La constructora MECO sacó de su propio riñón a la empresa Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), que hacía control de calidad sobre sus obras viales. ITP mantenía como secretario al sobrino de Carlos Cerdas Araya, uno de los principales imputados en el expediente conocido como el caso “Cochinilla”.
De acuerdo con este último documento, del cual UNIVERSIDAD tiene copia, la relación entre ITP y MECO fue descubierta por llamadas telefónicas del presidente de ITP, Óscar Martínez Martínez, quien también fue detenido en las pesquisas de la semana pasada por el caso de corrupción entre las constructoras de carreteras y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). Las llamadas de Martínez ocurrieron durante el 2020, mientras MECO construía, entre otros proyectos, la rotonda de las Garantías Sociales.
“La empresa lTP, que fue seleccionada como laboratorio de verificación de calidad por el CONAVI en el año 2012, presidida por OSCAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ (con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, y con la representación judicial y extrajudicial) y tiene su Junta Directiva como secretario, a SERGIO FERNÁNDEZ CERDAS (sobrino de CARLOS CERDAS ARAYA, dueño de MECO)”, acusa el expediente penal dentro de una sección que explica el “Esquema empresarial de MECO que involucra otras empresas subsidiarias en proyectos de obra pública (ITP, CONANSA, MACO, KATO TRANSPORTES y otras)”.
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Empresario también habría ideado que uno de sus colaboradores se acercara al presidente Carlos Alvarado para buscar una conciliación con el Minae relacionada con un juicio contencioso administrativo.
“ITP no es una empresa independiente y más bien es como un departamento descentralizado de la constructora MECO y que únicamente fue creada para cumplir los fines de la Constructora”, acusa el expediente.
“ITP está Iejos de ser un laboratorio de Control y de Verificación de Calidad para la empresa constructora MECO, ya que más bien podría.ser visto como un gestionador del fraude por medio del cual le pagan a técnicos de Iaboratorio de otras empresas como CACISA para ocultar todos los fallos e irregularidades que se presentan en los materiales y mezclas utilizados por MECO para llevar a cabo las obras que le son adjudicadas”, dice también.
Un ejemplo de este “fraude” ocurrió mediante el ingeniero Jheiner Campos Carranza (al que se le llama “ex empleado de ITP y actual dueño de VIALAB S.A”) porque Campos fue contratado “para que les hiciera unas mediciones en aras de manipular los resultados” de la calidad en el paso de desnivel de la rotonda de las Garantías Sociales.
El expediente dice que Jheiner Campos “se movió por donde sabía que iban a dar bien” las mediciones y esos datos “indujeron a error al técnico de CACISA para que le dieran la misma medición, por lo que el resultado sería producto de la manipulación de la información en beneficio de la Constructora MECO”.
Justamente durante una conversación telefónica con Jheiner Campos es cuando “Óscar le contó a Jheiner cuál era la prioridad de ITP y que son tres socios mayoristas (refiriéndose a CARLOS CERDAS ARAYA, JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ ZUMBADO y ÉL) pero que Carlos Cerdas es el socio mayorista”.
En una llamada previa entre Óscar Martínez y Sául Zamora (Gerente de calidad de MECO), “Martínez Ie mencionó a Saúl en confianza que en ese momento a los Gerentes o Presidentes de las empresas de Grupo MECO les iban a recortar el salario al 50% durante tres o cuatro meses”.
“Es así que, por medio de esa explicación de Oscar Martínez se constató que efectivamente una serie de empresas (dentro de Ias que está incluida ITP) Ie responden de manera directa a la Constructora MECO y que las decisiones al final de cuentas se toman por parte de los Jerarcas de Grupo MECO y no por los presidentes o Gerentes de las empresas como ITP que en la teoría deberían ser independientes”, afirma el expediente penal.
Otra alusión a la dependencia que tenía ITP con MECO ocurrió en una llamada entre Abel González (Gerente general de MECO) y un “masculino de nombre Alejandro”, durante el 2019. Durante esa llamada “acordaron que le iban a dar 15 millones a Cato y también le iban a dar 25 millones a ITP para que pagara planillas”.
