El Sindicato Nacional de Trabajadoras Escolares de Comedores Escolares (Sitracome) alertó sobre un posible recorte al programa de comedores escolares por ¢6.400 millones, que se incluyó en el proyecto de ley de presupuesto presentado por el gobierno, el pasado 1 de setiembre.
La organización señaló en un comunicado de prensa que esta reducción presupuestaria implicaría castigar a la población más vulnerable: los estudiantes beneficiarios de los comedores y las trabajadoras que brindan el servicio.
Ivannia Briceño, Secretaria General del Sitracome dijo en entrevista con UNIVERSIDAD que “es absurdo que el mismo gobierno que declaró los comedores escolares como servicios esenciales, quitándonos así el derecho de ir a huelga o protestar contra políticas públicas, ahora hace este recorte al programa de alimentación de los estudiantes, que implica el cierre de muchos comedores. No es entonces tan esencial el servicio”, comentó.
En el comunicado el gremio explicó que el Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (Panea) del Ministerio de Educación Pública (MEP) cubre al 95% de los centros educativos públicos del país y beneficia a 850 mil estudiantes de 4.500 escuelas y colegios, y alertó que recortarle recursos implicaría “abandonar a las trabajadoras que son contratadas por las Juntas de Educación y que sufren constantemente violaciones a sus derechos laborales porque se les atrasa el pago de su salario, aguinaldo, vacaciones y el seguro social”.
“Creemos que si se aplica la reducción de los ¢6.400 millones planteado en el proyecto de presupuesto es como hacer desaparecer a las cocineras de los comedores estudiantiles porque las Juntas de Educación deberán ver cómo hacen para gastar menos en compras de alimentos y en la contratación de las servidoras, que suman más de 7 mil”, reza el documento.
Briceño explicó que las trabajadoras de los comedores son contratadas de tres formas: por planilla del MEP, por contratos de ocho horas y por modalidad de venta de servicios, estas dos últimas, pagadas por las Juntas de Educación de los centros educativos. Son estos dos grupos quienes verían en riesgo su trabajo, pues no habrían recursos suficientes, según dijo la sindicalista.
De acuerdo con datos del MEP señalados por el sindicao, las trabajadoras privadas contratadas por las Juntas de Educación y Administrativas, a octubre del 2020 eran 4.233 a tiempo completo y 1.168 en jornada de medio tiempo. El total de cocineras del PANEA es de 7.730. La única solución posible, aseguró Briceño, es que todas estas trabajadoras pasen a formar parte de la planilla del MEP y “que el gobierno se haga responsables de sus trabajadoras”.
Cabe destacar que la semana pasada la diputada independiente Shirley Díaz presentó presentó el expediente 22.683, “Registro y base de datos para la contratación de cocineras y ayudantes de cocina de comedores infantiles del MEP y demás entes públicos”, que pretende que el ministerio incluya en planilla al menos a 2000 trabajadoras de estos comedores.
Ante el riesgo que representa el recorte al Panea, el sindicato hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que analice las implicaciones de “la disminución de los recursos y tomen la decisión de equiparar los derechos de estas trabajadoras con el resto de las que laboran directamente con el MEP y autoricen la contratación directa para que ellas no dependan de las Juntas Administrativas y de Educación que son nombradas por las Municipalidades”.
La representante recordó que la “Ley para Fortalecer el Programa de Comedores Escolares y Nutrición Escolar y Adolescente” obliga al Estado a garantizar la apertura de los comedores en tiempo lectivo y fuera del tiempo lectivo en los centros educativos públicos ubicados en la zona rural y urbana, en cuyos distritos exista mayor incidencia y concentración de la pobreza, de modo que “se confirma la necesidad de que las cocineras de ese servicio cuenten con estabilidad laboral como las que trabajan directamente con el MEP”.
“Además, ¡es que estos recortes en el presupuesto es por lo mismo que ellos aprobaron!”, señaló Briceño, “por el plan fiscal y la regla fiscal no pueden otorgarse los recursos que se necesitan, aunque eso signifique quitarle a muchos niños la única comida que hacen al día, que es la que reciben en el comedor”, dijo. “La forma de solventar esto es sacar a educación de la regla fiscal”, puntualizó.
