Esta tarde, la Corte Plena, máximo órgano del Poder Judicial, acordó por unanimidad realizar una consulta de constitucionalidad respecto al proyecto de ley de empleo público.
La iniciativa fue apoyada por las 20 personas integrantes de ese órgano colegiado, en base a un análisis ofrecido por Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial.
Campos expuso las principales conclusiones de su estudio y entre otras cosas manifestó que la regulación interna del Poder Judicial respecto a puestos de dirección estratégica, como en materia policial, “son totalmente obviadas en el proyecto de ley, no se le da tratamiento singular sino que se incorpora como cualquier otra dirección o unidad administrativa de cualquier otra institución pública”.
Tras demostrar que la Ley de Jurisdicción Constitucional posibilita que la Corte Plena haga la consulta a la Sala Constitucional, Campos aseveró que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa tiene “dos o tres años años de indicar que la mera enunciación de las familias salariales (que establece el proyecto de ley), esa vaguedad deliberada del proyecto, implica una asumción de competencias para el Mideplan”, es decir que el proyecto implica “un sacrifico de competencias de esta Corte en favor de Mideplan”.
Añadió entonces que esas “competencias amplias que asumiría el Mideplan, obvian las competencias de decisión de la Corte” ya que, por ejemplo, los órganos técnicos del Poder Judicial, como la Dirección de Gestión Humana, “ seria un ejecutor de competencias residuales de lo que decida Mideplan”.
También se refirió a la propuesta de que en todas las dependencias se aplicará un único procedimiento administrativo especial de despido. Ello tendría la consecuencia de una “derogatoria tácita” de varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque “el procedimiento que se ha creado para tutelar el procedimiento sancionatorio en el Poder Judicial va a ser sustituido”.
Reforma del Estado solapada
Por su parte, el presidente de la Corte, Fernando Cruz, compartió las reflexiones que un abogado le hizo, en el sentido de que el proyecto “por razones de objetivos fiscalistas, se convierte en una reforma del Estado”.
En segundo lugar, expresó que la iniciativa de ley deja la posibilidad de que “alguien en el futuro pueda concentrar el poder y anule la independencia judicial y otras” ya que en el proyecto “se tocó todo: derechos al salario, el tema sindical de convenciones colectivas, se toca a las las universidades y su autonomía”.
La magistrada Julia Varela insistió en la potestad de la Corte Plena para plantear la consulta y dijo que se trata de un “momento histórico” en el que no es posible que el Poder Judicial “siendo garante de respeto a los derechos fundamentales y de Estado de derecho” se quede “inherte y no haga nada”.
Otro de los magistrados que intervino fue Hubert Fernández, quien subrayó también la necesidad de hacer la consulta, pues ya el Poder Judicial se había pronunciado pero sus observaciones no fueron tomadas en cuenta cuando la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto en primer debate.
