La Gerencia General de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitó formalmente al Centro de Instrucción para los Procedimientos Administrativos (CIPA) la apertura de un procedimiento administrativo de Responsabilidad Disciplinaria y Patrimonial por presuntas irregularidades en la compra No. N°2020CD-000062-5101 en contra de cinco funcionarios de la institución, así como contra la directora general de la empresa MR Comunicaciones Políticas S.A, la periodista Miren Martínez, adjudicataria de respiradores filtrantes de partículas.
De acuerdo con un comunicado de la institución, los colaboradores cuestionados son el gerente de Logística y el asesor de dicha gerencia Hans Vindas, separados de su cargo desde el 18 de agosto anterior, así como los miembros de la Comisión Técnica ad hoc, encargada de emitir los criterios técnicos que recomendaron la mencionada compra.
La decisión se fundamenta en elementos probatorios contenidos en el Informe de la Gerencia de Logística incluidos en el oficio No. GL-1610-2020, de fecha 21 de septiembre de 2020, suscrito por el doctor Esteban Vega de la O, Gerente de Logística a.i., mediante el cual remite las acciones evidenciadas en relación con el procedimiento de compra N°2020CD-000062-5101.
Adicionalmente se consideran los datos incluidos en los oficios No. GL-1646-2020, de fecha 24 de setiembre de 2020, y la información técnica contenida en los informes No. GA- DBL- 0339- 2020 | DBL- ASO- 0526- 2020, con fecha de 16 de setiembre de 2020, de la Dirección de Bienestar Laboral y el área de Salud Ocupacional, dependencias adscritas a la Gerencia Administrativa.
“La remisión de los hallazgos al CIPA y la instrucción de un procedimiento administrativo, buscan la determinación de la verdad real de los hechos y establecer las sanciones correspondientes en caso de que procedan”, destacó la CCSS a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículo 222, “las sanciones administrativas deberán ser impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria, en contra de los funcionarios que realicen actuaciones contrarias a las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y el presente Reglamento. Dichas sanciones consistirán en apercibimiento escrito, suspensión sin goce de salario, despido y retiro de credenciales según las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa”.
