Un estudio, presentado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) concluye que el ahorro real que se generaría por la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público (21.336) es mucho menor de lo estimado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
El análisis, dado a conocer el pasado 10 de junio, fue realizado ante “dudas en distintos sectores de la población” debido a las cifras presentadas por el Mideplan en el documento Estimación del Efecto Fiscal del Expediente Legislativo N° 21.336, Proyecto de Ley de Marco de Empleo Público según el texto actualizado con el segundo informe de mociones 137.
“La Escuela de Economía de la UNA, preocupada por la situación que atraviesa el país y con la responsabilidad de generar información confiable para los tomadores de decisiones […], ha elaborado un modelo que aproxima los efectos reales sobre el gasto público de dicho proyecto de ley”, señala el texto.
“Las estimaciones del ahorro no se sostienen y constituyen más bien limitaciones reales para justificar que realmente el proyecto de Ley de Empleo Público va a contribuir a las finanzas públicas”, Francisco González, presidente de Conare.
Según el documento, el ahorro real que se generaría por la eventual aplicación del proyecto de ley en el caso del Gobierno Central equivale a 0,14% del producto interno bruto (PIB), mientras que las estimaciones del Ministerio de Planificación indican una cifra de 0,7% del PIB.
El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la UNA, Francisco González, expresó que este estudio muestra “una vez más” inconsistencias en la iniciativa de ley.
“Nos parece que las estimaciones del ahorro no se sostienen y constituyen más bien limitaciones reales para justificar que realmente el proyecto de Ley de Empleo Público va a contribuir a las finanzas públicas y creo que ese es el aporte central de este estudio: el reconocer que este proyecto de ley no tendría las posibilidades reales de generar el ahorro pretendido”.
El estudio de la UNA
Para realizar las estimaciones del ahorro que generaría la Ley de Empelo Público en el Gobierno Central, la Escuela de Economía de la UNA utilizó información de la Encuesta Nacional de Hogares 2020 y consideró tres posibles ámbitos de ahorro: el congelamiento salarial para trabajadores con remuneraciones por encima del mercado; la contratación de nuevo personal bajo el nuevo esquema de salario único y la reposición de trabajadores que se han acogido a la jubilación.
Según el texto, “los anteriores son tres aspectos que podrían ser asociados directamente a la posible Ley de Empleo Público, dejándose de lado ahorros potenciales que podrían provenir de otras medidas de política ajenas a la misma”.
De esta forma, “tomando como base las condiciones prevalecientes en el año 2020 así como el PIB estimado por el Banco Central de Costa Rica para ese mismo periodo, el ahorro estimado proveniente de los tres componentes ascendería a los ¢51,494.8 millones durante el primer año de aplicación de la ley”.
El estudio señala que la cifra anterior corresponde al 0,14% del PIB, lo cual contrasta con las estimaciones del Mideplan, que sitúan el ahorro en 0,7% del PIB, una cifra cinco veces mayor que la presentada por los economistas de la UNA.
Asimismo, el documento señala que el 88% del ahorro contemplado “se vincula al congelamiento de salarios que estén por encima del salario global de referencia”.
Origen de las diferencias
Las diferencias entre las estimaciones planteadas por la UNA y el Mideplan, podrían deberse a dos razones principales, según los hallazgos de los académicos.
En primer lugar, señalan la posibilidad de que el Ministerio esté incorporando ahorros provenientes de “medidas concernientes a la materia de empleo público que habrían sido aprobadas al amparo de otra legislación reciente incluyendo la regla fiscal, la nueva política de incentivos y la política fiscal de Hacienda, entre otras”.
“A manera de ejemplo, si el ahorro del Componente C (congelamiento salarial para trabajadores con remuneraciones por encima del mercado) se definiera en términos de un congelamiento de todos los salarios en el Gobierno Central, entonces el ahorro estimado pasaría de ¢45 mil millones a ¢104 mil millones en un primer año. […] Todo esto, sin embargo, no puede ser achacado a la Ley propiamente dicho”, se explica en el estudio.
La directora de la Escuela de Economía de la UNA y co realizadora del estudio en cuestión, Shirley Benavides, comentó a UNIVERSIDAD que las estimaciones del Mideplan son mucho más altas; pero “no es que el proyecto de ley genere eso, sino que es el proyecto de ley más otras reformas que ya se han aprobado, entonces la sumatoria de esto es la razón de que den un monto mucho mayor”.
El otro motivo de la diferencia entre estimaciones de ahorro, podría radicar en el salario de referencia global que utilizó Mideplan, ya que el uso de percentiles más bajos implica ahorros mayores, según el análisis de la Escuela de Economía.
Para Francisco Pacheco, coordinador de Maestría de la Escuela de Economía de la UNA y el otro autor del estudio, el uso de percentiles es algo que se utiliza “tradicionalmente en la definición de escalas salariales en las instituciones” y sirve como referencia de la cantidad de personas que tienen un salario inferior a una cifra específica.
En el estudio de la UNA se utilizó el percentil 50 a la hora de realizar las estimaciones, de modo que, si Mideplan hubiera utilizado el percentil 25 (una referencia de menor valor), las cifras aumentarían considerablemente. Aún así, en este supuesto, los ahorros aumentarían hasta el 0,27% del PIB, cifra bastante lejana del 0,7% presentado por el ministerio.
El texto también es crítico en cuanto a la falta de información en las estimaciones de Mideplan, pues precisamente esta situación es la que genera las dudas de como se hicieron los cálculos.
En este sentido, el presidente del Conare fue contundente al respaldar los hallazgos de los economistas y recalcó que la información suministrada por el ente planificador genera incertidumbre sobre el proceso empleado para hacer las estimaciones.
“Los datos que plantea Mideplan son los resultados de la falta de claridad respecto a la metodología, y en consecuencia, si no se conoce la metodología pues los datos son difícilmente sostenibles y dejan de ser argumentos sólidos”, sentenció González.
UNIVERSIDAD contactó al Mideplan para solicitar más información sobre la metodología empleada y su respuesta a las estimaciones realizadas por la UNA. No obstante, al cierre de esta nota, aún no se contaba con una contestación.
