El monto total que Aldesa Corporación de Inversiones y sus empresas asociadas le debe a personas físicas, asociaciones solidaristas, personas jurídicas e instituciones del Estado asciende a ¢140,695,466,264, según el dictamen de la curaduría del Poder Judicial.
El informe, emitido el 3 de marzo de este año e incorporado al expediente de Convenio Preventivo que lleva el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José sobre la empresa liderada por Javier y Oscar Chaves, detalla los montos que adeuda la cuestionada corporación financiera.
En días recientes, el abogado Ronny García presentó oficialmente un escrito en el que solicita que se declare la quiebra de la empresa. UNIVERSIDAD conversó con varias de las inversionistas a las que García representa, quienes dijeron que esperan que se haga la declaratoria para que haya transparencia y se sienten responsabilidades.
“Yo a la plata le eché tierra, lo que estamos pidiendo es justicia, que los hermanos Chaves y la junta directiva paguen por lo que nos hicieron”.
En un derecho de respuesta publicado en CRHoy.com, Javier Chaves indicó que “el Convenio Preventivo de Acreedores de Aldesa se encuentra aprobado y siguiendo su curso normal, por lo que es este y no la solicitud de quiebra lo que está vigente, tal y como le ha sido notificado a todos los inversionistas”.
Según el documento de la curaduría, al momento el conglomerado debe más de ¢7,681 millones ($12,388,786) a Asociaciones Solidaristas que realizaron inversiones en sus empresas y que representan unos 27.550 trabajadores, unos ¢44,839 millones ($72,321,166) a 351 personas físicas y cerca de ¢53,861 millones ($86,872,164) a personas jurídicas, entre las que se cuentan sociedades anónimas, familiares y emprendimientos.
Adicionalmente, la deuda con sus proveedores supera los ¢31,561 millones ($50,905,503), a lo que se suma una deuda de más de ¢290 millones con la Caja Costarricense del Seguro Social y un pendiente (del 2015 a la actualidad) de ¢2.463 millones con el Ministerio de Hacienda, sin contemplar intereses y recargos de ley.
El diputado Luis Fernando Chacón alertó sobre estos montos y en entrevista con este semanario cuestionó las razones por las que “ni Hacienda, ni la CCSS dieron alerta sobre la situación financiera de Aldesa”.
“¿Cómo le van a deber tantísimo dinero y que no se haga nada? Yo se lo pregunté en su momento a Rocío Aguilar, ella quedó de responderme pero luego la información no llega. Después, ella se retira de Hacienda y yo retomo el tema con el ministro Villegas”, comentó el liberacionista.
Aguilar ocupó el puesto de Ministra de Hacienda entre mayo de 2018 y octubre de 2019, cuando la sucedió Elián Villegas. Aunque ha negado todo conocimiento de la situación financiera de la empresa, cabe destacar que Aguilar fue directora de su Junta Directiva del 2001 al 2002 y fungió como integrante de su Comité de Inversión entre el 2013 y el 2016.
Según indicó el diputado Chacón, recibió respuesta del jerarca de Hacienda el pasado 13 de julio; fue así como se enteró que Aldesa “venía con deudas enormes desde el 2015”. “Justo los inversionistas empiezan a darse cuenta en 2018 y 2019 de que algo pasa, porque la empresa está morosa con la CCSS y con Hacienda, pero es que desde antes debían sumas enormes”, dijo.
“Debieron haberse encendido las luces cuando las deudas empezaron a crecer ante ambas entidades; se pudo evitar esto, que hoy es un desastre”, agregó. Según su criterio, si Hacienda hubiera actuado de manera “más fuerte, más beligerante, como actúa con otros costarricenses esto se hubiera parado con tiempo”, pues las personas inversionistas habrían conocido de la situación y habrían podido echar mano de mecanismos para salvaguardar su patrimonio.
En su solicitud, Chacón preguntó a Villegas qué falló en los sistemas de Hacienda para que la deuda alcanzara tales montos y qué acciones tomó dicho ministerio para recobrar esos dineros.
El ministro respondió que “los sistemas ni las acciones del Ministerio de Hacienda han fallado; por el contrario, a esta empresa se le ha dado un seguimiento cercano, en razón de las altas sumas adeudadas y se han ejecutado a la fecha todas las medidas cobratorias correspondientes” y explicó los requerimientos de pago, las gestiones de embargos y respectivos arreglos de pago y la reciente legalización de las deudas como parte del proceso de convenio preventivo.
El legislador además afirmó que la Sugeval, que “se supone” debe tener criterios para supervisar el mercado de valores, fue “permisiva” y falló a su deber, lo que resultó en un perjuicio grave contra los inversionistas, muchos adultos mayores y familias, que perdieron todo con el colapso de la corporación en 2019.
Dictamen cuestionable
El dictamen de la curadora judicial concluye que “las finanzas del Grupo Económico en estos momentos no son buenas” pero recomienda aprobar la Solicitud de Conversión de Administración y Reorganización.
“El convenio preventivo es casi que la única opción viable que tienen los inversionistas más vulnerables de recuperar parte de su inversión, dado que, en caso de quiebra, se podría casi que concluir que estos no van a recuperar su capital, puesto que existen garantías reales y acreedores con prioridad como es el caso de trabajadores y otros”, reza el documento, preparado por la abogada María José Vicente con apoyo del contador Giovanni Gracias.
No obstante, personas inversionistas consultadas cuestionaron las calificaciones de la curadora a cargo del proceso y su proceso de investigación, que incluyó revisión de documentación, búsquedas en Internet, reuniones y entrevistas con diferentes personas del Grupo Económico Aldesa, y ninguna persona inversionista. Por ende, ponen en duda sus recomendaciones.
Flora Fernández, hija de una inversionista que “murió sin un cinco porque invirtió todos sus ahorros en Aldesa”, señaló que en el mismo documento la profesional reconoce sus limitaciones y la dificultad del caso.
En el texto la abogada señala tres limitaciones del proceso e indica que el expediente “es demasiado grande y es imposible entenderlo y hacer un dictamen únicamente leyendo” y que no hay información actualizada al cierre fiscal 2020, cortes recientes del desempeño de las empresas o de la evolución de los proyectos, además de que la información financiera existente se considera desactualizada.
Además, Vicente detalla que tiene una maestría en Gerencia y Gestión Ambiental y que “los conocimientos adquiridos en la parte de gerencia y gestión no fueron suficientes para poder analizar con criterio técnico los estados financieros correspondientes, tan complicados para el caso que nos ocupa; por lo que requerí una capacitación básica de contabilidad y finanzas e incorporar como equipo de trabajo y apoyo externo del señor Giovanni Gracias Pacheco, cuya formación académica se incluye en los anexos”. Cabe señalar que se consigna como contador público, egresado de licenciatura.
Fernández dijo que las calificaciones detalladas evidencian que Vicente “no tiene idea sobre finanzas, ella sola se descalifica y confiesa su incapacidad para enfrentar el caso, pero la dejan que siga adelante y además la acompaña alguien que dice que es contador pero solo es egresado, no licenciado”.
“Yo soy licenciada en Administración y para mí sería imposible curar ese expediente, aún cuando mi carrera está más orientada a banca y finanzas”, criticó.
Otra inversionista, que pidió no revelar su nombre, agregó que lo que se necesitaba era “persona con conocimientos bursátiles, abogado especializado en lo administrativo y asistido por un contador público autorizado”.
Esta misma persona señaló que “no pueden tomarse con seriedad las recomendaciones, cuando además en el proceso se reunieron con todo el mundo en Aldesa, pero no hablaron con un solo inversionista”.
Las personas afectadas entrevistadas por UNIVERSIDAD coincidieron en que prefieren que se dicte la quiebra y que se puedan sentar responsabilidades, aún cuando no recuperen su dinero.
Perder la plata, pedir justicia
Brenda González, quien realizó inversiones en cuatro proyectos de Aldesa y no recibe desde años un colón, comentó que tras estudiar el dictamen de la curadora: “me di cuenta de que era mejor una dura verdad que una dura mentira y es preferible que los culpables asuman las consecuencias de lo que hicieron y no seguir en esta farsa de darle tiempo, porque a nosotros se nos está yendo la vida mientras a ellos el paso del tiempo les da la posibilidad de que esto prescriba”.
Según González, el proceso de reconocerse “estafada” ha sido largo y doloroso, pues además el sistema “es perverso y después de perder plata hay que invertir dolor, tiempo, esfuerzo y estómago, con la esperanza de recuperar algo”.
Su interés en impulsar la gestión de quiebra, dijo, es que el caso no quede impune. “Con la quiebra se recuperarían cosas, se hace transparencia, se podría ver qué hay y qué no hay, pero lo más importante, se sentarían responsabilidades”, indicó.
Flora Fernández, dijo que la expectativa ahora es de justicia y no de recobrar dinero, pues ya no lo considera posible. “Yo esa plata no la tuve cuando la necesitaba para atender los últimos años de mi mamá y no la voy a tener. Yo a la plata le eché tierra, lo que estamos pidiendo es justicia, que los hermanos Chaves y la junta directiva paguen por lo que nos hicieron”, comentó.
Otra persona inversionista, que pidió confidencialidad, comentó sentirse estafada e indignada, pues realizó inversiones en Aldesa a partir de la confianza que le tenía a la persona que la llevó y por eso ahora solamente espera justicia.
“Yo ni siquiera tengo claro en qué invertía, a mí me recomendaban y yo firmaba, así fue con todos, lo hacíamos porque les teníamos confianza. Siempre creímos estar invirtiendo en Aldesa, en el Puesto de Bolsa, y luego resulta que la plata estaba en un montón de empresas que una ni sabe”, comentó.
“Yo lo que quiero es que paguen por haber abusado de la confianza de tanta gente: adultos mayores, familias que perdieron todo, gente que ahora está de arrimada con un familiar, habiendo tenido suficiente”, dijo otro inversionista.
Las inversionistas reclamaron que el caso ha sido visto por algunos como un “pleito de ricos”, cuando entre los afectados están más de 27.000 trabajadores solidaristas, decenas de personas físicas y jurídicas, que representan emprendimientos, sociedades familiares, etc.
El diputado Chacón comentó, tras conversar con grupos de inversionistas, que “ellos ven imposible la recuperación”, pues los pocos bienes restantes ya tienen prendas, han sido vendidos o no se han desarrollado. “Uno lo que se cuestiona es qué se hizo tanto dinero, yo no creo que se haya esfumado en el aire”, dijo.
Al cierre de la edición, UNIVERSIDAD contactó por correo electrónico a la comunicadora de Aldesa para solicitar declaraciones. Esta solicitud aún se encuentra en trámite.
