El 5,2% de la población menor de 17 años en México y Centroamérica, más de 2,2 millones de personas, realizaba en 2020 trabajos peligrosos para la salud, seguridad o moralidad de esos niños y adolescentes, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco del Día Mundial contra el trabajo infantil, este domingo 12 de junio.
Esta población es parte de los 3,3 millones de niños y adolescentes que realizaban trabajo infantil en 2020, cuando hizo la medición la OIT junto a la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil.
Pese a que es el 7,9% de niños y adolescentes el que desempeña diversas formas de trabajo infantil, son dos de cada tres de ellos los que están a cargo de tareas consideradas de peligro, de acuerdo con artículo 3 del Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
Estos trabajos de mayor riesgo se desarrollan en sectores como agricultura, minería, construcción, manufactura y servicios, entre estos la hotelería, bares, restaurantes, mercados y servicio doméstico.
Este trabajo peligroso cubre a casi medio millón de niños menores de 11 años, otro tanto en adolescentes de 12-14 años y 1,2 millones de entre 14 y 17, según las cifras de la OIT para México y Centroamérica, con tasas superiores a las de América Latina como un todo.
Las mujeres menores de edad en trabajos peligrosos son casi 500.000, frente a 1,7 millones de varones, en un entorno en que la mitad son empleados y 41% trabajan para familiares, añade el informe.
““Si bien hemos visto avances en la región, estamos todavía demasiado lejos de alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea llegar al año 2025 sin trabajo infantil. Intensificar la acción es apremiante e inaplazable”, dijo en comunicado de prensa oficial Noortje Denkers, especialista en Migración laboral y derechos fundamentales para la Oficina de la OIT en América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.
El estudio llama la atención sobre la necesidad de proteger a las personas migrantes menores de edad y en atender los efectos que la pandemia provocó sobre los sistemas educativos, pues más de 4,5 millones de estudiantes fueron víctimas de la exclusión educativa en el contexto de la emergencia sanitaria en la región.
