal o a los derechos de acreedores”, reza el texto.
Además, solicita que se interpongan las medidas cautelares a quienes “pueden haber sido los acreedores privilegiados”, impidiéndoles salir del país, vender o ceder bienes y propiedades que deban responder y abrir sus datos bancarios.
Específicamente, se pide que se impongan este tipo de medidas al presidente de Aldesa Javier Chaves y su hermano Óscar, junto con nueve inversionistas más que habrían obtenido beneficios indebidos, según la denunciante.
Entre los nombres se destacan tres conocidos que conectan a Aldesa con el conglomerado informativo Grupo Nación: Luis Mesalles (columnista de La Nación y extesorero de Aldesa), Mario Montealegre (exintegrante de las juntas directivas de ambas empresas) y Eduardo Ulibarri, vicepresidente de la corporación y exdirector del mencionado diario.
Convenio de accionistas no se sostiene
La solicitud realizada a la Fiscalía se desprende, según el mismo documento, del análisis realizado por el juzgado que días atrás ordenó que las empresas del Grupo Aldesa fueran liquidadas, en la sentencia N° 2022000190l.
Esa resolución siguió a una solicitud de dos inversionistas de Aldesa, que pidieron al tribunal ordenar el proceso de quiebra, pues como muchas otras víctimas de la debacle de la empresa —cuyos testimonios este Semanario ha recogido en múltiples ocasiones— hace años consideran que no hay nada que rescatar y lo que quieren es que se sienten las responsabilidades que correspondan.
“Nosotros sabemos que no vamos a recuperar nada, que el dinero se perdió, lo que queremos es que se decrete la quiebra para que se audite lo que queda y se sienten responsabilidades. Por eso es que Javier Chaves quiere evitar la quiebra, para seguir libre”, dijo Fernández en una de las manifestaciones de las personas afectadas, semanas atrás.
En la sentencia, la jueza Jennifer Arroyo detalló varias acciones cuestionables. Primeramente, se indica que se empezó a ejecutar un “plan de salvamento incluido en la propuesta de convenio que aún no ha sido aprobado por las partes” y que se llegó a arreglos de deuda en algunos de los proyectos, mientras que en otros no.
Además, reconoce que por la implementación de ese plan de salvamento no aprobado, se han cancelado deudas a unos acreedores, pero ha dejado pendiente de pago a más de 645 acreedores e inversionistas que se apersonaron al proceso.
Finalmente, detalla que la empresa “no aportó la totalidad de la información contable de las sociedades que integran el grupo de interés económico” lo que originó que el despacho realizara prevenciones al respecto y agrega que aunque la corporación “ha cumplido con dichas prevenciones, lo cierto es que lo hizo de forma parcial” y que la información provista data del 2017, previo a que se instaurara el convenio preventivo para salvar Aldesa.
Ronny García, representante legal de las inversionistas que solicitaron la quiebra, explicó que el convenio, aunque es un arreglo entre las partes, debe seguir ciertas reglas conforme a la ley: Que sea serio, que se actúe de buena fe, que se trate a los acreedores por igual y otros, que no se cumplieron en este caso.
Por eso, detalló, se declaró insubsistente el proceso, se ordenó la liquidación de las empresas y proyectos de grupo (como Terramall S.A., Zona Franca Terra S.A. y Puerto Papagayo S.A.) y se separó a Javier Chaves y otros personeros de las sociedades ligadas con el grupo económico.
“Solo el hecho de que le hayan pagado a unos y a otros no, y que no tuvieran la contabilidad al día, como lo dice la jueza, es suficiente para una quiebra fraudulenta, que se tramita en la vía penal”, explicó García.
En su criterio, la resolución “marca la probabilidad que se establezcan las responsabilidades por una eventual quiebra fraudulenta o un concurso fraudulento” y espera “que se investigue a profundidad, que se busque la contabilidad, que se vea qué hicieron con las platas, que justo era lo que ellos querían evitar”.
Aldesa apelará orden de liquidación
La empresa bursátil, liderada por Javier y Óscar Chaves, anunció el 25 de julio que apelará la decisión del Juzgado Concursal y buscará que se mantenga el convenio de accionistas.
En un comunicado dirigido a sus inversionistas y publicado a página completa en el diario La Nación (vinculado con Aldesa a través de múltiples participantes en ambas empresas), Chaves culpó a las inversionistas que solicitaron la quiebra de que sus inversores pierdan su dinero, aunque hace más de tres años no reciben nada y no tienen noticias.
“Cuando, hace tres años, Aldesa inició un proceso de convenio de acreedores para el pago ordenado de los pasivos, la empresa tenía activos suficientes y una estrategia para confiar en que razonablemente podría cumplir con los inversionistas”, aseguró el empresario, aunque nunca ha detallado los activos con los que en la actualidad cuenta el grupo y que, según él, podrían responder por los ₡140,695,466,264 que adeuda.
Ahora, dice, el juzgado nombrará a un liquidador que deberá subastar los bienes de la empresa en seis meses. “Todos sabemos que salir a vender en esas condiciones, en vez de desarrollar esas propiedades como era nuestra propuesta, hará que se destruya severamente el valor de los activos, en perjuicio de los accionistas”, agrega Chaves, aunque nuevamente, no puntualiza las mejoras y el desarrollo que han tenido las mismas en los últimos tres años, desde que inició la intervención judicial.
“La decisión del Juzgado la justifica en la incapacidad de la compañía de cumplir un plan de saneamiento financiero para honrar las obligaciones de pago. ¿Qué cambió en estos tres años para que el Juzgado llegara a esa conclusión?”, se pregunta en el comunicado Chaves, a pesar de que en el mismo no detalla las omisiones y anomalías en los que la jueza sustentó su decisión.
“Como un último recurso legal, Aldesa apelará esta resolución. Durante estos tres años hemos dado la cara y realizado todas las gestiones legales para evitar este desenlace, que dista mucho del que planteamos cuando se inició la crisis financiera, pero las decisiones tomadas por autoridades desde fuera de la empresa, a las cuales siempre nos opusimos, imperaron en perjuicio de todos los inversionistas”, concluye.
