El pasado 7 de junio, sólo unos días después de que se conmemorara el primer aniversario de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en Costa Rica, la jueza Maureen Solís realizó el primer matrimonio entre mujeres que se tramita en el Juzgado de Familia de Desamparados.
Se trató de dos mujeres “ya grandes”, explicó Solís, con varios años de convivencia y un claro proyecto de vida.
“Las cosas han cambiado mucho, para bien. Ahora, cada vez que casamos una pareja del mismo sexo en el juzgado, todo el mundo aplaude, chifla y se les agúan los ojos; los funcionarios y las personas que andan haciendo trámites, siempre es un ambiente muy festivo”, comentó la jueza.
Hace poco más de un año, el 26 de mayo del 2020 -justo el día en que entró en vigencia la inconstitucionalidad de la norma del Código de Familia que prohibía matrimonios entre personas del mismo sexo- Solís celebró el primer matrimonio entre dos hombres que se realizaba en un Juzgado de Familia.
La jueza informó que este es el cuarto matrimonio entre personas del mismo sexo que se realiza en ese Juzgado, pero es apenas el primero entre mujeres. Además, tramitaron el divorcio de una pareja de dos hombres, que se habían casado fuera del país años antes.
“Alguna gente creía como que toda la gente LGBT iba a salir corriendo a casarse y divorciarse, pero no, hemos visto que las parejas que se casan más bien lo piensan mucho y tienen ya un proyecto de vida claro en común, ¡los que se casan y se divorcian a cada rato son los heterosexuales!”, dijo entre risas.
Años atrás, comentó la magistrada, algunos funcionarios eran resistentes a realizar trámites para parejas integradas por dos hombres o dos mujeres, e incluso se oponían al matrimonio igualitario. “Habían miradas o gestos”, dijo. Ahora, sin embargo, es este mismo personal el que aplaude y vitorea cuando estas parejas contraen matrimonio e incluso, a veces ofician o sirven de testigos.
“La educación es la clave”, dijo Solís. Para ella, tanto la normalización de los matrimonios entre homosexuales o lesbianas en lo cotidiano, como la capacitación en derechos humanos que se ha implementado en el Poder Judicial han servido para “cambiar mentes y corazones”. Así, afirmó, hoy el funcionariado público puede garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las personas por igual.
La jueza destacó la importancia de que se mantengan estos procesos formativos y advirtió sobre la llamada “objeción de conciencia”, que podría incluirse en la Ley Marco de Empleo Público, pues considera que podría constituir una barrera para que todas las personas accedan a sus derechos, con base en prejuicios basados en la etnia, color de piel, orientación sexual, religión, etc.
