El cierre de las plantas de asfalto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ordenado por el ministro Rodolfo Méndez Mata a inicios de esta administración, dejó a las municipalidades sin más alternativa para hacer obra pública que contratar a grandes empresas constructoras, hoy cuestionadas en el caso “cochinilla”.
En años recientes, compañías como Meco y H Solís han acaparado los contratos para realizar obra pública en el país, no solo a través del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), sino también ejecutando las obras que realizan los gobiernos locales a nivel de la red vial cantonal.
De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, entre el 2014 y el 2020 Meco les brindó servicios a 61 municipalidades, mientras que H Solís trabajó con quince municipios, concentrados en Puntarenas (Corredores, Golfito, Osa y Esparza) y Limón (Pococí, Guácimo, Limón y Talamanca).
Méndez Mata instaló un sistema que nos obliga a comprarle a las mismas empresas siempre”, Jorge Alberto Cole, alcalde de Osa.
UNIVERSIDAD conversó con algunos alcaldes, quienes explicaron que tras el cierre de las plantas de asfalto del MOPT (no apertura en el caso de la de Buenos Aires de Puntarenas), anunciado por el ministro en julio de 2018, no les quedó más alternativa que contratar a estos gigantes de la construcción para realizar tareas de mantenimiento de la red vial.
“Yo trabajé en la Asambleas Legislativa, escuché una y otra vez a Méndez Mata decir que esas plantas no servían, que no eran rentables. Ahora siendo alcalde, entiendo lo necesaria que era esa planta y por qué las municipalidades del Sur insistían en ella”, dijo el liberacionista Steven Barrantes, alcalde de Coto Brus.
Por su parte, Alberto Cole, alcalde de Osa y también del Partido Liberación Nacional (PLN), comentó que al no poner en marcha la planta que se adquirió para el sur puntarenense, Rodolfo Méndez “instaló un sistema que nos obliga a comprarle a las mismas empresas siempre, que sí, son las que están metidas en el escándalo”, indicó refiriéndose al caso “cochinilla”.
En este reciente escándalo las autoridades investigan las supuestas dádivas ofrecidas por empresas como H Solís, Meco, Also Frutales y otras, a funcionarios públicos para que les favorecieran con contratos de obra pública.
No hace falta sobornar
Cuestionado sobre si estos mismos mecanismos se podrían haber aplicado para obtener acceder a recursos municipales, Cole respondió con vehemencia: “Es que no hace falta, el sistema está hecho para que solo los podamos contratar a ellos, ni siquiera necesitan sobornar a nadie”.
El alcalde detalló que a causa de que en la zona solo hay dos plantas que producen asfalto, una de Meco y otra de Quebradores del Sur, y considerando que el asfalto debe colocarse en caliente y su acarreo es muy costoso, dependiendo de la zona del cantón en que se ejecuten los proyectos, siempre se le otorgarán a una u otra empresa.
Barrantes coincidió y explicó que su gobierno local aplica todas las medidas posibles para que las contrataciones sean transparentes, gestionando a través del Sistema de Compras Públicas (SICOP). No obstante, dijo, por las mismas razones que en Osa, los oferentes viables siempre serán los mismos, pues son quienes tienen plantas en la zona.
“Si se hubiera habilitado la planta del MOPT, probablemente la historia sería otra, pues podríamos comprar ahí el asfalto y contratar la obra por aparte. Tener las plantas abiertas beneficiaba a las comunidades y a las municipalidades, es muy raro”, agregó.
Manuel Hernández, alcalde de Pococí —electo por el partido Recuperando Valores— indicó que hasta el 2018, cuando cerró la planta de asfalto de Siquirres, la municipalidad compraba allí la mezcla asfáltica, lo que abarataba los costos de mantenimiento de las vías.
En cambio, ahora, dependiendo de la ubicación de los trabajos, el costo de acarreo hace imposible contratar a otras empresas que no sean Meco o H Solís, quienes le venden al gobierno local el material y realizan la obra, e incluso, cuando el material es donado por Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), lo recogen, almacenan, mezclan y luego aplican.
El que quiere meter un gol encuentra por donde
Como parte del programa Caminos para el desarrollo, todos los años Recope dona unos 2.5 millones de litros de asfalto y más de 500 mil litros de emulsión asfáltica a municipalidades de todo el país para ejecutar obra pública a menor costo.
No obstante, los recursos disponibles y el mecanismo usualmente aplicado por los gobiernos locales hacen que sean las empresas constructoras quienes recogen, almacenan, mezclan y, posteriormente, colocan el producto en las vías. Así, a pesar de los esfuerzos de supervisión por parte de la refinadora y de las municipalidades, se abre un portillo para que el material sea alterado.
Alberto Cole explicó que cuando se realizan obras el contrato indica que la empresa debe recoger y almacenar la donación recibida hasta que se use. “No es que cada empresa tenga un container exclusivo para la muni de Osa, sino que lo guardan con el resto del material y luego lo usan. Nosotros hacemos todo lo posible por verificar la calidad de la mezcla que se coloca”, dijo.
Barrantes explicó que el personal de la municipalidad supervisa los trabajos y se realizan pruebas de laboratorio para certificar la calidad del asfalto. No obstante, a la luz de que la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los cuestionamientos sobre los laboratorios, dijo “uno ya no sabe en quién confiar” (ver nota: Supervisora imputada por “cochinilla” tenía contratos en 15 municipalidades, de la GAM, Puntarenas y Zona Sur).
“La verdad es que el que quiere meter un gol, encuentra por donde, nosotros hacemos todo lo posible, ya si a uno lo engañan, es otra cosa”, agregó Cole.
Shirley Calderón, coordinadora del programa de Recope, explicó que la entidad certifica la calidad del producto cuando lo entrega, pero que ese mismo producto, que usualmente se entrega a la empresa constructora seleccionada por el gobierno local, luego es almacenado y mezclado por la compañía, por lo que la calidad posterior “escapa a la competencia de Recope”.
La funcionaria aseveró que el producto que se dona es de primera, y que se acompaña el proceso, a través de visitas, solicitud de certificaciones y otros mecanismos para garantizar, dentro de lo posible, que no se adultere. No obstante, frente a los recientes escándalos y aparente involucramiento de las empresas supervisoras en certificar asfalto como de calidad cuando ha sido arralado, admitió que esa posibilidad existe.
MINAE defiende subsidios al asfalto
El Ministerio de Ambiente y Energía considera que la política sectorial que establece los subsidios para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), búnker, asfalto y emulsiones asfálticas “busca garantizar que el precio de los combustibles sea eficiente y coadyuve a la competitividad del país” a la vez que “atiende la necesidad de generar una política específica sobre los precios nacionales de los hidrocarburos”.
Así lo indicó la entidad, en respuesta a consultas planteadas en el marco del reportaje Consumidores habrían subsidiado hasta ¢4.570 millones anuales en asfalto a empresas vinculadas con caso “cochinilla” publicado en la edición anterior de este semanario.
El ministerio indicó que esta medida busca establecer un precio de venta de estos productos que mantenga, respecto al precio internacional, una relación similar a la vigente en el período 2008-2015, mientras no exista disponibilidad de combustibles alternativos más limpios a precios competitivos y no haya capacidad de suministro de estos a nivel nacional. Todo esto, “con la intención de apoyar la competitividad del sector industrial que utiliza en sus procesos, el bunker y el GLP, de forma que se genere empleo y se contribuya de forma efectiva a la reducción de la pobreza”.
Además, afirman, al regular el precio del asfalto y la emulsión asfáltica “se busca que el costo de la construcción de carreteras no sufra incrementos abruptos que impacten el desarrollo de la red vial del país, y su consecuente impacto en los programas de los demás sectores que impulsan el desarrollo nacional”.
Sobre los impactos de la política, este semanario consultó si se había realizado alguna evaluación que permitiera realizar ajustes. La entidad indicó que se le ha dado seguimiento y que la pertinencia de la política se evalúa en relación con “nuevas políticas desarrolladas por el Poder Ejecutivo, la realidad nacional y los distintos factores relacionados con la cadena de distribución de los derivados del petróleo, haciendo un balance entre los impactos ambientales, así como la afectación en la competitividad del sector productivo”.
Así, indicaron, es como se tomó la decisión de excluir al combustible de aviación Jet Fuel A1 como subsidiario de dicha política, pues los aeropuertos del país estaban perdiendo competitividad estratégica y afectando la atracción de vuelos internacionales al país.
La administración aclaró que para realizar cambios en la política sectorial que establece los subsidios, se requiere una “evaluación técnica que provea los argumentos técnicos necesarios” y agregó que tanto el MOPT como municipalidades “utilizan estos productos en la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial nacional”.
Cabe puntualizar que, en estos casos, el material se adquiere a través de las empresas privadas o bien, en el caso de los gobiernos locales, a través de donaciones que como se desprende de la nota Medidas aplicadas por Mendez Mata fuerzan a municipalidades a beneficiar a cuestionadas empresas constructoras podría también beneficiarlas.
Finalmente, se consultó al ministerio si existía coordinación entre el Minae y el MOPT para garantizar que los subsidios se traduzcan en beneficios para el Estado y no en un posible beneficio sólo para las empresas desarrolladoras, a lo que indicaron que “el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) es el responsable de darle seguimiento a la Política Sectorial, velando por la disponibilidad de estos productos y la estabilidad de sus precios; en tanto al MOPT le corresponde realizar los procesos de contratación respectivos y dar el seguimiento en campo”, por lo que no se refieren a tales mecanismos.
Municipalidad de Osa no esperó donación de Recope y pagó asfalto a Meco
Una serie de proyectos de la Municipalidad de Osa, para los que se solicitó asfalto donado a Recope, no contaron con la donación, pues cuando la institución visitó los lugares la obra ya se estaba ejecutando con asfalto pagado a la empresa Meco según consta en oficios del gobierno local.
Según documentos de Recope, el 21 de abril se presentó a la entidad la solicitud de asfalto para una veintena de proyectos, pero un oficio del 18 de marzo de la municipalidad ya indicaba la disponibilidad de recursos para ocho de ellos y recomendaba “ejecutar la mayor parte de los proyectos de asfaltados en lo que resta de la época seca del 2021”, incluso cuando las donaciones aún no estuvieran aprobadas.
Personal de la municipalidad denunció a este Semanario que la municipalidad pudo haberse ahorrado sumas millonarias de haber utilizado el asfalto donado, en vez de comprárselo a la empresa Meco, a quien se le adjudicaron las obras, pero que no esperó a la resolución.
El alcalde de la zona indicó que la decisión de arrancar antes de que Recope resolviera se tomó contemplando la entrada de la temporada de lluvias que encarecería el proceso constructivo y el tiempo de resolución. “No podíamos esperar, porque luego empieza a llover y entonces hay que aplazar los proyectos hasta el siguiente año y quedamos como malos ejecutores de recursos, los caminos urgían”, dijo Cole.
Shirley Calderón, coordinadora de Caminos para el desarrollo, indicó que Recope siempre resuelve con celeridad y que, si el alcalde “decidió arrancar por su cuenta, no fue porque hubiera atrasos ni nada así”.
La funcionaria aportó documentos a UNIVERSIDAD en los que consta que la solicitud se recibió el 21 de abril y se realizó una visita inicial siete días después, lo que generó un informe que se remitió al Concejo Municipal el 4 de mayo, quien respondió dos semanas más tarde. Finalmente, el 25 de mayo se notificó la autorización de los proyectos para los que sí se aprobó la donación y se solicitó coordinar el retiro del producto.
Según consta en documentos de la Municipalidad, por la totalidad de estas obras, incluyendo los materiales, se generaron pagos a la empresa Meco de al menos ¢711 millones.
