La Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate la Ley de Empleo Público, la cual recibió 36 votos a favor y 8 en contra. Sin embargo, la iniciativa enfrenta el cuestionamiento de varios legisladores, quienes tienen lista la segunda consulta para presentar ante la Sala Constitucional.
El legislador del Partido Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz, forma parte de los diputados que presentarán la segunda consulta de procedimiento y forma sobre el proyecto de ley. Muñoz cuestionó las atribuciones que tuvo la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, al señalar que el texto del proyecto de ley no podría haber sido modificado por la misma, ya que la constitucionalidad relacionada con el Poder Legislativo no fue sometida a consulta con la Sala Constitucional.
El principal argumento en contra de la Ley de Empleo Público responde a que la ley dividiría en dos categorías a los regímenes de salarios en las instituciones autónomas. Bajo esta ley, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Poder Judicial, las universidades estatales y las municipalidades estarían bajo un mismo régimen de salario, a cargo del Ministerio de Planificación (Mideplan).
Además, de la mano con lo reiterado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la ley de Empleo Público se convierte en materia electoral, ya que de ser aprobada afectaría el funcionamiento y la independencia del personal del TSE. Por esto el Tribunal, junto con los diputados en contra del proyecto, reiteraron que el proyecto no se puede votar seis meses antes del periodo electoral.
Además, la Comisión Permanente envío a consulta el texto de ley a varias instituciones autónomas, que se promulgaron en contra del proyecto de Empleo Público. Entre estas resaltan la Procuraduría General de la República, el TSE, las universidades estatales y las municipalidades, las cuales cuentan con criterios que fueron compartidos por los legisladores en la sesión plenaria.
El primer diputado en tomar la palabra durante la sesión fue José María Villalta, del Frente Amplio, quien rechazó la aprobación del proyecto de ley. El legislador declaró que el proyecto no corrige el problema de fondo del procedimiento disciplinario sancionatorio, ya que este ocasionaría un incremento en la impunidad de los jerarcas. Además, Villalta declaró que las correcciones al proyecto generadas por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad no solventan las inconstitucionalidades instruidas por la Sala Constitucional.
Bajo la misma línea, el legislador Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también rechazó la aprobación del proyecto de ley. Incluso, Muñoz mencionó que, al no recibir información sobre los ahorros atribuidos que propone el proyecto, interpuso una denuncia penal en contra de la ministra de planificación, Pilar Garrido.
En contraparte, Carolina Hidalgo, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), categorizó al criterio de objeción de conciencia como uno de los puntos más complejos y polémicos del proyecto. Sobre este, catalogó que su incorporación es inoportuna, peligrosa, y riesgosa cuando no se le ponen límites ni se tiene claridad del mismo. Sin embargo, la diputada Hidalgo votó a favor del proyecto de ley de Empleo Público.
También a favor, el presidente de la República Carlos Alvarado expresó en redes sociales su agradecimiento a los diputados por la aprobación en primer debate del proyecto de ley, señalando que es un gran paso de reforma estructural que Costa Rica necesita. Además, el jerarca agregó que es necesario la aprobación en segundo debate, para avanzar hacia un escenario de mayor justicia remunerativa.
Los ocho diputados que votaron en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público, con expediente 21336, fueron Dragos Dolanescu (Partido Republicano Social Cristiano), Walter Muñoz (PIN), Sylvia Villegas (PIN), Enrique Sánchez (PAC), Eric Rodríguez (Independiente), Paola Vega (Independiente), José María Villalta (Frente Amplio), y Pedro Muñoz (PUSC).
