El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó que, durante el 2020, el sistema financiero nacional (SFN) enfrentó un incremento en los riesgos de crédito y de mercado producto de los desequilibrios ocasionados por la pandemia del COVID-19 en la economía y el desbalance fiscal del país.
“Sin embargo, el sistema ha logrado soportar esta coyuntura particularmente desafiante, en parte, gracias a las condiciones adecuadas que registraban las entidades en sus indicadores de liquidez y solvencia previo a la pandemia, así como por las medidas excepcionales de apoyo a la liquidez, al crédito y la gestión de riesgos adoptadas por las autoridades financieras”, acotó.
Los Indicadores de Solidez Financiera, que siguen metodologías del Fondo Monetario Internacional, indican que en lo que, el año pasado, el SFN mantuvo una adecuada capitalización y grado de liquidez, los cuales se encuentran en niveles “muy similares a los observados en los años anteriores”.
La razón de capital regulatorio sobre activos ponderados por riesgo fue de 16,76% en el tercer trimestre del 2020 (17,50% en igual trimestre del 2019), “lo cual se considera satisfactorio dado el mínimo regulatorio del 10% exigido por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)”, afirma un comunicado de prensa.
También la cobertura de los activos líquidos sobre los pasivos de corto plazo se ubicó en 152,70% en ese trimestre (153,11% en el cuarto trimestre del 2019).
En cuanto a la mora en el pago de los créditos aprobados por el SFN, las cifras muestran “un deterioro no significativo”, pues los préstamos morosos, respecto del total de préstamos, pasaron de 2,40% a 2,43%.
“El aumento apenas perceptible en la mora en el 2020, a pesar de que la economía costarricense experimentó ese año la contracción más fuerte desde 1982, se explica en mucho por la cantidad importante de arreglos de pago que realizaron los intermediarios financieros a sus clientes”, dice el “Informe de Estabilidad Financiera 2020. Avance semestral”, del BCCR.
Explica que, a pesar de la la flexibilidad normativa, las entidades del SFN, a solicitud de la Sugef, clasificaron la cartera crediticia en función de los niveles de riesgo.
El resultado fue que un 5% del saldo de crédito se encuentra en niveles de riesgo alto no viable y un 11% en riesgo alto viable.
“El mayor impacto de la pandemia en el sistema de intermediación financiera se dio en la rentabilidad, la cual, medida como porcentaje del activo total, disminuyó de 1,0% en el 2019 a 0,66% en el 2020”, explica el informe.
Y agrega que en buena medida esto es “producto de un bajo crecimiento de la cartera de crédito, de los arreglos de pago realizados y del leve aumento en la morosidad. Además, la rentabilidad del Sistema Bancario Nacional fue afectada también por el impacto de leyes que fijaron topes a las tasas de interés y a las comisiones para los pagos con tarjetas de crédito y débito” (ver el cuadro).
De lo anterior, el BCCR concluye que “a pesar de los buenos indicadores de desempeño que en general registró el sistema financiero el año pasado, se incrementaron los riesgos, en particular el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez”.
“El comportamiento de los indicadores financieros, así como las pruebas de estrés revelan que, a pesar de los desafíos a que se enfrentó el país durante el 2020, el sistema financiero mantuvo condiciones satisfactorias de solvencia y de liquidez. El buen desempeño que mostraba previo a la pandemia junto a una política monetaria contracíclica y la flexibilización de la normativa financiera le permitieron enfrentar el impacto adverso que generó la pandemia sobre la capacidad de pago de los deudores, las necesidades de liquidez de los agentes económicos y los precios de los bonos soberanos costarricenses”, comenta.
Y advierte que, “no obstante, el análisis también muestra que las exposiciones al riesgo de crédito y las contingencias de liquidez son ahora mucho mayores que las que hubo antes de la pandemia. Además, los impactos de la emergencia sanitaria
sobre el sistema financiero y, particularmente, sobre la calidad de la cartera crediticia, aún no son del todo cuantificables, debido a que esos impactos aún están en desarrollo y, además, a que parte de los arreglos de pago se mantienen activos y la flexibilidad normativa sigue vigente”.
Debido a esto, plantea que “una vez que los arreglos de pago o los mitigadores lleguen a su término, existe el riesgo de que se incrementen los incumplimientos y consecuentemente la mora crediticia. Esta situación se podría agravar si el entorno macroeconómico adverso se prolonga por un tiempo mayor, es decir, la recuperación económica se retrasa más de lo esperado o si se no se concretan los esfuerzos para alcanzar el ajuste fiscal que el país necesita y que se convino con el FMI”.
Argumenta que “para seguir impulsando la reactivación y mitigar los riesgos citados, el Banco Central decidió recientemente incrementar el monto de su facilidad especial de financiamiento a los IFR, mientras el Conassif extendió para todo el 2021 la vigencia de varias de las medidas de flexibilización normativa que había aprobado el año pasado, particularmente las que permiten otorgar de manera más expedita prórrogas, readecuaciones y refinanciamiento”.
Además, “con el propósito de preservar la transparencia de la información financiera relativa a las condiciones de los deudores, las autoridades financieras establecieron que a partir de marzo del 2021, los intermediarios financieros deben actualizar la capacidad de pago de los deudores que a diciembre del 2020 contaban con arreglos de pago. Asimismo, todos los nuevos arreglos de pago otorgados a partir de diciembre del 2020 deben acompañarse de la actualización de la capacidad de pago de los beneficiarios respectivos”.
Finalmente, reitera que el Banco Central continuará con la política monetaria expansiva seguida hasta el momento, “en tanto las condiciones macroeconómicas previstas no constituyan un riesgo para alcanzar la meta de inflación en el horizonte de proyección de 24 meses”.
Simultáneamente, el BCCR considera “importante avanzar en la aprobación de la creación de un programa de avales crediticios para apoyar la estabilización y recuperación de las empresas y hogares afectados por la pandemia”.
Además afirma que “para asegurar la estabilidad financiera y la recuperación económica, es imprescindible que se aprueben con prontitud los diferentes proyectos de ley que son parte del acuerdo adquirido con el FMI para el afianzamiento de las finanzas públicas del país”.
