El Poder Ejecutivo busca eliminar del Presupuesto Nacional 2022 las órdenes para cerrar plazas vacantes del sector público y el recorte de los alquileres de inmuebles, según lo definió la Asamblea Legislativa en noviembre del año pasado.
Durante los últimos tres años, los diputados de la Comisión de Hacendarios emitieron normas de ejecución presupuestaria para disminuir la inversión pública en salarios con el fin de dirigir ese nuevo excedente hacia el pago de compromisos de la deuda pública.
El año pasado, también se incluyó una norma para realizar la misma práctica de ahorro con los inmuebles alquilados.
Ahora, en un segundo presupuesto extraordinario —y el primero emitido por la administración del mandatario Rodrigo Chaves— el Ejecutivo argumenta que la Asamblea Legislativa excedió sus potestades con normas “atípicas e ilegales”, inclusive denunciando que las disposiciones para el recorte de las plazas de la función pública como una “invasión al principio de separación de poderes”. El presupuesto, y los cambios de estas normas, deben ser aprobados por el congreso.
Asimismo, dentro de las peticiones del Ejecutivo, se eliminan normas que impiden el uso de remanentes del presupuesto en otras partidas de gasto de las instituciones; y que ordenan utilizar la mano de obra de actuales funcionarios estatales para “contratos de servicios de gestión y apoyo”, con el fin de limitar que no se contraten nuevos empleados públicos.
El cumplimiento de las medidas de reducción del presupuesto público tenían como ente supervisor a la Autoridad Presupuestaria (un órgano especial del Ministerio de Hacienda y que estuvo conformado por los ministros de Hacienda, Planificación y Presidencia, durante el Gobierno de Carlos Alvarado).
El expediente de presupuesto extraordinadio 23.186 deberá entrar en el orden del día de la actual Comisión de Hacendarios esta semana. Esta es la misma Comisión está estudiando la liquidación del presupuesto del 2022, y aún requiere que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dé cuenta por ese informe financiero, dado que faltó a la convocatoria de la semana pasada.
Ejecutivo elimina cierre de plazas por estar vacantes
El presupuesto del 2022 contiene una norma que amarra la creación y permanencia de plazas del sector público a la aprobación de la Autoridad Presupuestaria.
“(…) No se crearán plazas en los ministerios ni en sus órganos desconcentrados, excepto por autorización de la Autoridad Presupuestaria. Las plazas vacantes de los ministerios, incluyendo las de sus órganos desconcentrados, no podrán utilizarse durante el 2022, salvo que su uso sea autorizado por la Autoridad Presupuestaria”, asegura parte de la norma que Ejecutivo se dispone a eliminar.
La justificación del Ejecutivo es que dicha orden interviene sobre otras leyes del sector público donde se definen las plazas, sean leyes ordinarias o especiales. El actual Presupuesto Nacional no incluye normativa que se refiera a esas leyes. La creación o eliminación de plazas es de reserva de ley del Poder Ejecutivo, dicen también en el expediente.
La antigua Asamblea Legislativa incurrió en “un desplazamiento de las competencias asignadas a Poder Ejecutivo, lo que deviene de una invasión al principio además, de separación de poderes”.
“Su eliminación (la de las plazas), por las razones que se dispongan debe darse en virtud del paralelismo de las formas, por las mismas leyes que deberán ser reform adas o derogadas, pero no en la ley de presupuesto (…) En la misma legislación ordinaria se encuentran las habilitaciones para la creación o eliminación de plazas, materia propia por reserva de ley, del Poder Ejecutivo y que se consolida en el Poder Legislativo cuando a propuesta del primero se llevan para el acto final de creación o eliminación que surge de norma legal”, argumenta Gobierno.
De acuerdo con la norma, la Dirección General de Presupuesto de Hacienda recibió para el cierre del primer trimestre un reporte de todas las plazas vacantes y su costo. Esta información, actualmente, no está colgada en el sitio del Ministerio de Hacienda para su consulta pública.
Tras dicha práctica de supervisión, este segundo presupuesto extraordinario debería haber incluido el cierre de las plazas, para pagar deuda pública.
“La totalidad del contenido presupuestario de toda plaza vacante no utilizada en los ministerios y sus órganos desconcentrados, durante el primer semestre de 2022, deberá ser rebajado antes del 30 de julio de 2022, mediante presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa. Los recursos liberados del presupuesto deberán ser utilizados en el servicio de la deuda, dando prioridad a aquella de más alto costo”, afirma la norma.
Ejecutivo quita norma para renegociar y recortar alquileres
De acuerdo con el criterio del Gobierno, la antigua Asamblea Legislativa incluyó nuevas normas sobre la ejecución de los contratos de arrendamiento sostenidos por el sector público, que no debían estar allí.
El presupuesto extraordinario afirma que el congreso “no puede legislar en la ley de presupuesto, imponiendo nuevos requisitos para los contratos que celebra el Estado en materia de contratación administrativa, los cuales están ya definidos en la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 y su reglamento, y para el caso específico de la norma de ejecución objeto de eliminación, la legislación ordinaria aplicable es la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Inquilinato), N°7527 y el Código Civil”.
Dado que la ley establece que el dinero generado por los cierres de los contratos actuales irán al pago de deuda, el Ejecutivo también acusa que el Estado “no puede enriquecerse ilícitamente merced a la buena fe de los primeros (arrendatarios), y cuyos compromisos derivados deben respetarse pues tienen fuerza de ley, no debiendo ponerse en riesgo por este tipo de normas espurias”.
La norma eliminada establecía la obligación de que el sector público evaluará el “costo- beneficio de los alquileres de edificios, locales y terrenos” para ser evaluada por la “Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda”.
Si el costo-beneficio resultaba en “negativo para la administración, los jerarcas estarán obligados a realizar las gestiones para la renegociación de los contratos y, en caso de ser posible, realizarla y renovar el contrato e informar a dicha Secretaría Técnica”.
Al eliminar la norma presupuestaria, el sector público tampoco deberá enviar informes trimestrales al Ministro de Hacienda sobre los contratos de alquiler, las erogaciones mensuales que generan dichos alquileres, el contenido de “cláusulas de renovación automática” o “cláusulas de penalización”. Esta información se requirió “para la formulación del presupuesto 2023.”
