La pandemia del COVID-19, y su registro en diversos poblados de la frontera norte del país, ha dejado al descubierto, gracias a diversos reportajes periodísticos, y yo diría sin proponérselo, los gravísimos problemas sociales económicos y sanitarios, presentes en esa vasta y feraz región.
Ni los gobiernos locales de los cantones, cuyos territorios limitan con Nicaragua, ni el Estado, como tal, se han ocupado de los problemas que se vienen acumulando en la frontera, que se relacionan con los desarrollos agrícolas asociados al cultivo de caña de azúcar, frijoles, frutas como naranja y piña, tubérculos, ganadería de doble propósito, que demandan mucha mano de obra.
En este contexto, se han confirmado, una vez más, las condiciones miserables, inhumanas, en que sobreviven trabajadores nacionales y extranjeros con un estatus migratorio irregular, que lógicamente no están asegurados y tampoco devengan el salario mínimo de ley, siendo además, objeto de manifestaciones xenofóbicas.
No es sino a raíz del registro de un número creciente de casos de personas contagiadas con la COVID 19, que una intervención de carácter interinstitucional caracterizada por una fuerte presencia policial para “resguardar” la frontera, -con el fin de contener el ingreso de nicaragüenses, que podrían estar enfermos debido al contagio comunitario ampliado que se registra en el hermano país del norte- que hemos conocido con más detalle, situaciones que dejan al descubierto la presencia difusa del estado costarricense:
- Contratación de nicaragüenses en condición irregular, por parte de empresas dedicadas a actividades agropecuarias. Es una acción inmoral, injusta, detestable, que debemos abolir como país.
- Flujo de nicaraguenses, facilitado por la actividad de coyotes e intermediarios que, como es sabido, operan en la zona fronteriza desde hace mucho tiempo, fenómeno que se relaciona con el tráfico de personas. Muchos terminan trabajando en empresas de la zona, como se indica en el punto anterior.
- Violación a la legislación laboral costarricense e internacional, siendo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social parece no tener control de lo que allí ocurre, con empresas que contratan mano de obra de personas en condición migratoria irregular (explotación y dumping salarial)
- Empresas que no cumplen con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, para prevenir ahora el contagio del coronavirus entre sus trabajadores y trabajadoras.
- Condiciones de vida miserables. Basta ver los ranchos y cuarterías en los sobreviven muchas de las personas que trabajan en esos desarrollos agrícolas. Es lo que llamo la tugurización de la frontera y lo que ello implica. Y hay empresarios que se ufanan de la capacidad del país para exportar, mientras las autoridades de gobierno ven para otro lado. ¿Acaso se les olvidó que las organizaciones funcionan por las personas, a las que se debe proteger? Vergonzoso. ¡Y nos ufanamos, como país, de respetar los derechos humanos !
- Ante la ausencia de políticas migratorias claras, el cierre de la frontera norte trae aparejados otros problemas, por ejemplo, al cortar servicios públicos a familias nicaragüenses, en muchos casos emparentadas con costarricenses, que viven en el límite fronterizo, cuyos hijos asisten a escuelas nacionales y que sus progenitores trabajan o trabajaban en las piñeras o empacadoras de yuca u otras actividades agrícolas. La pregunta es ¿cómo harán frente a la pandemia, si ni siquiera pueden lavarse las manos? Recordemos que este tránsito y movilidad de personas, forman parte de la normalidad en nuestras fronteras. Las personas, más que la frontera, tienen que ser el centro de atención de la pandemia.
Como costarricense me siento avergonzado e indignado por las implicaciones humanas de este fenómeno, que victimiza a estas personas, cuyo trabajo hace posible la exportación de productos como los mencionados antes y abastecer también, el mercado nacional.
Ninguna actividad económica tiene que florecer a costa de la violación de los derechos humanos de los trabajadores. Las empresas que incumplan la ley deben ser sancionadas con severidad. No se vale ser complacientes con sus dueños y dueñas, que transgreden la ley, tal cual lo hicieron los gobiernos de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y el actual. No debe haber más prórrogas para hacer efectiva la aplicación del Reglamento de Control Migratorio, vigente desde el 26 de septiembre de 2011 (Decreto Ejecutivo No. 366769-G).
Urge que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y la Dirección de Migración cuenten con más inspectores para el monitoreo y el control de estas y otras empresas ubicadas en otros puntos del país, para asegurar el respeto a la legislación laboral y el cumplimiento de las obligaciones con nuestra CCSS, hoy tan urgida de recursos para enfrentar la pandemia. Si hay voluntad política se negocia y se atiende esta necesidad.
Presidencia y en particular la Vicepresidenta Epsy Cambell, encargada de coordinar una mesa de trabajo para atender problemas y necesidades de los habitantes de la zona norte, debe revisar y mejorar la agenda, a partir de los acontecimientos y hallazgos ya citados, con la participación de todas las instituciones involucradas, incluidos los alcaldes de los cantones limítrofes con Nicaragua, que por cierto están para hacer más. Desde este espacio, es necesario diseñar un plan de acción, cuyo eje transversal tiene que ser el respeto a los derechos humanos de todas las personas, nacionales o extranjeras que viven y trabajan en esa rica zona del país e informar trimestralmente a la ciudadanía de los avances y obstáculos que se registren durante su ejecución. Los medios de comunicación deben coadyuvar en este esfuerzo, con una actitud crítica y humanista.
Los políticos existen para tomar decisiones. Es hora que actúen y sean consecuentes con la prédica democrática (brindar seguridad y confianza a los habitantes).
