Exministros del gobierno anterior, exdiputados, exdirigentes del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) y líderes actuales urgieron al presidente Carlos Alvarado a abrirse a un diálogo social equilibrado y a medidas económicas que repartan el costo de la actual emergencia provocada por la pandemia de Covid-19.
27 políticos firmaron la carta fechada el 3 de agosto en la que discrepan de medidas que ven perjudiciales para personas pobres o de clase media “sin que muchas de las empresas y personas de ingresos más alto estén poniendo una cuota de sacrificio comparable”. Además, objetan la apuesta por el proyecto de reducción de jornada en parte de los empleados públicos.
Por eso piden al Gobierno impulsar siete medidas en el proceso de diálogo con diputados y otras fuerzas:
- Un aumento temporal y progresivo, durante un año, a las tasas que actualmente rigen para el impuesto sobre la renta, a todas las personas (físicas y jurídicas) con ingresos mensuales superiores a 2.500.000 colones.
- Acompañar lo anterior de medidas normativas y técnicas urgentes y efectivas para reducir la evasión y la elusión fiscal.
- Utilizar la política monetaria -potestad del Banco Central- para inyectar recursos frescos a la economía, con intervención en el mercado de bonos (primario y secundario) o recurriendo a reservas internacionales.
- Aumentar la contribución de las grandes empresas que sigan obteniendo importantes ganancias a pesar de la crisis, independientemente de su figura jurídica.
- Considerar una contribución solidaria de las empresas del régimen de zonas francas y de las grandes cooperativas. Reconociendo su contribución a la generación de empleo (“el Gobierno puede negociar con ellas una contribución voluntaria de un 2% de sus utilidades brutas o excedentes durante un año”)
- Poner a disposición de la producción agropecuaria, pesquera y agroindustrial instrumentos financieros que fortalezcan el sistema agroalimentario nacional.
- No descartar un impuesto temporal o por única vez, según el caso, a la riqueza financiera.
Así lo propone el grupo de políticos y exjerarcas entre los que sobresalen los exministros de Agricultura y de Presidencia, Luis Felipe Arauz y Melvin Jiménez, así como las exministras de Planificación y de Deportes, Olga Marta Sánchez y Carolina Mauri; también la exministra de Cultura Elizabeth Fonseca. Además de una serie de exviceministros y exviceministras, el exdiputado y precandidato presidencial Juan Carlos Mendoza, quien incluso fungió seis meses como ministro de Comunicación en el gobierno actual. También otros exlegisladores como Alberto Salom, exrector de la Universidad Nacional.
Esta propuesta va en una dirección pacida a otra enviada al mandatario por un grupo de personalidades de diversos ámbitos políticos y académicos, pero se distancia del planteamiento de un grupo de diputados menos proclives a la protección del empleo público o a gravar más a empresas que siguen generando grandes ganancias, por ejemplo.
Aducen que se esta manera se podrá aumentar las posibilidades de atender las necesidades sociales y cumplir con las siguientes prioridades:
- Mantener funcionando eficazmente el sistema de salud.
- Reducir la tasa de contagios del COVID-19, siguiendo al pie de la letra las medidas sanitarias,
desplegando un amplio programa de ayudas estatales y de solidaridad nacional con los más
afectados. - Proteger a las familias que se han visto perjudicadas laboralmente y que han pasado a estar
en una situación de vulnerabilidad - La atención integral a las personas que ya estaban en condición de pobreza y que son más vulnerables al contagio por factores como el hacinamiento en sus viviendas.
- Generar condiciones de empleabilidad a la mayor brevedad (incluyendo el autoempleo y el trabajo asociativo) y proteger los empleos existentes con medidas extraordinarias, como el cofinanciamiento estatal de salarios o de contribuciones sociales.
- Garantizar el suministro de alimentos y medicamentos para toda la población, incluyendo la atención médica y la vacuna cuando esté disponible.
- Implementar medidas que impacten sobre la difícil situación económica y de empleabilidad que afecta de manera diferenciada a las mujeres.
Los firmantes de la carta también urgen “un esfuerzo extraordinario de concertación nacional”, con diálogo eficaz con organizaciones territoriales y gobiernos locales. “Se debe reconstruir un tejido social que proteja la vida y la salud y genere las oportunidades para mitigar lo más posible y en el menor plazo el impacto social de la pandemia”.
