Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) publicada el pasado 21 de octubre crítica la poca claridad que existe en los planes de uso de los préstamos con el Banco Interamericana de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), recursos que deben ser destinados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al pago de deuda.
La Contraloría señala que ni siquiera, en los informes presentados por el Poder Ejecutivo, se detalla el monto que se trasladará a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuyos fondos tienen el objetivo de mitigar el efecto de la rebaja en la Base Mínima Contributiva producto de la crisis generada por el COVID-19.
“La información revisada no está conforme con el objetivo y el alcance planteado, sobre el cumplimiento del artículo 3 de la Ley N.° 9846; el contenido de la información remitida por el Poder Ejecutivo relativa a los recursos ejecutados con
fondos de los Contratos de Préstamos suscritos con el BID y la AFD, además de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central y una estimación de nuevos empréstitos que están siendo negociados o tramitados, y las necesidades de financiamiento que estarían siendo solventadas con estos nuevos recursos, así como la rendición de cuentas; y la calidad de información reportada, con respecto a los criterios definidos”, se lee en el informe de la Contraloría.
El ente contralor destacó también que, según el contenido de los informes, al 15 de octubre no se habían ejecutado los recursos disponibles de los citados contratos de préstamo debido a su reciente aprobación, así como por la disponibilidad presupuestaria del crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Se estima que la ejecución presupuestaria inicie en octubre del presente año una vez finalizada la ejecución de los recursos de la CAF para los componentes de amortización de deuda de largo plazo.
En el mes de mayo, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un préstamo por $380 millones con el BID y la AFD.
