Más de 400 productores de arroz que posean menos de 100 hectáreas recibirían un subsidio superior a los 3 millones de colones si se aprueba un proyecto de ley impulsado por el Gobierno como parte de las reformas que impulsa al mercado del arroz para bajar el precio al consumidor.
La propuesta la llevará el Poder Ejecutivo el 13 de julio al Congreso, anunció este miércoles el presidente Rodrigo Chaves, como una manera de ayudar a los productores “medianos y pequeños” para que se preparen frente a un escenario de desregulación del precio del arroz, una de las principales promesas de la campaña electoral.
Aunque no se conocen aún detalles sobre el monto y el momento en que bajaría el precio del arroz para los consumidores, el Gobierno impulsa su “Ruta del arroz” en esa dirección, lo que incluye quitar los beneficios a un grupo de industriales del sector y la posibilidad de afectar también a productores locales de escala media y baja, quienes por ello recibirían el subsidio.
Chaves también dijo que el Consejo Nacional de la Producción (CNP) recibirá todo el grano que los productores locales tengan sin poder colocar en los actores intermediarios, ante la posibilidad de rechazo por los desfases que se provocarían en los precios.
Chaves dijo que hay unos 490 productores nacionales y que el 90% de ellos podrían beneficiarse con el subsidio estatal “para que se ayuden en la transición”, con la posibilidad de que se dediquen sus fincas a otro tipo de producto.
El mandatario agregó también que esta ayuda estatal a productores arroceros “no creará un hueco fiscal” pues para ello habrá dinero, afirmó.
Esta medida sería parte de la transformación del sector arrocero alrededor de la eliminación del precio mínimo que regía por decreto desde hace décadas, lo cual beneficiaba a grupos industriales y hacía imposible que bajara el precio del arroz.
Entre los cambios está la posibilidad de que los productores locales fortifiquen el grano en el país y los cambios en el impuesto a las importaciones: de 0% a 4,5% el de granza (con cáscara) y de 36% a 5% el pilado, según la ministra de Agricultura, Laura Bonilla.
De esta manera los industriales del arroz no tendrían el margen de ganancia que obtienen al importar arroz en granza, pilarlo aquí y venderlo a precios que por decreto debían ser mayores a cierta cantidad.
La reforma en el sector depende de otras medidas ejecutivas que están en proceso de análisis o en trámites legales y que bajarían el precio, aunque el mandatario Chaves evitó precisar en cuánto ni a partir de qué momento.
En la conferencia de prensa presidencial el presidente invitó al micrófono a representantes de la asociación Consumidores Libres, que han empujado por las reformas en el precio del arroz. Su vocero Juan Ricardo Fernández dijo que en 20 años se ha propiciado un exceso de precio cercano a $1.000 millones, pagados en su mayoría por dinero de familias de menores ingresos, que son las que más arroz consumen, por lo que consideran que la política arrocero ha sido “inhumana”.
