En 1971, cuando conmemoró el sesquicentenario de su independencia, Costa Rica era un país que aún dependía excesivamente de las exportaciones tradicionales (café y banano, principalmente), con un sector industrial muy protegido que importaba más de lo que exportaba y un Estado que estaba a punto de intensificar su condición empresarial, con la fundación en 1972 de la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA).
Pese a las debilidades y contradicciones de su economía, en el futuro inmediato Costa Rica incrementó extraordinariamente la inversión social, un proceso que posibilitó que la cobertura de la segunda enseñanza se elevara de 35,8 a 62,6 por ciento entre 1970 y 1980, y que la de la educación superior pública aumentara de 5,7 a 14,9 por ciento en ese mismo período.
Simultáneamente, y de acuerdo con datos recopilados por Luis Rosero, entre esos mismos años el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se incrementó de 656 a 876 dólares, la esperanza de vida al nacimiento aumentó de 65,4 a 72,6 años, la mortalidad infantil disminuyó de 67 a 21 muertes por 1.000 nacimientos, y la población asegurada pasó de 39 a 78 por ciento.
Pobreza
Con la creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (1971) y del Programa de Asignaciones Familiares (1974) se logró mejorar la distribución de la riqueza, ya que la proporción de hogares pobres, según las estimaciones de Víctor Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez, disminuyó de casi 40 a menos de 25 por ciento entre 1971 y 1977.
Además, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en una escala de 0 a 1, habría disminuido, de acuerdo con los estudios realizados por Steven W. Hughes, Kenneth J. Mijeski, Fatma El-Hamidi y Katherine Terrell, de 0,490 en 1971 a alrededor de 0,350 en 1976.
Paralelamente, la inversión en cultura se multiplicó, lo que posibilitó, como lo ha demostrado Rafael Cuevas, que el país experimentara una expansión sin precedente en diversas manifestaciones artísticas –especialmente escénicas, editoriales y cinematográficas– que alcanzaron a una proporción creciente de la población.
Fragilidades
Hoy resulta claro que la expansión de la inversión pública, que posibilitó esos logros extraordinarios, tenía una base muy frágil: en ausencia de una reforma fiscal progresiva, se incurrió en un creciente endeudamiento externo (de 408 a 2.140 millones de dólares entre 1970 y 1979 según Manuel Rojas), en una época en la que, a escala internacional, los precios de los productos agrícolas tendían a disminuir y a aumentar las tasas de interés.
También es conocido que las heladas que afectaron la producción brasileña de café a mediados de la década de 1970, al elevar el precio a que se vendieron las exportaciones costarricenses de ese grano, dieron origen a una efímera bonanza, que postergó el inicio de una profunda crisis económica, la cual finalmente estalló en 1980.
Igualmente, es de sobra sabido que las dos administraciones seguidas del Partido Liberación Nacional (PLN), con José Figueres (1970-1974) y Daniel Oduber (1974-1978) al mando del Poder Ejecutivo, fueron el contexto de numerosos escándalos de corrupción, el más célebre de los cuales estuvo relacionado con el establecimiento en el país del prófugo estadounidense Robert L. Vesco entre 1973 y 1978.
Finalmente, como lo muestra el estudio de Mario Salazar, las políticas sociales y culturales del PLN tenían una decisiva dimensión anticomunista: neutralizar el futuro desempeño electoral del Partido Vanguardia Popular, cuya ilegalización, secuela de la guerra civil de 1948, fue derogada en 1975.
Deuda
A diferencia de la Costa Rica de 1971, inmersa en procesos sin precedente de movilidad social ascendente, reducción de la pobreza, disminución de la desigualdad y mejora general del nivel de vida de la población, la del 2021 experimenta tendencias contrarias.
Para entender cómo se pasó de un país que reducía sus brechas sociales y culturales a otro que las amplía, es preciso considerar dos cambios fundamentales: uno de mediano plazo y otro de corto plazo.
En el mediano plazo, la crisis económica de 1980 originó un cambio en el estilo de desarrollo, que redistribuyó el ingreso a favor de los grandes empresarios, al tiempo que la inversión social se estancaba.
Dicho estancamiento solo empezó a ser superado durante dos gobiernos consecutivos del PLN, primero con Óscar Arias (2006-2010) y luego con Laura Chinchilla (2010-2014). Tal tendencia se mantuvo durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018), la primera del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Sin embargo, al igual que en la década de 1970, la creciente inversión pública no tenía una sólida base financiera: si entonces la estrategia fue endeudarse externamente, a inicios del siglo XXI creció la deuda interna del Gobierno Central (de 22,8 a 42,6 por ciento del PIB entre el 2006 y el 2018). En vez de impulsar una reforma fiscal progresiva, en ambos casos se escogió endeudar al país.
Reformas
El cambio de corto plazo ocurrió en el 2018, cuando un nuevo gobierno del PAC, al mando de Carlos Alvarado, asumió el poder, pero ahora dominado por una cúpula agresivamente proempresarial, que impulsó una reforma fiscal tan regresiva que tuvo rápidos efectos recesivos, evidenciados en un incremento en el desempleo: de 10,3 a 12,5 por ciento entre el primer trimestre del 2018 y el primero del 2020 (antes del impacto de la pandemia).
A la regresividad fiscal rápidamente se sumó una regresividad institucional, materializada en reformas dirigidas a criminalizar la protesta social, facilitar la disolución de sindicatos, aumentar la jornada laboral de ocho a doce horas, disminuir los aportes empresariales a la seguridad social y precarizar el empleo público.
Fue sobre esta sociedad, económicamente debilitada, socialmente dividida, culturalmente polarizada y crecientemente desigual, que en el 2020 se abatió la pandemia provocada por el coronovirus.
Lejos de propiciar un reencuentro con la justicia social, la crisis sanitaria fue aprovechada por los grandes empresarios, sus socios políticos y sus aliados mediáticos para impulsar políticas todavía más regresivas. Entre el 2019 y el 2020, el coeficiente de Gini ascendió de 0,514 a 0519.
No solo esa alianza empresarial, política y mediática mantuvo intactos los privilegios que permiten a los grandes capitalistas evadir, eludir y demorar el pago de sus impuestos (entre 4 y 8 por ciento del PIB anualmente), sino que consiguió convencer a amplios sectores de la población de que el verdadero problema del país es el tamaño Estado y la inversión pública, aun la correspondiente a educación y salud.
De esta manera, esa alianza ha puesto las bases para lo que será su próximo movimiento: vender en condiciones muy ventajosas instituciones públicas estratégicas que el gran empresariado ha intentado privatizar desde la década de 1980.
Política
Si en 1971 Costa Rica tenía un sistema político viable, con partidos que representaban opciones ideológicas distintas y lograban articular intereses generales, en el 2021 prevalecen maquinarias electorales que compiten por vehicular los intereses de los grandes empresarios, sin más oposición efectiva que la que se pueda hacer en las calles.
Puesto que se han reducido los estratégicos espacios institucionales disponibles en 1971 para las agrupaciones de izquierda, los sindicatos y otras organizaciones sociales, a la sociedad civil, cada vez más, solo le quedan las vías de hecho para ser escuchada.
Al reducir al mínimo las vías, los medios y los espacios para hacer oposición, la regresividad institucional fomenta la violencia social, al tiempo que criminaliza la protesta, la resistencia y la disidencia.
En contraste con la Costa Rica de 1971, en la que confluían profundización de la democracia y mejor distribución del ingreso, en la del 2021 un rápido deterioro del sistema democrático converge con una creciente concentración de la riqueza.
Políticos del sesquicentenario, como Oduber, podían permitirse soñar con que Costa Rica fuera otra Suecia; los del bicentenario, en cambio, hacen todo lo posible para que se parezca a ese Chile contra el cual se rebeló la sociedad chilena en el 2019.
