Eugenia tiene 53 años, es administradora y trabaja desde los 20 años. Toda su vida ha cotizado para el régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
En 2033, cuando cumpla 65 años, ella tendrá derecho pleno a pensionarse y como tiene un buen salario no le preocupa demasiado su vejez, pues cree que podrá vivir tranquilamente gracias a la pensión.
Lo que Eugenia no sabe es que “si no se toman medidas drásticas y pronto”, tan solo tres años después de retirarse, ella podría ser una de miles de costarricenses que se queden sin recibir la totalidad de los beneficios de la pensión para la que ha aportado por décadas, pues los ingresos, intereses y reservas del IVM no alcanzarán para cubrir más del 50% de los compromisos del régimen en 2036.
Esto concluye el experto en matemática actuarial y exjefe del departamento actuarial de la CCSS, Rodrigo Arias, tras analizar los datos de la misma entidad y la forma en que han sido administrados.
Debido a que el régimen ha sido usado como uno de reparto (lo que se recibe, se gasta) y no como uno de capitalización, hay un faltante en el régimen de ¢49 billones, que se evidencia en los mismos datos de la entidad, dice Arias.
“Sabemos que pronto la reserva podría quedar sin recursos, si no se aplican las medidas correspondientes, que sin duda serán impopulares”, Fabián Gamboa, asesor sindical.
Esto en su criterio se debe a que los recursos que aportan trabajadores y patronos al IVM se han utilizado para apalancar la cobertura de salud a trabajadores independientes, régimen no contributivo y pensiones con cargo al presupuesto nacional, “que nada tienen que ver con pensiones y que el Estado debía asumir, pero no lo hace”.
De esta forma, según las proyecciones del actuario, los recursos asignados para este 2021 solo cubren el 92% de los compromisos, y el restante, supone el matemático, lo sacan de reservas. A partir de 2027, sin embargo, la situación se agravará y la capacidad de pago de los beneficios del régimen será cada vez menor. A partir de ese año los ingresos solo alcanzarán para pagar el 65%, y ese número pasará al 50% en 2036.
La CCSS ha advertido que las reservas del fondo se agotarán en 2037 si no cambian las condiciones, pero asegura que con la nueva reforma al régimen —que se encuentra en discusión por parte de la Junta Directiva de la entidad— se estima que en 2050 se agotaría la reserva.
Además de la mala administración y el uso de recursos del IVM para otros fines, dice el matemático, la CCSS no ha actualizado sus estudios actuariales y sigue basando sus proyecciones en un estudio de 2018, de modo que no contempla la caída en la cantidad de personas cotizantes, que se ha generado a partir de la pandemia. Por eso, explica, la Caja está previendo “ingresos inflados”, pues parte de una masa cotizante mayor a la real.
UNIVERSIDAD consultó a la CCSS sobre el uso cruzado de recursos que menciona Arias, pues en la Valuación Actuarial del Seguro de Salud (EST-0007-2019) se detalla que los ingresos correspondientes a las modalidades de asegurados voluntarios, del Estado y pensionados “no son suficientes para cubrir los gastos”. La entidad se limitó a decir que “el Seguro de IVM y el Seguro de Salud tienen un aparato administrativo y financiero separado, y así puede ser constatado en los estados financieros”.
Según la Caja y a pesar de lo indicado en la citada documentación “los servicios que le da el seguro de Salud al IVM o viceversa se cobran, y cada seguro tiene su propio esquema de financiamiento en el cual no se utilizan recursos del IVM para financiar costos del Seguro de Salud”. Este medio pidió entonces detallar ese esquema, pero la entidad no respondió más.
La institución admitió que efectivamente utiliza como base para tomar decisiones una valuación actuarial que tiene corte a diciembre de 2018. A partir de esos datos y usando un método de proyecciones demográficas y financieras para estimar futuros ingresos y gastos, “se estima en el escenario base que el tercer momento crítico (año en el cual el fondo de reserva se agota) corresponde al año 2037”, pero si se aplican “los ajustes de la edad de retiro y fórmula de cálculo de la propuesta de reforma, los resultados en el tercer momento crítico pasarían del 2037, previamente estimados, al 2050”, detallaron.
Varias organizaciones sindicales, por su parte, desconfían de estas proyecciones de la CCSS, y más bien parten de los cálculos del experto actuarial para oponerse a la propuesta de reforma al IVM. Además, han presentado sus propias alternativas para “salvar el régimen”, pero aseguran que no han sido escuchadas.
Por eso, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) y la Asociación Sindical de Empleados industriales de las comunicaciones y la energía (Asdeice) interpusieron ante el Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar solicitando suspender el proceso de aprobación de la reforma, que la institución solicitó rechazar y que aún se encuentra en trámite.
Fabián Gamboa, asesor de las organizaciones afirmó que hay una “situación terrible que no se ha tomado con seriedad” y que la Junta Directiva lo que ha hecho es “poner curitas”.
“Sabemos que pronto la reserva podría quedar sin recursos si no se aplican las medidas correspondientes, que sin duda serán impopulares”, dijo. El abogado indicó además que los sindicatos temen que así como la Caja ha ignorado las propuestas de los actores sociales hasta ahora, haga lo mismo durante la etapa de consulta pública.
Sobre el tema, la entidad explicó que el proceso para “otorgarle sostenibilidad y solvencia” al régimen tiene dos fases, una que consiste en la aprobación de medidas por parte de la Junta Directiva, y una segunda fase “de reformas para la atracción de nuevas fuentes de financiamiento y transformaciones estructurales del sistema nacional de pensiones, debido a que estas reformas requieren un tiempo extenso en el análisis, discusión, concertación, preparación de proyectos de ley y aprobación en la Asamblea Legislativa”.
Con este fin, dijo el departamento de prensa, se integró un equipo de trabajo “de los diferentes sectores” con acompañamiento de la Superintendencia de Pensiones (Supen), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). “Dicho grupo tomará en consideración los insumos recibidos en los procesos de socialización y consulta pública, donde en particular están las propuestas recibidas por los grupos sindicales”.
Este semanario consultó a la CCSS si es posible asegurar que con las reformas aplicadas el régimen no requiera más ajustes al 2059, a lo que indicaron que “no es técnicamente viable darle un carácter de seguridad a las proyecciones actuariales”.
“En el marco de los supuestos y bajo condiciones normales, se esperaría que no hubiese mayores ajustes programáticos en los próximos años. Debe considerarse que lo acordado por la Junta Directiva recientemente, es parte de un proceso que debe ser complementado por medidas exógenas”, puntualizaron.
