A las constantes agresiones personales y patrimoniales y reiteradas amenazas a la vida de personas indígenas en la localidad de Crun Shurin, Térraba, ahora se suma la destrucción, en apariencia parcial, de un sitio arqueológico.
Fue el pasado 27 de julio, antes del medio día, que una empresaria de apellido Granados, “su pareja e hija, introdujeron maquinaria pesada”, un tractor según ha trascendido, en ese terreno recuperado. Así lo informó en ese momento la Coordinadora de Lucha Sur Sur, instancia que agrupa a diversas organizaciones agrarias, ambientalistas e indígenas de esa región.
El intento de usurpación fracasó luego de varias horas y ese mismo día alrededor de las 6 p.m. Granados y sus cómplices abandonaron el lugar, pero el daño estaba hecho. Funcionarios tanto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) como del Museo Nacional se presentaron los días siguientes para evaluar, respectivamente, la afectación ambiental y el daño a un sitio arqueológico que fue parcialmente barrido por el tractor.
Además, se informó que un sujeto no identificado, antes de abandonar el sitio, profirió amenazas contra Pablo Sibar, miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) y parte del grupo que recuperó Crun Shurin.
El Frenapi es una organización que ha impulsado los procesos de recuperación de tierras en varios territorios indígenas del país y ya dos de sus integrantes han sido asesinados: Sergio Rojas, fundador al igual que Sibar, ultimado de 15 disparos en su casa de habitación en marzo de 2019 en el territorio bribri de Salitre; y Jehry Rivera, Bröran de Térraba, asesinado en febrero de este año de cinco disparos por la espalda durante un proceso de recuperación.
La misma Coordinadora detalló en un segundo comunicado que “después de que la maquinaria destruyera la cobertura vegetal de media hectárea, removiera suelos y eliminara vegetación en la rivera del Río Grande de Térraba”, creció la sospecha de que “los invasores también se apoderaron de piezas arqueológicas que estaban en sitio”.
El informe generado por el Sinac no apuntó un daño importante, pero señaló la posibilidad de que “se hayan dado infracciones en otras materias de nuestra legislación como lo es el daño al patrimonio arqueológico o la invasión al derecho de vía”, lo cual ya escapa a su competencia.
Destrucción de patrimonio
Myrna Rojas, jefa del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional, informó que, en efecto, tras recibir la denuncia esa institución procedió a realizar una inspección en el terreno el día 29 de julio.
Informó que se trata de un monumento arqueológico no registrado —es decir, no conocido hasta ahora— de aproximadamente una hectárea y la destrucción se dio en una franja de unos 400 metros.
“Los pueblos precolombinos en cierta época de su desarrollo utilizaron cantos rodados para hacer los basamentos de las estructuras habitacionales, eso se encontró totalmente destruido porque fue barrido por el tractor y acomodado en una esquina, por decirlo de alguna forma”, detalló la especialista.
Rojas precisó, al respecto, que el sitio se ubica temporalmente en la llamada fase Chiriquí, entre 800 y 1.200 después de Cristo. Además, se encuentra en la subregión Diquís, parte de la región Gran Chiriquí, que también incluye sitios panameños.
“Es una zona que para esa época se organizaba en aldeas bajo un sistema cacical, con una jerarquía muy bien establecida”, apuntó. Se trata de una región arqueológica relevante, entre otras razones porque esta es la tierra de las enigmáticas esferas de piedra.
Añadió que es una aldea de tamaño medio dentro del sistema sociopolítico de la región y que se trata de la última fase de ocupación, entonces podían haber varias unidades habitacionales, unas estructuras familiares clánicas, o sea, ocupadas por familias extendidas, y lo que allí pudo quedar registrado, como restos del fogón, actividades culinarias y de dormitorio, “todo eso fue barrido, toda esa información se perdió”.
La funcionaria informó que también se encontraron áreas huaqueadas recientemente, algunas un poco más antiguas, “el huaquerismo está asociado a la destrucción, era un área funeraria también”.
Indicó que el Museo realizará una valoración más concreta, pero reconoció que “desde que uno estaba en la universidad, se le revolvía el estómago cuando veía algo así” y lamentó que “mucha gente, no es que no sabe, sino que no le interesa, también hay fallas en la educación”.
Aprovechó para alertar que la proyectada mayor laxitud en los umbrales de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) —que definen qué proyectos no requieren una evaluación de impacto—, sumado a que muchas municipalidades no cuentan con planes reguladores, puede incidir en que “lo que van a causar es la destrucción de lo poco que queda”.
Agresión cultural
El hecho tuvo repercusión internacional y la ONG Forest Peoples Programme, que ha dado acompañamiento a recuperadores de Crun Shurín en procesos judiciales y agrarios, envió una carta a jerarcas de los tres poderes de la República y a la fiscala general Emilia Navas, en la que recordaron todas las faltas por acción u omisión del Estado costarricense en el manejo de los conflictos por la tierra en los territorios indígenas y de la violencia contra los pueblos originarios e hizo un llamado para que, entre otras medidas, se adopte estrategias de prevención de nuevas usurpaciones.
Marcos Guevara, profesor de antropología y parte del equipo investigador de Estudios Avanzados UCR (Ucrea), recordó que un juzgado agrario avaló la recuperación de la finca Crun Shurin.
Tras apuntar que Granados “se metió a la brava en un acto de matonismo, con el apoyo de otros terratenientes que de similar manera están en alitas de cucaracha”, en cuanto a la legalidad de su posesión de terrenos.
Si bien no consideró que el daño arqueológico haya sido intencional, subrayó que se trata de una zona de conocida riqueza arqueológica. “Sabiendo eso el uso de maquinaria pesada en el sitio sí tiene culpa, porque se debió tener el cuidado de cerciorarse”.
“Indudablemente —aseveró— hay agresión cultural, porque esa forma de meter maquinaria y destruir árboles y bosque atenta contra una forma de vida, una cosmovisión propia indígena”.
Justicia para los pueblos originarios
A propósito de que este 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Pablo Sibar, fundador del Frenapi y recuperador en Crun Shurin, hizo circular un texto titulado “Solo reclamo que se haga justicia”.
En él recordó que se cumplen diez años de la “arrastrada”, cuando activistas indígenas que protestaban para exigir la aprobación de un proyecto de ley de autonomía indígena fueron desalojados violentamente de la Asamblea Legislativa, hecho que dio lugar al inicio de los procesos de recuperación.
“Como un Bröran que llevo 40 años de lucha, lo que quisiera es escuchar cosas que sean reales, no papeles, no habladas. Quisiera que todos los ticos exijan a los gobiernos que nos den nuestras tierras libres, para poder vivir en paz y poder dormir tranquilos respecto a nuestros territorios. Que nuestros hijos, nuestros nietos, no sigan llevando el miedo, como ese miedo del COVID-19, que es lo que vivimos los pueblos indígenas, por los terratenientes, hace muuucho tiempo”, escribió.
Sibar, quien ha soportado constantes amenazas contra su vida, también expresó: “quiero seguir viviendo, pero sintiéndome libre, sin persecuciones. Sintiendo que el Poder Ejecutivo nos devuelva las tierras, que el Poder Judicial nos reconocerá nuestros derechos y que no nos negará más que se cumplan nuestras leyes y que la Asamblea Legislativa haga que se cumplan las leyes que ahí se han aprobado”.
