El candidato presidencial Rolando Araya, del Partido Costa Rica Justa (CRJ) negó que su clara posición a favor de la minería se deba a su relación con el empresario José Daniel Cruz Porras, una de las personas acusadas por el Ministerio Público en relación con el llamado caso “Diamante”.
La empresa Explotec, de la cual Cruz Porras es gerente y codueño, produce e importa explosivos y algunos de los aditamentos necesarios para su uso, como detonadores, y entre sus actividades figura la venta de servicios como perforación y voladura en proyectos mineros.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al igual que la Constructora MECO, Explotec tenía contacto directo con alcaldes y funcionarios para obtener ventajas en las licitaciones públicas de las municipalidades de San José y Alajuela, a cambio de dádivas en efectivo, vehículos, construcciones y arreglos de casas, según declaraciones del fiscal del caso, Glen Calvo, dadas a medios de comunicación.
Algunas de esas licitaciones las ganó a través de la empresa MTS Multiservicios de Costa Rica, S.A., de la cual Cruz Porras es propietario de un 50%, de acuerdo con información que la misma empresa aportó a la Municipalidad de San José, según consta en actas del Concejo Municipal de julio de 2020.
Como medidas cautelares contra este empresario, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó por seis meses el impedimento de salida del país, acercarse a las municipalidades y comunicarse con testigos.
Este martes trascendió que ese Juzgado autorizó el decomiso del teléfono celular del alcalde de San Ramón, Nixon Ureña, precisamente para investigar sus vínculos con Cruz Porras.
Por escrito Araya respondió a UNIVERSIDAD que “mi solidez ética no está ni ha estado sometida a ningún cuestionamiento” y se refirió a Cruz Porras como “un empresario honesto y trabajador” de quien “nunca he sabido de problemas suyos con el ordenamiento jurídico”. Así, expresó su esperanza porque “salga airoso de este trance difícil que está atravesando y si él saliera implicado en algo, pues que sean los Tribunales de justicia los que se encarguen”.
Araya y la minería
Siendo precandidato aún en las filas de Liberación Nacional (PLN) Araya enarboló un discurso abiertamente a favor de la minería, disparando datos sobre estratosféricas riquezas que supuestamente yacen en el subsuelo de Crucitas, y en entrevista con UNIVERSIDAD en mayo pasado repitió el ejemplo de Noruega como país modelo de extracción minera, de petróleo y de gas natural.
Al respecto, el candidato enfatizó que no tiene ninguna relación con la empresa Explotec, ni con otras empresas de Cruz, únicamente con Desarrollo Daromacar S.A., en la que según dijo ambos son accionistas, y en cuya junta directiva aparece él como presidente y Cruz como vicepresidente.
El candidato dijo respecto de la minería que “hace mucho tiempo, yo vengo proponiendo la titularización de esas riquezas minerales, no la explotación” y que plantea la exploración “para saber cuánto tenemos” y “comprometer una parte de eso en un vasto programa social”.
En cuanto a una eventual explotación, dijo que no considera el sistema de cielo abierto, pues, según dijo, ya existe tecnología que “permitiría efectuarla sin el más mínimo daño ambiental”. Consideró la exploración de gas natural como “una opción válida y deseable para combatir el cambio climático, no tiene absolutamente nada que ver con explosivos”.
Sin embargo, la aparición de Cruz Porras en el expediente del caso “Diamante” incluyó una conversación captada por el OIJ con el alcalde de San José, Johnny Araya, hermano de Rolando. En ella el empresario habría aseverado que hizo un préstamo al hoy candidato de CRJ por $15 mil y que el político le habría solicitado $5 mil más. (Esa cifra de $20 mil representa ¢12.783.800 a ¢639,19 el dólar).
Al respecto, Araya aseveró que el empresario “nunca” le dio esos $20 mil como aporte a su campaña. Dijo que “esa afirmación es completamente falsa” y que la mencionada empresa Desarrollo Daromacar “me prestó una suma de dinero cuyo uso no tuvo relación alguna con ninguna contienda electoral. Es más, de esa transacción existe evidencia documental”.
Por ello, enfatizó que “nunca existió una contribución de Daniel Cruz en ningún momento de mi campaña, ni en el PLN, ni ahora. Él no fue contribuyente de mi precampaña, ni siquiera fue mi partidario”.
Cabe destacar que Cruz Porras en febrero de 2015, durante una audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico —a propósito de un proyecto de reforma a la Ley de Armas y Explosivos—, en la que participó en calidad de gerente general de Explotec, aseveró que “nuestra actividad económica está dirigida absolutamente al sector construcción de materiales pétreos y también a la parte minera”.
Añadió que “el 85% de nuestro ingreso es básicamente el mercado de exportación” y que el restante 15% proviene del mercado nacional, “por diversas situaciones que tenemos acá. Bueno, acá no tenemos minería a cielo abierto, tenemos algo muy poco de subterráneo”, según consta en el acta de esa sesión.
El empresario añadió que su empresa tiene “operaciones” en Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Relación “inevitable”
El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, crítico de la minería a cielo abierto y la exploración petrolera, consideró que es “inevitable” establecer una relación entre el discurso en favor de la minería de Araya y el hecho de que Explotec sea “una empresa que promueve y vende explosivos y servicios en el área de la actividad minera, como tajos y canteras, que financia a un político que asume esa postura en favor de esas actividades”.
El legislador, también candidato presidencial, se refirió al citado préstamo de los $20 mil y calificó el caso como un ejemplo del “riesgo para la democracia” del mecanismo vigente de financiamiento electoral de partidos políticos, ya que “existen portillos para que capitales privados terminen capturando las agendas de los partidos en función de intereses particulares”.
Afirmó que “lo del préstamo de $20 mil nadie se lo cree”, e invitó a Rolando Araya a que “si realmente quisiera despejar todas las dudas, debiera autorizar el levantamiento del secreto bancario para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Ministerio Público, sin necesidad de trámite judicial, puedan investigar el origen y destino de ese dinero”.
Villalta aprovechó para indicar que el TSE “carece de las herramientas suficientes” para poder investigar los movimientos en las cuentas de los partidos políticos.
