Pacientes con dolor crónico y grave, cáncer y síndromes convulsivos, entre otras enfermedades, esperan desde hace años la aprobación de medicamentos derivados del cannabis para tratarse, pero con el cambio de período legislativo, la espera se alarga pues el Ejecutivo no convocó el proyecto.
Este 1 de diciembre dieron inicio las sesiones extraordinarias de la legislatura, cuya agenda controla el Ejecutivo, que no incluyó en sus prioridades la Ley de Producción de Cannabis y Cáñamo para fines Medicinales (21.388). Este período usualmente se extiende hasta mayo, sin embargo a causa de una reforma constitucional, en esta ocasión se juntarán dos períodos extraordinarios, por lo que la Presidencia mandará hasta julio del 2021.
La diputada Zoila Volio, proponente de la iniciativa, dijo que no querría “especular sobre la toma de decisiones del Poder Ejecutivo porque siempre sorprende” pero que en el contexto actual esta iniciativa debería ser prioridad por su capacidad de generación de empleo. “En la convocatoria no vienen proyectos que generen empleo, ni inversión”, resumió.
Así, cientos de pacientes que hoy consumen costosos extractos de cannabis o tienen que conformarse con consumir marihuana para manejar sus síntomas, aunque no disfruten el efecto psicoactivo, seguirán sin respuestas al menos hasta el tercer trimestre del año entrante.
Cannabis como alternativa
Rooss Mora es la madre de Jhovashi, una joven de 13 años que padece el síndrome de Rett, lo que le produce una “epilepsia refractaria incontrolable”, con decenas de convulsiones por día. “Ella se me está muriendo, tiene cuatro anticonvulsivos que ya no le hacen nada y la neuróloga me dice que nada más puede hacer”, dice mientras muestra un neceser repleto de pastillas: anticonvulsivos y medicamentos para tratar los efectos secundarios de estos.
Tras ver fracasar los tratamientos, se puso a buscar alternativas y asegura que según investigaciones realizadas en otros países, medicamentos derivados del cannabis podrían aminorar las crisis convulsivas de la niña y darle calidad de vida.
Hace unos años Mora incluso decidió estudiar derecho para prepararse “para una batalla legal en favor de la vida de Jhovashy”, dice. Su tesis de grado, precisamente aborda el derecho a la medicina alternativa, específicamente, al cannabis medicinal. Actualmente se prepara para interponer un recurso de amparo pues considera que no brindarle a su hija acceso a esa medicación violenta su derecho a la vida.
La exministra de salud, Giselle Amador, considera que no hay razón para que en el país no se apruebe la producción y uso de extractos de cannabis con fines medicinales. Según dice, hay suficiente evidencia científica de que compuestos derivados de la planta sirven para tratar el dolor, el glaucoma, algunos síndromes convulsivos, varios tipos de esclerosis, la anorexia (falta de apetito) y la caquexia (extrema desnutrición producida por enfermedades) e incluso curar algunos tipos de cáncer.
Hay quienes en el país ya hacen uso de estos medicamentos mediante permisos para importar los productos, relata, pero son sumamente costosos y es por eso que es importante que el país se sume a producir.
Rooss Mora dice que el proyecto en discusión debe aprobarse para que el país pueda disponer de estos medicamentos de forma local. Su meta, asegura, es conseguir que la Caja Costarricense del Seguro Social le brinde a su hija la medicación, pues aunque conoce personas que gestionan el compuesto, ella se niega a darle cualquier cosa que no apruebe su médico.
Hasta ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha aprobado el uso de un producto derivado del cannabis y tres productos relacionados con el cannabis. Otras agencias internacionales han reconocido varios compuestos medicinales producidos a base de cannabis. Al menos una decena de medicamentos como el Sativex, Dronabinol o el Cesamet circulan en países europeos.
Mitos y preocupaciones
Giselle Amador dice que existen muchos mitos que asocian la producción y uso medicinal del cannabis con el uso recreativo y problemas de adicción, pero que estos se derivan de la falta de información pues se trata de distintos componentes y procesamientos.
“Las personas adictas lo que andan buscando es el efecto de alteración, que lo produce el THC (tetrahidrocannabinol). Ese es el componente más bajo en estos medicamentos, lo principal es el CBD (cannabidiol, no psicoactivo) y el CBN (cannabinol, levemente psicoactivo)”, explicó.
Consultados por UNIVERSIDAD, el Ministerio de Salud remitió el criterio que compartió con la Asamblea Legislativa en octubre pasado. En el documento firmado por el ministro Daniel Salas, la entidad asegura que “no se opone a este proyecto de ley, siempre y cuando se atiendan las observaciones y se realicen los cambios y/o modificaciones de acuerdo con los aspectos que han sido mencionados en líneas precedentes de este informe”.
El documento apunta preocupaciones sobre el autocultivo (que fue modificado posteriormente), sobre el proceso de diferenciación entre cannabis psicoactivo y aquel con niveles muy bajos de THC pues no hay ningún laboratorio en el país que pueda hacer dicho análisis y se solicita que cualquier producto derivado se use “para tratar, prevenir y diagnosticar enfermedades o modificar funciones fisiológicas” se considere y regule como medicamento y no como alimento, suplemento o cosmético.
El ministerio apunta que el texto sustitutivo permite una concentración de 1% de THC, que aunque está aceptado por algunos países se desconocen sus consecuencias. “En los Estados Unidos y Canadá es 0.3% y en Europa 0.2%”, indican. Adicionalmente realiza algunas observaciones sobre las formas de control, otorgamiento de licencias y métodos de importación.
La especialista en multiadicciones Priscilla Spano, que dirige el Centro Paso a Paso, afirma que esto no es tan sencillo de controlar pues han habido muchas hibridaciones de las plantas.
Además, dijo, le preocupan algunos detalles que se presentaron en el proyecto anterior sobre cannabis medicinal y que supone, se mantienen en el actual. Por ejemplo, dice, se citan más de 20.000 estudios sobre cannabis, pero no se analizan. “Algunos son en ratas, otros son en poblaciones pequeñas y otros hasta tuvieron resultados negativos”, comentó.
También, dice, no se contempla la perspectiva de las personas adictas y los efectos que el uso de la medicina cannábica puede generarles, si por ejemplo, se les receta un medicamento sin conocer el historial familiar en relación con las adicciones. “En este país la enfermedad de la adicción no se ha trabajado, no hay educación, ni un sistema de prevención” agregó la adictóloga. Hasta que no se cuente con un robustecido sistema de salud en torno a las adicciones, indicó, no se deberían estar discutiendo estos temas.
Otra preocupación que manifestó Spano es que el proyecto se enfoque en la producción de las plantas de cáñamo y cannabis (que asegura, no son distintas) y no en la legalización de sus componentes. “Es como si legalizáramos el opio porque de él se obtienen opioides”, criticó.
