El SEMANARIO consultó al economista del CINPE-UNA, Leiner Vargas, sobre el efecto de la regla fiscal en las instituciones en el contexto pandémico y sobre los mecanismos que implementan para realizar los ajustes presupuestarios.
Vargas asegura que la regla fiscal sin medidas de desahogamiento al aparato estatal es insostenible y llevará al país a una recesión económica.
Algunas instituciones están maniobrando entre el juego entre el crecimiento del presupuesto y su ejecución anual. ¿Cuál es el propósito de este mecanismo en el plan fiscal?
—En realidad, es un doble candado para el presupuesto. Primero, es un candado en el presupuesto inicial aprobado, que dependiendo de la razón de deuda a el Producto Interno Bruto (PIB) obliga a plantearse un presupuesto muy estrecho para gastos corrientes. En este caso, el presupuesto ni siquiera recupera la inflación del año anterior. Es un presupuesto raquítico que ajusta el gasto a la partida de salarios, incentivos y todo lo que tiene que ver con la operación variable de una institución. Pero cuando la razón de deuda a PIB es superior al 70%, como en el caso del presupuesto 2022, esta regla fiscal también opera para la parte presupuestaria dedicada a la inversión pública en las instituciones.
Eso significa que en este momento estamos ante una regla fiscal dura, con un candado para el gasto corriente y un candado para el gasto de inversión.
El ejercicio no queda ahí, una vez que las instituciones ejecutan el gasto, realizan el proceso de correr el gasto y ejecutarlo en el año. Cuando el ejecutado es inferior al programado, ese presupuesto no ejecutado se convierte en un boomerang para el presupuesto del año que sigue. El presupuesto se va reduciendo por esa ineficiencia o ineficacia de ejecución de las instituciones que en muchas ocasiones tienen que ver con los modelos presupuestarios del Estado, con la cantidad de directrices y normas que hay que cumplir, sobre todo con los presupuestos de inversión, y que vuelven muy difícil ejecutar el presupuesto de forma anual.
Lo que estamos haciendo con la regla fiscal es poner doble candado que, si no lo corregimos de manera pronta, sobre todo para algunas instituciones dedicadas al tema social, podría ser un disparo en el zapato para la sociedad. Terminaría siendo más dañina la medicina que la enfermedad.
Muchas instituciones insisten en que deberían quedar fuera de la regla fiscal. ¿Esto es viable?
—Si le pedimos a las instituciones del Estado, las más de 300 que hay, que levanten la mano quien no quiere participar, muy probablemente todas dirían que quieren salirse. Más que esperar que las instituciones hagan ese proceso de reclamo de carácter presupuestario, lo que el Estado costarricense tiene que hacer, y que tendrá que atender la próxima administración en el periodo postpandemia, es establecer prioridades de gasto público, en las cuales se tendrán que necesariamente flexibilizar la regla fiscal.
Yo propondría que esa flexibilización priorice la salud pública, la reactivación económica y la educación, sobre todo primaria y secundaria. Eso implicaría más presión en el resto de las instituciones, pero el margen del déficit que tenemos nos obliga a ser prudentes, pero también realistas.
Yo puedo afirmar con certeza que la regla fiscal en la forma que está diseñada hoy es insostenible para el presupuesto 2022 y se vuelve una camisa de fuerza, un mecanismo perverso para el año 2023 y los que siguen.
La regla fiscal fue una herramienta diseñada en escenarios fiscales prepandemia, no fue nunca diseñada tomando en cuenta el hueco fiscal de alrededor de 20 puntos porcentuales del PIB que podría haber causado la pandemia por los ingresos, así como por el sobresalto que se ha hecho en estos dos años.
Mi propuesta, un poco disruptiva desde el punto de vista económico, es que el Estado emita bonos de pandemia por 20 puntos porcentuales del PIB, y esos bonos sean una deuda de emisión de largo plazo que permita sacar el efecto de la pandemia de la discusión fiscal. La regla fiscal que tendríamos que aplicar sin esa deuda adicional sería más razonable, y podríamos manejar el proceso de activación postpandemia de una manera más adecuada, no de forma holgada, pero con cifras de gasto e inversión más realistas, pues lo que tenemos hoy es esencialmente un disparo en el zapato.
Si el Estado aprieta la inversión y el gasto, como obliga la regla fiscal, lo que vamos a tener es más recesión económica, más desempleo, menos actividad económica y menos impuestos. Es una entropía negativa en el sistema económico.
Mientras se toman decisiones por parte del gobierno, las instituciones han utilizado distintos mecanismos para justificar su presupuesto…
Este año las instituciones le jinetearon el presupuesto, se lograron acomodar, se hicieron algunos traslados entre instituciones. Pero cada año va a ser más difícil salirse del efecto de la regla fiscal, por el doble candado.
En las instituciones públicas la regla fiscal es un ahorcamiento presupuestario. Las universidades públicas, por ejemplo, es posible que logren jinetear en el 2022, pero para el 2023 estoy seguro de que habrá despidos, ajustes y cierres de programas.
Estos mecanismos al entrar y al salir ahorcan la institución pública. Entonces no se puede hacer ahorro porque se convierte en una trampa presupuestaria, y en el marco de una deuda PIB que supera el 70% ni siquiera se puede usar para inversión porque hay un límite.
Hay que poner en el debate público la necesidad de replantearse la regla fiscal con prioridades claras. Al gobierno no le va a quedar de otra que plantear un proyecto que permita desahogar al Estado. Sino lamentablemente aparecerá más de uno que empezará a hablar de cierres, ventas y reorganizaciones que destrozan a pedacitos el Estado social que hemos construido.
