Un documento elaborado por el exfuncionario del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme), Walter Robinson, advierte sobre contradicciones en el criterio y manejo de fondos por parte de los altos mandos del Laboratorio.
El texto resurge después de que la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa abriera una investigación a Lanamme a raíz de una reciente demanda interpuesta por Guillermo Loría, exfuncionario de Laboratorio, contra Alejandro Navas, su director, por malversación de fondos. Loría también enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y Navas aún no ha sido notificado por la Fiscalía de la acusación en su contra.
El exfuncionario asegura que el texto es su informe final de labores y el Laboratorio confirmó que fue recibido en febrero de este año. Sin embargo, Alejandro Navas, director del Lanamme, aclaró que no es un texto autorizado ya que Robinson dejó de ser funcionario en diciembre del 2019, por lo que consideran está utilizando de forma indebida los logos de la institución.
“Se ignoraron los procedimientos institucionales para la emisión de informes, que deben ser emitidos de acuerdo con la Ley N° 8114, razón por la cual es claro que se exponen juicios de valor y apreciaciones subjetivas que no se comparten”, dijo Navas.
El informe de Robinson, entregado al Presidente de la Asamblea Legislativa a inicios de julio, señala que a Lanamme le falta “visión y liderazgo” y recomienda a las autoridades universitarias una intervención en la Dirección y el Consejo Técnico del Laboratorio.
La carta dirigida al diputado Eduardo Cruicshank le solicita que “utilice las facultades que le dan la Constitución Política y las leyes para hacer que se implementen las recomendaciones hechas en este informe, o en caso de que hubiesen propuestas mejores; —lo cual dudo—, se pongan en práctica a la mayor brevedad, con el fin de que se cumpla el propósito de los artículos 5 y 6 de la Ley 8114”.
La Ley 8114 es la que le otorga a Lanamme su presupuesto, que proviene del impuesto único a los combustibles y en el 2018 alcanzó los ¢4.700 millones, para que vele “por
que estos recursos se apliquen para garantizar la calidad de la red vial costarricense”.
Robinson es uno de los convocados a declarar ante el plenario y fue uno de los diputados que impulsó los artículo de ley que otorgó fondos públicos al Lanamme en el 2001; sin embargo, la presidenta de la Comisión de Ingreso y Gasto, Yorleny León, dijo desconocer el oficio enviado a la Asamblea y el informe emitido por Robinson.
“En mi caso particular, la decisión de apoyar la moción es básicamente porque desde hace varios meses hemos conocido por medio de la prensa presuntas irregularidades que se dan en dicha institución, la cual se fondea con recursos públicos en buena parte”, aclaró León.
La diputada Franggie Nicolás, del Partido Liberación Nacional y que forma parte de esta Comisión, confirmó que el informe llegó después de aprobada la moción y dio paso a la investigación por uso de fondos de Lanamme; además, que recientemente se solicitó información a la Contraloría General de la República para que “brindara explicaciones” sobre las diferentes denuncias contra el Laboratorio.
“Amiguismo y secretismo”
El exfuncionario e ingeniero, Walter Robinson, asegura que el Lanamme se ha vuelto lo que en sus orígenes pretendían resolver: el secretismo, amiguismo y complejidad técnica acostumbrada en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).
“Este informe se les entregó en febrero y no se ha hecho nada. Engavetado, como se le criticaba al MOPT porque hacía lo mismo con los informes de Lanamme”, aseveró Robinson, quien también aseguró que acceder a las actas es “prácticamente imposible”.
El director de Lanamme, Alejandro Navas, insistió en aclarar que no hay ligamen entre el informe y el Laboratorio ya que el texto “evidencia un desconocimiento de los procedimientos y normativas institucionales”.
Robinson recomienda una “intervención a la mayor brevedad” de la Dirección y el Consejo Técnico del Lanamme, lo que Navas considera se desapega a los procedimientos establecidos para la elección de estos puestos.
Navas también aseguró que el Laboratorio está cumpliendo con el propósito establecido por ley ya que hay “un plan de trabajo apegado a las tareas de ley, y toda la investigación que se realiza es para producir mejoras en la red vial nacional”; pero Robinson está en desacuerdo.
“Si sobran los fondos y se mandan a hacer otras cosas significa que no se están cumpliendo los objetivos”, dijo Robinson, quien aseguró que es urgente realizar una auditoría interna para que sean los especialistas quienes determinen si los fondos se están usando correctamente.
El informe también aborda recomendaciones para otras instituciones relacionadas con el desarrollo de la infraestructura vial del país y hace un recorrido por el desarrollo histórico de la red vial costarricense.
