Un partido en el que hay discrepancias muy importantes acerca del manejo de la transparencia en la información, sobre el tipo de personas a las cuales se debe tener cerca o no y sobre cómo abordar problemas nacionales complejos, como el del mercado arrocero.
Esta es la impresión que queda después de conversar con Bernal Jiménez Chavarría, economista, importador de arroz y uno de los donantes del fideicomiso que financió la precampaña y que proveyó activos a la campaña del candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Rodrigo Chaves.
Jiménez accedió a responder algunas preguntas de UNIVERSIDAD acerca de este fideicomiso después de que los nombres de sus integrantes —incluido el suyo—, fueron revelados por el diario La Nación, el sábado pasado.
Esa información había sido mantenida en secreto por el candidato Rodrigo Chaves y por la experiodista y ahora diputada electa por el PPSD, Pilar Cisneros.
Ese diario también dio a conocer que Adriana Brenes Castillo, secretaria general del PPSD, denunció que la presidenta y también diputada electa por esa agrupación, Luz Mary Alpízar Loaiza, se niega a entregarle los libros legales del partido, los cuales le corresponde custodiar.
El artículo 96 de la Constitución establece el principio de publicidad para las contribuciones privadas y prohíbe el financiamiento paralelo. Además, según el Código Electoral, solo el tesorero de un partido político o las personas que designe el Comité Ejecutivo, pueden gestionar fondos en beneficio de un partido.
Por eso, su artículo 275, titulado “Delitos relativos a recepción de contribuciones privadas ilegales” establece que “se impondrá pena de prisión de dos meses a un año al tesorero del comité ejecutivo superior del partido que omita llevar un registro de actividades de recaudación de fondos del partido, incluidas las tendencias y los movimientos”.
Agrega que la pena será de dos a seis años de prisión para “los(as) miembros del comité ejecutivo superior del partido, candidatos, precandidatos oficializados por los partidos políticos, responsables de las campañas electorales o cualquier otro personero del partido que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
La conversación fue extensa, pero a continuación se omiten las partes que el entrevistado pidió expresamente no publicar.
Usted, como importador de arroz ¿tiene interés en levantar el control del precio del arroz de inmediato, en caso de llegar a ser gobierno, como dijo el candidato a vicepresidente y a la vez tesorero del PPSD, Stephan Brunner, en el debate de la Asociación Bancaria Costarricense?
—Yo, desde que tenía 19 años —tengo 63—, defiendo la apertura comercial, la transparencia y la eliminación de privilegios. Los arroceros… Tengo dos o tres juicios que he hecho contra eso. Ya gané uno y estoy peleando el otro desde hace muchos años, desde antes de conocer a don Rodrigo Chaves.
Sucede que los economistas, casi todos, pensamos igual y estamos de acuerdo en que esto es una barbaridad, que se sostiene porque los políticos, desde hace 25 o 30 años, lo vienen sosteniendo y, si usted no me cree, pregúntele a don Miguel Ángel Rodríguez por qué puso el decreto del arancel en 1995. Y la respuesta que le va a dar es que lo amenazaron con tomar un barco de arroz y dejar al país sin arroz. Le dijeron que si no hacía eso, si él no hacía el decreto, le paraban el barco y lo dejaban sin alimentación para el pueblo.
Lo estoy peleando y lo voy a seguir peleando, adentro y afuera de cualquier trinchera política, en cualquier trinchera política, en cualquier foro académico en el que esté. De hecho, he escrito artículos al respecto, he hecho presentaciones ante Conarroz, que están grabadas, yo se las puedo proporcionar con mucho gusto. Así que este tema del arroz y todos los temas que involucren privilegios, que son 250 en el país, yo los voy a seguir combatiendo. Este es solo uno de ellos.
Yo voy a seguir donando a quien me parezca donar con el fruto de mi trabajo y voy a seguir promoviendo las causas que crea que son beneficiosas para la paz social de este país, para la equidad del país y para la eficiencia del país.
Si su propuesta es levantar el control de precios de inmediato ¿qué pasaría con los…
—No, no, la propuesta mía no es esa. La propuesta mía está contenida en los documentos que he hecho desde hace mucho rato…
Pero, según dijo Brunner, en los primeros cinco días, si ganaran las elecciones, saldría el decreto por el cual levantarían el control de ese precio.
—Yo eso no se lo puedo decir, no lo sé. Yo no soy Brunner ni soy el responsable de eso. Y, además, tuve la decencia de no involucrarme en las conversaciones que tuvieran cosas que ver con el arroz, porque decidí que eso no era algo en lo que yo quería participar dentro del partido.
Mi posición como economista, como doctor en economía, desde hace muchísimos años, es conocida públicamente y yo personalmente no he participado en eso, no he hablado con Brunner al respecto y no sé qué piensa hacer Brunner.
He leído y visto que Rodrigo dice públicamente que eso es lo que va a hacer y me alegra mucho de que lo hiciera, si es que lo va a hacer, y me parece que eso es lo bueno para el país.
Si usted quiere saber y me pregunta, como economista, no como miembro del partido, lo que hay que hacer, yo con mucho gusto le puedo explicar qué es lo que hay que hacer para beneficiar a los costarricenses más pobres del país y para quitarle un privilegio mal establecido y mal habido a un grupo pequeño de industriales arroceros que hicieron eso.
Según el estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, hay también un grupo de 391 pequeños productores de arroz que se verían perjudicados…
—Si usted estudia lo que yo propuse, dije que le pagábamos más a cada uno de esos agricultores en forma directa, porque tenemos una manera de hacerlo, cobramos un 2.5% de impuesto sobre el arroz, para que todos los costarricenses paguemos ese beneficio que reciben esos 239 (sic) agricultores, les pagamos ese dinero, buscamos una manera de transformarlos y de convertirlos en agricultores de otro tipo de productos como chiles dulces o como chayotes o como alguna otra cosa en la que no sean tan pobres como son ahora, porque lo que reciben es menos de $5.000, si yo no recuerdo mal, por año, por todo su trabajo.
Ricardo Monge tiene programas al respecto y los puede explicar con bastante más claridad que yo, porque tiene años de estar trabajando en eso. Y, además, el Conarroz tiene un fondo para ayudar a esa gente, que tiene acumulado durante 25 o 30 años, que no gasta y que no se los da, como es la ley, a los agricultores más pobres para sacarlos de esa situación, para que no sigan dependiendo de unos precios altos, que está hecho a nombre de los agricultores, pero en realidad solamente beneficia a los industriales grandes en forma importante.
Pero esa propuesta suya, a diferencia de lo que dijo Brunner, se parece más a la del PLN, de hacer algo para que el impacto social, en el momento en que se levante el control del arroz, no sea tan grave para estos agricultores.
—No, no, no, yo no conozco la del PLN. Si el PLN está diciendo lo mismo que yo, eso yo no lo sé. Si lo copiaron de allí, pues qué dicha que lo copiaron porque eso es lo correcto. Pero la propuesta mía, ni siquiera se origina en mí. Se origina en lo que hizo Ricardo Monge y en la lógica de que usted tiene 239 personas relativamente pobres que dependen de una actividad y tiene 5 millones de personas que tienen que pagar por el costo de esa actividad.
Entonces, lo que tienen que hacer es cobrar un poquito, no 35% o 38.5% de arancel como hay, sino uno bajito, bajito, bajito para que pueda financiar la transición de corto o de mediano plazo de esos agricultores hacia una actividad en la que puedan ser privada y socialmente rentables. Y buscar una alternativa para ellos.
Entonces, yo no sé qué está haciendo el PLN. No avalo la propuesta de ellos, pero tampoco la rechazo. No voy a rechazar una cosa porque sea de Liberación. Pero lo que hay que hacer es algo socialmente decente, darle a la gente más pobre el pago que merece para que salgan de la pobreza, no ellos, los 239, sino que salgan de la pobreza los 439 mil que están en pobreza extrema.
El costo de $5.000 por año, que es superior al que reciben hoy los agricultores pequeños, da un total de 5.000 x 239 = $1.195.000.
El arroz consumido de afuera es más del 60%. Si se trajera todo importado, unas 150.000 toneladas métricas (TM), eso costaría como $600 por TM, es decir $90 millones. $1.195/90 da un arancel de 1.33% que sería todo lo que se requiere para ayudar a los agricultores con un subsidio anual. El resto sería arroz nacional.
Podemos subirlo al 1,5% o 1.6% o un poco más y hacer un programa de enseñarles otra actividad, por 2 o 3 años, a cargo de la Earth o de alguna organización educacional que adquiera el compromiso de acompañar a esos agricultores.
Eso no le sube el arroz a los consumidores y tendríamos arroz de primera calidad, de 95% a ₡550 o ₡600 por Kg. Hoy vale creo que poco más de ₡850 por Kg.
Tenemos que abrir la competencia y mantener el precio máximo del arroz, de modo que los que tengan poder de mercado no se abusen.
Sobre el fideicomiso, entre quienes lo financian, junto con usted, está el abogado Adrián Torrealba. Él fue director general de Tributación y cuando se le consultó porque aparecía en los Papeles de Panamá, él justificó que se pueden hacer “ingenierías tributarias” o “planificación tributaria” para eludir el pago de impuestos de un modo legal. Y, por otro lado, ustedes están diciendo que quieren acabar con la corrupción y con la evasión tributaria “de raíz”, como dijo también Brunner. Entonces, me llamó la atención que en ese fideicomiso está un exfuncionario de Hacienda que justifica la creación de sociedades de papel y todo eso, financiando al PPSD. ¿Usted sabía eso de Adrián Torrealba?
—Claro que conozco a Adrián y claro que conozco que Adrián ha aportado eso y he hablado con Adrián muchísimas veces sobre temas tributarios. Creo que compartimos algunos puntos de vista y otros no los compartimos. El punto de vista que yo comparto es el punto de vista de la gente que quiere equidad y que quiere que, a través de los impuestos, podamos financiar el gasto público y podamos darle ingresos a la gente más pobre del país.
La manera de hacer eso es establecer impuestos que se cobren bien, que vayan de manera progresiva sobre la gente que más dinero tiene y que incluyan a todos los ciudadanos y a todos los participantes, que sean transparentes y que puedan ser conocidos por los demás.
En virtud de eso, yo sí propuse —y eso sí lo hice yo—, la idea de poner el sistema nacional de transacciones, para que la persona que está en Costa Rica y que queramos disfrutar de los privilegios del Estado y de la belleza del país, tengamos que someternos a un sistema en el cual todos digamos, en forma pública, preventiva y en línea, qué es lo que estamos haciendo. Tal y como funciona la factura electrónica, pero para absolutamente todas las transacciones.
De manera que si alguien quiere mandar plata a Panamá o recibir plata de Panamá o quiere irse a un paraíso fiscal o quiere hacer alguna de esas cosas, va a tener que someterse al mismo sistema, va a tener que decir cómo está haciendo las transacciones, qué transacciones está haciendo.
Si alguien quiere subfacturar, lo va a hacer, pero va a quedar registrado que la factura que registró es por un valor menor que la factura que existe en el país que hizo la exacción. Entonces, vamos a poder capturar las mentiras que la gente haga, porque las va a tener que declarar. No es lo mismo mentir por escrito que mentir oralmente…
¿Qué opina usted de que al principal financista de Rodrigo Chaves, Erick Quesada Gutiérrez, que compró la mayor cantidad en bonos de la deuda política del PPSD, el Tribunal Supremo de Elecciones le haya tenido que pedir que transparente el origen de sus ingresos? y ¿qué opina del hecho de que también está moroso con la CCSS?
—(Extracto sin publicar a solicitud del entrevistado. Por respeto a la ética periodística de lo acordado con el entrevistado, no lo publicamos). Yo no lo conozco. Y no avalo… Yo no avalo que ninguna persona que esté atrasada con la CCSS ni que tenga deudas con la CCSS financie el partido.
¿Está usted de acuerdo con el proyecto para aumentar el impuesto a las casas de lujo?
—Sí, estoy, pero siempre que con los ingresos se rebaje a la vez la carga sobre las planillas de la gente que gana menos de 300.000 por mes.
Y también que se suba el impuesto sobre los carros y vehículos de lujo en general: yates, helicópteros, avionetas de placer, motos de lujo, cuadraciclos, 4×4, etc. Todos los juguetes de los ricos. Que jueguen, pero que contribuyan a la sociedad.
