¿Cuánto tiempo pasó para que las autoridades solicitarán usar los respiradores que elaboró la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico, ¿cuántos meses tardaron en establecer el uso obligatorio de la mascarilla?, ¿cuándo se va a garantizar el equipo de protección idóneo y suficiente para todo el personal de salud que atiende la emergencia?, ¿cuándo se hará testeo masivo a todos los pacientes que ingresen a los centros hospitalarios, para detectar si están positivos de COVID-19?.
Todos estos cuestionamientos son parte de los planteamientos del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME) el cual demandó que las autoridades de salud tomen decisiones más prontas e incursionen en soluciones alternativas para atender la pandemia a nivel nacional.
Representantes de la organización gremial cuestionaron la lentitud de las autoridades para aprovechar los recursos disponibles en el país y producir sus propios equipos de protección e insumos; tomando en cuenta que hay una enorme capacidad instalada en universidades públicas y entidades estatales.
“Mediante colaboración institucional y con la participación de la Universidad de Costa Rica (UCR), el país puede realizar sus propias pruebas y reactivos para diagnóstico de COVID-19; además, si se aprovechara la capacidad que tienen los colegios técnicos y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) sería posible producir mascarillas y equipos de protección de altísima calidad y no depender del disponible que hay en el mercado internacional”, comentó el Dr. Mario Quesada, presidente de SINAME.
Los médicos especialistas señalaron que existe una gran disparidad en la entrega de equipos de protección a los trabajadores de la salud, y ya cuentan con denuncias de centros hospitalarios, en los cuales solamente entregan al personal una mascarilla N95 por semana, que no cuentan con gabachas de protección o los insumos son de tan mala calidad que se despedazan al usarlos.
De acuerdo con el Dr. Quesada ya es hora de que el país tome otras acciones alternativas para contar con autonomía sanitaria (no depender de lo disponible o las prácticas internacionales) y producir sus propios equipos y establecer políticas de atención basadas en la prevención, para mejorar los resultados de contagio.
“Estamos en la entrada de que esta enfermedad nos muestre su rostro más doloroso, con unidades de cuidados intensivos abarrotadas, gran cantidad de funcionarios de centros médicos contagiados, equipos completos en aislamiento en sus casas por contacto o contaminación con enfermos de COVID-19, es hora de que cambiemos la estrategia”, añadió Quesada.
El vocero de SINAME recordó que la organización presentó una serie de acciones a la Sala IV para exigir que las autoridades de la Caja hicieran una fiscalización de la calidad del equipo de protección que se está entregando y las políticas que está implementando cada centro médico para garantizar la protección del personal.
Sin embargo, fue enfático que esta labor no se está realizando de la mejor forma, pues continúan recibiendo denuncias por parte de trabajadores que se contagiaron por no contar con el equipo de protección adecuado.
“Por ejemplo, tuvimos el caso de una intensivista que llamaron de emergencia para entubar a un paciente COVID-19 que estaba grave, al llegar no había equipo de protección adecuado; pese a ello, hizo el procedimiento y obviamente resultó contagiada. Al consultarle por qué no se rehusó a hacerlo sin el equipo que por obligación el centro médico debe garantizar, dijo que no estaba acostumbrada a dejar morir a la gente”.
Testeos masivos
Otra de las propuestas que hizo el SINAME es que se establezca una política de testeo masivo a los pacientes que ingresan a los hospitales para un procedimiento electivo, por ejemplo, una operación o tratamiento especial; y así determinar que esa persona no tiene el virus.
En otros países se ha implementado esta medida, de manera que cualquier persona que llegue a realizarse un procedimiento al hospital, debe pasar primero por la prueba, pues muchos portadores no saben que tienen el virus o no quieren decirlo por diversas razones. Pero una persona con COVID-19 en un hospital significa gran cantidad de equipos de trabajo que deberán enviarse a la casa, poniendo en riesgo la atención de otros enfermos.
No obstante, indicó el Dr. Quesada, tienen información que el país cuenta con la capacidad para realizar 2.500 pruebas de PCR diarias y a la fecha hay una disponibilidad de 140.000 pruebas que han sido compradas y otras 180.000 que las autoridades están a la espera de que lleguen al país.
“Ahí vemos el pero que podrían tener las autoridades para aplicar los testeos masivos, pero si incursionamos en la producción de pruebas a nivel nacional, se solventaría el problema. Esto es autonomía sanitaria”, añadió.
